Para la inclusión social, promover la inversión

Carlos Balter
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7 de abril de 2014  

Afirma el jefe de Gabinete que el significativo aumento del gasto público durante estos últimos años se explica porque el Estado invierte en protección social, a fin de lograr lo que se denomina una mayor inclusión. No me ha sido posible encontrar ningún análisis gubernamental de cifras que permitan confirmar que, efectivamente, las erogaciones en protección social justifican en una alta proporción el desborde manifiesto en el gasto público, generador de una presión impositiva inédita en la historia de las finanzas públicas del país.

Pero si esta afirmación fuera correcta, aún quedarían por analizar dos aspectos vinculados: en cuánto dañan los mayores impuestos al proceso de inclusión y si existen otros modos de gasto gubernamental que permitirían mejores beneficios para los excluidos.

Con un alarde insólito de superficialidad analítica, el Congreso sancionó una ley que grava las utilidades que distribuyan las empresas con una tasa de 10%, sumándolo al 35% que pagan en concepto de impuesto a las ganancias. La Argentina se ubica así entre los países con mayor gravamen a los réditos provenientes de la inversión. Faltaron voces que se opusieran a esta ley. Se justificó asumiendo que con este impuesto se les sacaba a los ricos para repartirlo entre los menos ricos. Un clásico de inclusión.

Lo mismo puede decirse del enorme aumento en el porcentaje de este impuesto derivado de no permitir impositivamente el ajuste por inflación. Pero nadie observó que este mayor impuesto ineludiblemente es un desincentivo para invertir y, lo que es peor, es un monto que en su totalidad se dejará de invertir. Significa lisa y llanamente menor inversión privada reproductiva. Además, es un monto que no se invierte privadamente, pero tampoco será inversión pública en infraestructura, dado que se destinará a lo que vagamente se denomina protección social.

Nos preguntamos en cuánto afecta la menor inversión privada o pública al proceso de inclusión social. En nuestro Congreso esto no se discute, no se analiza. En la historia económica de los países a los que les va bien, que han resuelto el problema de la pobreza, no atacan al inversor, respetan la inversión privada y pública como el mecanismo que permite aumentar la producción y la productividad del trabajador y, por consiguiente, su remuneración. Ortodoxia pura capitalista. Pero también socialista. China es un ejemplo de un éxito espectacular en este sentido.

Respecto del destino del gasto público, uno de los rubros que más se han incrementado son los subsidios de todo tipo. Supuestamente, cobrando por ciertos servicios un precio inferior al costo se beneficia a los más necesitados, siendo el Estado quien decide cuáles son los consumos que deben abaratarse con vistas a cumplir este objetivo de mayor inclusión. Pero si existen disponibles estos cuantiosos montos para subsidios, ¿por qué no se los destina a mejorar la educación de un modo eficiente, buscando la excelencia, facilidades educativas para todos y especialmente para los más humildes, y creando efectivamente la oportunidad para una juventud capacitada?

Observemos el ejemplo de Ecuador y su exitosa reforma educativa con un gobierno catalogado como socialista. Éste es el debate que no se debería soslayar. Caso contrario, se podría suponer que la protección social vía subsidios no es otra cosa que generar una masa de familias dependientes de la dádiva del Estado y sus punteros, obligadas por necesidad a seguir votando a sus generosos benefactores.

Por otra parte, no debemos olvidar que tenemos un problema de tiempos. Es dramáticamente cierto que hay sectores en la Argentina que hoy están en un nivel de pobreza elevado y no pueden esperar. El Estado debe ayudarlos hoy, lo que implica sacrificar la inversión pública y también la privada vía impuestos.

Ésta es la situación obligada hoy: hay que subsidiar y disminuir inversión. El único modo de salir de esta encrucijada es razonar el problema de la inclusión recurriendo a las teorías ortodoxas para una economía capitalista, como es constitucionalmente la nuestra. Hay que invertir mucho más no atacando la inversión privada vía impuestos sino tomando prestado, y a su vez endeudarse para incrementar fuertemente la inversión pública.

Para ello, se necesita lo que últimamente hemos graciosamente despreciado: generar confianza de que se respetarán las reglas para el inversor, nacional o extranjero. Recurramos a la historia. El partido gobernante ya lo hizo: la administración peronista pasada creó desde la nada, súbitamente, una euforia de confianza increíble dados los antecedentes macroeconómicos del país. Casi un milagro.

Sin un shock de confianza, nunca tendremos una verdadera inclusión, sino un país con un grupo creciente de gente pisoteada en su dignidad viviendo de subsidios, la dádiva del político de turno.

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