Para los analistas, se recurrirá a más emisión para cerrar las cuentas

Dos noticias que se dieron a conocer la semana pasada rompieron con las proyecciones más auspiciosas de lograr alcanzar la meta fiscal pactada con el FMI de 0,5% de déficit primario para este año: el fallo de la Corte Suprema a favor del reclamo de las provincias por la baja de impuestos coparticipables y la caída en términos reales de la recaudación de la AFIP en septiembre. Ante esta mayor brecha negativa entre los ingresos y los gastos, el debate entre los analistas es cómo hará el Estado para financiarla.

Entre las metas que había acordado el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, la más importante, según los economistas, era cumplir con los objetivos fiscales, que fijaban para este año alcanzar el déficit cero, aunque el Fondo permitía excederse para aumentar el gasto social (en hasta 0,3% del PBI) y el de obra pública (0,2%).

En la jerga de los expertos, al Fondo se lo llama is mostly fiscal (es principalmente fiscal), por la importancia que le da a ese objetivo y por sus siglas en inglés, IMF. Las nuevas proyecciones privadas calculan para este año un déficit primario de entre 0,8% y 1,3% del PBI. "Ya está claro que el programa será renegociado en su conjunto", dice Daniel Marx, director ejecutivo de Quantum Finanzas, quitándole importancia a la meta.

Ante la consulta sobre de dónde el Gobierno sacará los fondos para cubrir los menores ingresos (o los mayores gastos), el economista dijo que "están usando el fondo de estabilización acordado con el FMI", que era un total de casi US$7300 millones que estaban en la cuenta que tiene el Tesoro en el Banco Central, y que "quizá recurran a algo de emisión monetaria".

"Una parte utilizarán financiamiento monetario del Banco Central, teniendo en cuenta que en diciembre hay un aumento estacional de la demanda de dinero que un poco compensa la emisión. Seguramente lo van a monitorear y puede ser que lo absorban con otros mecanismos, como la emisión de Leliq, algunos Repo y efectivos mínimos", dijo el economista.

Martín Vauthier, de la consultora EcoGo, coincide en que el acuerdo con el Fondo "quedó totalmente viejo". "El FMI sabe que el acuerdo no tiene validez y por eso postergó el último desembolso de US$5400 millones. Además, el resultado fiscal de 2019 se conocerá en enero, con un nuevo gobierno, y ahí habrá que renegociar", dijo.

Para la consultora, el año terminará con un déficit de 1,3% del PBI, ya que la dinámica de la recaudación tributaria está afectada por tres factores: la recesión, las altas tasas de interés que complican el capital de trabajo de las empresas y el reperfilamiento de las Lecap, ya que muchas empresas tenían su liquidez ahí invertida y al no tener esos fondos se les dificulta el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

"El gasto además crecerá más rápido por las medidas de recomposición del ingreso anunciadas luego de las PASO y por la suba de los subsidios económicos, en particular los vinculados a la energía, que es un sector que está dolarizado y en el que el Gobierno se comprometió a no aumentar las tarifas", agregó Vauthier.

Guido Lorenzo, director de LCG, señala que "lo preocupante es cómo se financiará el déficit de 1% del PBI estimado. La Nación no tiene caja, no le queda otra opción que emitir. Para mí la relación entre emisión e inflación no es tan lineal. Si el dólar está calmo, eso ancla los precios y no habría un escenario de inflación más alto al que hay actualmente. Hay otra alternativa que es seguir dándole letras a la Anses y sacar plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero eso tiene un límite. Hay que rascar un poco de todos lados y colocar un título intrasector al organismo que tenga liquidez", dice el economista.

En el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) calcularon que el costo fiscal directo que implicará el fallo de la Corte es de 0,16% del PBI, "suponiendo que lo que no se paga del impuesto a las ganancias no se usa para consumir más productos, que es el peor escenario. Si eso vuelve como recaudación nacional, no será tan grande el impacto, que es a lo que apuesta el Gobierno", dice el economista Ariel Barraud.

"El financiamiento habitual es recurrir a un endeudamiento adicional, porque el Banco Central no está emitiendo para financiar al Tesoro. El endeudamiento externo está cerrado, así que quedaría el intrasector público. Igualmente, el déficit adicional sería alrededor de $100.000 millones, que en comparación con la base monetaria no luce como una emisión que nos llevará a una hiperinflación, en caso de que se vuelva a emitir. Sí será un indicador de política muy relevante, pasar de una emisión teóricamente 0 a 100.000 millones, y eso puede cambiar las expectativas", concluyó.