Paraíso para los piratas

Unos días antes de su estreno en los cines ya era posible conseguir una copia de la película "Troya". Para hacerlo no era necesario viajar a la paraguaya Ciudad del Este -la capital del contrabando y el comercio ilegal del Mercosur- ni tampoco visitar una feria clandestina en algún perdido rincón del Gran Buenos Aires. A $ 17 en el caso de las copias en DVD y por $ 5 en VCD -un sistema de calidad algo inferior, pero que igual permite su reproducción en los equipos de DVD-, la película se comenzó a vender el fin de semana anterior a su estreno en los cines porteños en los parques Rivadavia y Centenario.

La comercialización de copias piratas de películas en un barrio típico de clase media como Caballito es sólo una muestra del avance que registró el comercio ilegal en los últimos años, impulsado por la crisis económica y la ausencia de controles. Casi sin excepciones, en la Argentina actual no hay industria que no tenga que enfrentar la competencia desleal del contrabando, la piratería o la venta en negro, con lo que el país amenaza con convertirse en un nuevo paraíso para las mafias que manejan estos negocios.

Al tratarse de actividades que no quedan asentadas en ningún libro contable es muy difícil precisar cuánto factura el comercio ilegal, aunque la consultora internacional IFPC presentó hace unos meses una investigación -realizada a pedido de la Cámara Argentina de Comercio (CAC)- que señala que estos negocios en la Argentina mueven un poco más de $ 23.500 millones al año.

Para llegar a esa cifra la consultora trabaja cruzando diferentes datos, como las mercaderías incautadas por las autoridades y las ventas de materias primas que son indispensables para la elaboración del producto final. Por ejemplo, en el sector de la indumentaria estiman que el mercado en negro y la falsificación representan la mitad de la venta de ropa en la Argentina. A este número se llega sumando la producción de tela local y la importación, y restando lo que las empresas del rubro declaran como ventas y exportaciones legales. La diferencia entre los dos números representa lo que se produce ilegalmente.

Del total del comercio ilegal, la mayor parte se l a lleva la venta de productos falsificados -desde discos hasta programas de software, pasando por zapatillas, autopartes y hasta alimentos-, que mueve $ 9540 millones anuales. La segunda actividad con mayor incidencia, según IFPC, es el contrabando, que suma otros $ 5750 millones, seguida por la comercialización de mercaderías robadas, que asciende a $ 5050 millones. Por último, la competencia desleal provocada principalmente por la subfacturación y las prácticas deshonestas por parte de importadores y comerciantes representa una pérdida adicional de $ 1400 millones, con lo que se completan los $ 23.500 millones. "Esto no se va a solucionar con la acción aislada de algún fiscal o comisario y requiere que toda la sociedad tome conciencia sobre la dimensión del problema, como pasó con el tema de los desarmaderos de autos", advierte Carlos de la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

En otra entidad, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), hacen un cálculo un poco más modesto, pero que es igual de impactante: según sus estimaciones, la economía paralela que representa la venta ilegal, el contrabando y la piratería mueve $ 88 millones al mes sólo en la Capital Federal, lo que suma unos $ 1046 millones durante todo el año.

La industria discográfica y la textil son los dos sectores que se disputan el muy poco deseado título de rubro más castigado por el comercio ilegal, y en ambos casos la competencia desleal ya cuenta con ingresos superiores o por lo menos iguales a los de las empresas que trabajan dentro de la ley.

En el caso de los discos, la piratería medida en unidades vendidas representa el 53% del mercado total, lo que significa ingresos para los falsificadores por $ 165 millones anuales.

Para la industria textil, las pérdidas provocadas por el contrabando y la falsificación de marcas son mucho mayores y según las estimaciones de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) suman más de $ 1200 millones anuales. Estos productos se comercializan básicamente en las decenas de ferias mayoristas que existen en todo el país y que trabajan absolutamente en negro. De todas, la más importante es la de La Salada, ubicada en Puente La Noria, que por tamaño logra que Unicenter parezca una simple galería barrial. La feria reúne más de 6000 puestos de venta -frente a los 300 locales que tiene el shopping de Martínez- y sus horarios de funcionamiento dan cuenta de su peculiar forma de operar: el complejo abre a las 12 de la noche y cierra a las 8 de la mañana.

Inicialmente, la feria comenzó vendiendo exclusivamente indumentaria y CD copiados, pero en el último tiempo fue sumando otros rubros y hoy es posible conseguir desde artículos de electrónica (en muchos casos, robados) hasta productos de limpieza y alimentos, con lo que ya compiten con los supermercados. La calidad de los productos que se venden en La Salada está muy lejos de ser la mejor, pero los precios no tienen punto de comparación con los que se consiguen "por derecha", lo que permite recaudar entre $ 20 y 25 millones semanales. "Detrás de estos lugares hay grandes organizaciones mafiosas. El año pasado, por ejemplo, en un procedimiento en el conurbano se secuestraron ocho máquinas para el etiquetado de prendas, cada una de las cuales costaba 250.000 dólares", explica David Stalman, presidente de la Cámara de Grandes Marcas.

La feria de La Salada además funciona como una especie de centro de distribución mayorista a nivel nacional y se estima que por noche llegan unos 400 colectivos provenientes de todo el país, que en total transportan a 15.000 o 20.000 personas que vienen a Buenos Aires por el día para abastecerse de mercadería que después venden en su ciudad de origen. "Los falsificadores trabajan con las marcas de mayor éxito, como Lacoste, Nike, Polo o Adidas, y ahora también está incorporando líneas para chicos como Cheeky y Mimo. Un poco en broma en el sector decimos que una marca no llegó a la cima si no la falsifican", sostiene Stalman.

La venta de ropa falsificada, sin embargo, no es un fenómeno exclusivo de las marcas más masivas. En el caso de la exclusiva etiqueta Louis Vuitton, la Argentina hoy es vista como un país de tránsito del producto rumbo a Paraguay, que es el principal centro de distribución para toda América latina. Sin embargo, en la empresa advierten que el mercado local es monitoreado en forma constante, ya que se lo considera un país potencial para el asentamiento de algún tipo de fábrica ilegal. "En la región no detectamos ninguna fábrica y todo el producto falsificado de nuestra marca proviene de China y el sudeste asiático. Igualmente, Chile y la Argentina son países con un potencial importante para la piratería porque cuentan con una buena mano de obra", sostiene Diego Farreras, gerente a cargo del departamento antipiratería de la empresa que desde Buenos Aires atiende a toda América latina y Sudáfrica. Explica Farreras que hasta 2001 las falsificaciones de Louis Vuitton no hay que buscarlas en las tradicionales ferias masivas, como la del Mercado Central o La Salada, sino en boutiques mucho más exclusivas de San Isidro o Palermo. "En nuestro caso, detectar los productos falsos es muy fácil porque en el país la marca sólo se vende en nuestra tienda de Recoleta. En el resto de los casos se trata de artículos falsos", explica Ferrara.

El avance de la venta ilegal también amenaza a los supermercados. En los últimos dos años, las grandes cadenas perdieron más de diez puntos de mercado a manos de los almacenes y autoservicios y en el sector no dudan en señalar que este crecimiento de los comercios más chicos se logró, en gran parte, gracias a maniobras de competencia desleal. Entre las prácticas más usuales figuran la subdeclaración de ventas (que les permite quedarse con el IVA de parte de lo que venden), la sobredeclaración de compras (mediante la cual se obtiene mayor crédito fiscal y es menor el impacto del impuesto a las ganancias), el trabajo en negro de los empleados y la comercialización de mercadería falsificada o robada. "La pérdida de competitividad de los supermercados se debe a una distorsión impositiva y a la falta de controles. Las empresas que operamos con los papeles en regla y pagando todos los impuestos, hoy tenemos una carga impositiva de 30 puntos, contando IVA, ganancias, ingresos brutos y otras tasas municipales, que obviamente no la sufren muchos de los competidores más chicos que evaden todos sus impuestos", explica Fabio Fabri, director de Carrefour y presidente de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS).

De acuerdo con los números que barajan en el sector, el comercio ilegal de alimentos, bebidas y el resto de los productos que integran la canasta básica hoy mueve cerca de $ 10.000 millones anuales y continúa en ascenso. Entre los supermercados no dudan en acusar a los autoservicios de origen chino de incentivar este tipo de prácticas y advierten que pese a la fuerte caída en el consumo que provocó la devaluación del peso, en los últimos dos años sólo en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires se abrieron más de 800 autoservicios independientes, de los cuales la mitad pertenece a empresarios chinos. "En el largo plazo no es sostenible que un país pueda seguir funcionando con un 30% de ilegalidad en el comercio de alimentos", advierte Fabri.

Otro de los sectores más castigados por la venta ilegal es el de los comerciantes e importadores de cámaras fotográficas. Según las estimaciones del sector, del total de las importaciones anuales del rubro, que suman cerca de US$ 50 millones, un cuarto corresponde a productos que ingresan al país de contrabando o sin registrarse, mediante compras personales en el exterior. "Para ingresar al país una cámara digital que no se produce en la Argentina ni en el Mercosur, hay que pagar un arancel del 21%, mientras que en otros países, como Chile, el arancel de sólo el 6% y en México es del 0 por ciento. En estas condiciones es muy difícil pedirle a la gente que pague US$ 400 dólares por una cámara que en Chile o México se consigue a la mitad", admite Bruno Udenio, presidente de la firma Udenio -representante para el mercado argentino de la marca japonesa Nikon-, que a su vez preside la Cámara Argentina de Comerciantes e Importadores de Optica, Fotografía y Afines.

En el sector reconocen que es casi imposible frenar las compras personales en el exterior de las cámaras digitales, y por eso destacan la importancia de reducir los aranceles de importación, de manera que los importadores locales que pagan todos sus impuestos puedan competir en precio contra los comerciantes del exterior. Además, cargan contra los sitios de subasta en Internet, como Mercado Libre o De Remate, a los que acusan de importar grandes cantidades de estos equipos sin declararlos en la Aduana. "Hay sitios que venden más de 50 cámaras digitales mensuales, pero cuando vamos a los registros del sistema María en la Aduana no tienen declaradas sus importaciones", señaló Udenio.

El crecimiento de la ilegalidad también es denunciado por las tabacaleras, que habían tenido un pequeño respiro con la devaluación, que había frenado el ingreso de productos de contrabando. Hasta 2001, los cigarrillos que se importaban ilegalmente desde Paraguay, con marcas internacionales falsificadas, representaban casi el 20% del mercado total argentino, aprovechando la alta presión impositiva que pesa sobre este producto. Pero con el fin del 1 a 1, contrabandear cigarrillos desde el exterior dejó de ser tan buen negocio y la participación de los productos ilegales cayó a la mitad. En los últimos meses, sin embargo, las tabacaleras advierten un repunte del contrabando, especialmente a partir del último aumento en el precio de las marcas locales, concretado en abril último. "Según nuestros últimos estudios, la incidencia del contrabando trepó del 11 al 14% y lo más preocupante es que están apareciendo cada vez más cigarrillos paraguayos, que obviamente ingresan ilegalmente y se venden no sólo en las provincias del norte argentino, sino también en el conurbano bonaerense", explicó Alberto Raguzzi, gerente de Relaciones Corporativas de Nobleza Piccardo.

A diferencia de lo que sucedía hasta el 2001, cuando las tabacaleras paraguayas se especializaban en falsificar marcas internacionales para ingresarlas después en la Argentina y Brasil, ahora están trabajando con marcas propias, con lo que, si bien no cometen ningún delito en materia de propiedad intelectual, igualmente llegan al país de contrabando evadiendo todos los impuestos. Estos cigarrillos de marcas como Tass, Play, U2 y hasta Che Guevara, hoy se consiguen en las provincias limítrofes con Paraguay por apenas 90 centavos de peso (frente a los $ 2,20 que hay pagar por las marcas argentinas más baratas, como Derby y Le Mans), mientras que en el conurbano su valor puede trepar hasta el peso con cincuenta, lo que igualmente continúa siendo un precio más que competitivo.

El comercio ilegal no perdona a casi ningún rubro, incluyendo servicios privados, como el transporte o la televisión por cable. Las empresas de transporte denuncian que pierden cerca de un tercio de los pasajeros a manos de los servicios irregulares, como micros, combis y remises que no están autorizados legalmente para operar.

Por su parte, según las estimaciones de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), en la actualidad existen más de 900.000 conexiones clandestinas, que significan un perjuicio para el sector de más de $ 500 millones anuales. "En los últimos años la piratería se duplicó y ya alcanza al 20% del mercado, y lo grave es que no es un problema de los sectores más pobres de la sociedad", advierte Walter Burzaco, presidente de la ATVC. "Una de las mayores dificultades que enfrentamos para pelear contra las conexiones clandestinas es que en muchos casos están intramuros, dentro de consorcios o barrios cerrados de clase media y media alta, a los que no podemos acceder desde la calle", agrega el ejecutivo.

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