Pese a que un decreto prohíbe heredar un cargo, la ARCA designó 22 agentes por razones de parentesco

Como se suponía que el anuncio pondría fin a los cargos hereditarios en organismos del Estado, Manuel Adorni, todavía vocero presidencial, aludió aquella vez metafóricamente al fin de una monarquía: “En esta Argentina, señores, nadie tiene sangre azul”. Era octubre de 2024 y el ahora jefe de Gabinete daba a conocer junto con Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, los alcances del decreto 959, que prohíbe desde entonces la prioridad de contratación para hijos o cónyuges de agentes del sector público. Pero el asalto a las Tullerías no terminó de prosperar: en algunos rincones de la Administración no se adecuaron los convenios colectivos y ese privilegio, que en algunos casos viene de 1973, sigue intacto. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por ejemplo, acaba de incorporar esta semana 22 parientes de personal que trabajó en el organismo.

Así lo establece una disposición que entró en vigor el lunes pasado y que designa a los nuevos empleados en la planta permanente de la DGI y la Aduana, las dos reparticiones del ente recaudador. El argumento que expone el texto es que, “en el caso de producirse el fallecimiento de un agente”, los artículos 24 y 29 del Convenio Colectivo de Trabajo facultan al organismo a disponer en “forma inmediata a la postulación, la designación de hijo o del cónyuge supérstite [sobreviviente], según la opción que ejerzan”.

Y eso que el decreto que hace un año y medio anunciaron Adorni y Sturzenegger obliga a todos los entes del sector público, incluidos los autárquicos o sociedades anónimas como YPF, el Banco Nación, el Banco Central, la Anses o Ferrocarriles Argentinos, a adecuar sus respectivas normativas en el lapso posterior a los 30 días siguientes de la publicación en el Boletín Oficial, que se produjo el 25 de octubre de 2024. Y que en uno de sus párrafos recuerda que la Secretaría de Trabajo no podrá homologar convenios colectivos que se opongan a la nueva normativa. Aquel decreto plantea todo en términos taxativos, con varios considerandos en los que, por ejemplo, consigna que “la Asamblea del Año XIII prohibió los títulos de nobleza como signos de distinción entre personas”.

Pero es evidente que el impulso no prosperó o al menos quedó a medio camino. Así lo entiende el personal de la ARCA, en cuyos gremios citan el convenio colectivo de trabajo con las viejas prerrogativas y agregan que esas condiciones seguirán vigentes por lo menos hasta fines de año, cuando el convenio deba, tal como lo dispone la nueva ley laboral, ser homologado por la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. “Es gente que estaba esperando hace rato y la pusieron en las categorías más bajas: no es noticia”, contestaron a este diario en uno de los sindicatos.

Consultados por LA NACION, en la ARCA optaron por no hacer declaraciones al respecto. La normativa vigente presenta al menos una contradicción. Diego Muslera, abogado laboralista, dice que en estos casos debería primar el decreto. “Por más de que en el Convenio Colectivo de Trabajo no se haya modificado lo dispuesto en el artículo 29.1, en la práctica basta con lo dispuesto a través del decreto para que ARCA no dé cabida a la postulación ‘de un hijo o del cónyuge supérstite’ para su ingreso como agente por el solo hecho de preceder esta situación de parentesco. Y lo mismo aplica para el resto de las entidades autárquicas dependientes del Estado Nacional con este tipo de cláusulas”.

La decisión resulta controvertida no sólo porque contradice una norma del propio Gobierno, sino porque se toma luego de recategorizaciones del organismo cuestionadas por los propios trabajadores. La última, por ejemplo, que incluyó en el tercer escalafón de mayores ingresos a Nicolás Andrés Velis, que no tiene título universitario —una de las condiciones que recomienda el convenio para el ascenso—, pero que es hijo del jefe máximo de la Aduana, José Andrés Velis.

Trabajadores y técnicos de la ARCA se quejan últimamente de que muchas de esas decisiones están lejos de la tan pregonada meritocracia y que obedecen en todo caso a relaciones de cercanía con la jefatura del organismo, a cargo de Andrés Vázquez. Pero ninguno de los reclamos internos, que incluyó planteos públicos de los gremios, logró cambiar el panorama. Al contrario: hubo esta semana, y más allá de los referidos nombramientos por razones de sangre, designaciones que ahondaron el malestar interno no tanto por los nombres, sino porque los agentes incorporados no tienen antecedentes que respalden su nueva función. Son cargos para seis coordinadores y supervisores que no pertenecían al organismo y que en algunos casos vienen del sector privado o incluso de otras dependencias del Estado ajenas a la ARCA, como las secretarías de Transporte y Educación, el Senado y la Anses.

Será sin dudas un nuevo foco de conflicto interno, principalmente por los términos en que Sturzenegger, el mayor impulsor del fin de estas prerrogativas estatales, definió en aquel anuncio en que se prometía contrataciones con una lógica distinta: “En la Argentina hay dos visiones: la liberal republicana y la medieval de la casta”.

Ambas conviven a la luz del día o en los pliegues del Estado.

Por Francisco Olivera

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