Pilar Tavella: "El Gobierno no presentó un programa macro integral, sino una ley muy pragmática"

ARGENTINOS EN EL MUNDO Estudió economía en la Universidad Di Tella e hizo la maestría en la Universidad de San Andrés. Trabajó en la consultora Melconian &Santangelo hasta que emigró a Washington como investigadora en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Hizo un master en Public Administration en Harvard University y, desde 2015, trabaja en la compañía financiera Barclays

29 de diciembre de 2019
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Actualizado el 12 de febrero de 2021

Pilar Tavella es analista económica de América Latina en Barclays, una de las compañías de servicio financiero con mayor peso a nivel mundial. Está a cargo de los informes semanales sobre las perspectivas macroeconómicas y políticas de la Argentina, Chile y Uruguay.

En una entrevista con LA NACION, la economista dijo que la reciente ley promulgada "sobrepone lo urgente por sobre lo que podrían ser los objetivos de mediano plazo".

-¿Cómo se imagina la renegociación de la deuda argentina?

-Todo parecería indicar que el Gobierno está buscando una reestructuración relativamente rápida y amistosa. Da la impresión de que el Gobierno quiere evitar el riesgo de una negociación que termine fracasando y que la Argentina tenga un largo camino de años en default, porque eso tendría una grave implicancia en la economía real. Con esa prerrogativa, pareciera que el Gobierno está tomando varias medidas y dando señales en favor de una oferta que no sea demasiado punitiva para los acreedores y, de esa manera, que aumenten las posibilidades de llegar a un acuerdo, lo cual no significa que no vaya a haber una quita. Cuando uno mira las necesidades financieras de la Argentina en los próximos años, asumiendo que no habrá superávit primario muy rápido ni un gran acceso al mercado, es evidente que hay que reducir las de muy corto plazo. Con lo cual, cualquier oferta tiene que incluir una combinación de extensión de vencimientos, un período de gracia, o un recorte de intereses, porque también son muy altos, no pasa solo por los vencimientos. Después queda la duda de si habrá o no una quita del principal. Pensamos que si efectivamente hay una quita, no pareciera haber mucho espacio para que sea demasiado punitiva; ya de por sí hay que arrancar por los parámetros de la extensión de plazos y recorte de intereses o el período de gracia. Si a eso agregáramos una quita muy grande del capital, sería una oferta más difícil de aceptar por parte de los acreedores.

-¿Cuánto es la deuda argentina?

-Es evidente que el país enfrenta un problema de liquidez muy fuerte, pero el nivel de obligaciones no es tan alto si se tiene en cuenta que hay deuda intrasector público. Si se excluye esta parte, la deuda es el 60% del PBI; si se incluye es de entre 70 y 75% del PBI. No es un nivel de deuda bajo, pero es un nivel con el que otros países emergentes pueden convivir. El problema es que la Argentina tiene muchas necesidades de financiamiento externo porque no tiene un mercado local desarrollado. Y, además, no ha podido generar crecimiento consistente desde 2011. Eso reduce el nivel de deuda que puede sostener. Con lo cual, podría ser que haya alguna quita al principal, pero mi punto es que el problema más obvio que enfrenta la Argentina es de liquidez. El problema de la sostenibilidad dependerá de la trayectoria fiscal y del crecimiento.

-¿Qué rol juega el Fondo Monetario Internacional (FMI)? ¿Hay que negociar primero con el organismo o ya los acreedores no piden eso como paso necesario?

-Lo importante es que haya ciertas señales claras sobre la perspectiva fiscal y la capacidad de repago de la Argentina, más allá de si está o no el Fondo involucrado en ese programa. Los acreedores tienen que poder tener cierta credibilidad sobre la dinámica fiscal para poder, en conjunto con una oferta que no sea demasiado punitiva, cerrar una negociación. Si eso incluirá un programa con el Fondo firmado antes o después, no me queda claro. Me parece que el Gobierno iniciará conversaciones con el FMI, pero al mismo tiempo se quiere evitar que haya demasiadas condicionalidades impuestas por el Fondo para el programa macroeconómico.

-¿Era necesaria la sanción de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva para comenzar las negociaciones?

-Es un muy buen primer paso. De todas maneras, si se mira la propuesta de ley, lo que se ve es que se sobrepone lo urgente por sobre lo que podrían ser los objetivos de mediano plazo. El Gobierno no está presentando un programa macroeconómico integral, con el objetivo de reducir sustancialmente la inflación y generar condiciones de crecimiento. Es una ley muy pragmática, que se enfoca en tres objetivos de corto plazo: facilitar una renegociación rápida a través de dar ciertas señales de que el déficit no aumentará y poniendo restricciones al movimiento de capitales para que en el corto plazo no afecten a las reservas; evitar que se espiralice la inflación a través de los controles cambiarios y evitando que aumente el déficit primario, y tercero, una redistribución a sectores de menores ingresos, con la idea de generar cierto rebote en el consumo, tal vez a costa de la inversión. Vemos una respuesta pragmática, por un lado a las restricciones económicas que tiene el Gobierno, con un déficit primario, sin acceso al mercado, y por otro lado, a las restricciones del mandato político, en término de hacer menos ajustes. Por eso, la mayor parte de la ley se enfoca en medidas fiscales por el lado de los ingresos. Al mismo tiempo le da cierto poder al Gobierno para negociar, lo cual que facilita que el proceso sea más rápido.

-A partir de la sanción de la ley, ¿cómo pueden terminar las cuentas fiscales en 2020?

-Es difícil tener una estimación exacta, porque sabemos más de lo que ocurrirá con los ingresos que con los gastos. De todas formas, pareciera que el Gobierno está apuntando a que por lo menos no se agrande el déficit primario. Y tal vez se achicará. Antes de la sanción de la ley, esperábamos un déficit primario parecido al de este año, de entre 0,7% y 0,8% del PBI. Esto se debe a que dábamos por hecho que iba a haber aumentos impositivos para contrarrestar lo que hubiera sido un deterioro del déficit, por el incremento endógeno del gasto en seguridad social y otros gastos que iba a querer hacer. Lo que tal vez sorprendió del programa es el tamaño del paquete por el lado de los ingresos. Nosotros estimamos que recaudarán aproximadamente 1,5% del PBI. Por el lado del gasto, calculamos que aumentará 0,6% del PBI, teniendo en cuenta que congelaron las tarifas, que aumentará la pensión mínima y que habrán otros planes sociales, como la tarjeta alimentaria. Estimamos que el déficit podría terminar en 0,3% del PBI. Pero estas proyecciones todavía son muy preliminares, porque no hay certidumbre sobre qué pasará con las jubilaciones y con las tarifas. Por el lado de los ingresos, siempre está el riesgo de que la economía siga en recesión y de que la recaudación sea menor, sumado al riesgo político y climático por el lado de las retenciones.

-Dijo que ya preveían un aumento de impuestos, ¿les sorprendió que sean tan ortodoxos y hagan foco en la importancia de no aumentar el déficit fiscal?

-Creíamos que no había margen para expandir el déficit primario demasiado, porque eso hubiera significado tener que financiarlo con emisión, en una situación en la cual la inflación ya es alta y en la cual puede haber otra suerte de expansión monetaria, como la compra de reservas de superávit comercial. Por lo tanto, el déficit primario no podía ser demasiado, por la imposición de la realidad de que el acceso al mercado está muy limitado. Con lo cual, por cualquier déficit primario tiene que recurrirse a la emisión y eso tiene un riesgo inflacionario alto. A eso se suma que está el tema de la deuda y es evidente que hay que conseguir una renegociación lo antes posible. Yo no consideraría ortodoxo a este plan, sino que creo que es de cierta prudencia fiscal; sin esa condición era muy difícil cualquier negociación de deuda. Cuánto de lo que se ahorre por el lado de los ingresos se va a gastar o no, creo que lo va a terminar dictando la realidad y es algo que iremos viendo sobre la marcha.

-¿Cuánto puede tardar la negociación de la deuda?

-Es muy difícil predecir eso. Tienen que empezar las negociaciones lo antes posible. Creemos que tal vez se podría haber empezado incluso antes, pero no hubo demasiada transición entre los gobiernos. Estos pasos que están tomando, como el anuncio de las medidas y el hecho de que irá una misión del Fondo a la Argentina, abren la puerta para que se arranquen las negociaciones con los acreedores externos lo antes posible. Es difícil saber cuándo se van a cerrar. Podría haber espacio para que sea relativamente rápido, pero es muy difícil poner una fecha.

-¿Qué impresión tienen del equipo financiero del ministro Martín Guzmán?

-Por ahora no se sabe demasiado, porque está el comité de deuda, pero todavía no están confirmados los integrantes. Sabemos que el ministro Guzmán anunció medidas que van en línea con tratar de tener una negociación rápida. Sabemos que el presidente del Banco Central [Miguel Pesce] dijo que querían evitar una situación de default mientras negocian, y un aspecto importante de la ley es que se permite usar reservas para pagar deuda externa. Esto no es una estrategia sostenible en el mediano plazo, pero puede ser una herramienta para el corto plazo, mientras se negocia. Hasta ahora, lo importante son los hechos más que las personas. Y por ahora son relativamente positivos en relación a la negociación de la deuda. Pero estas medidas no sirven para que la Argentina crezca en el mediano plazo y para que baje la inflación; de hecho, algunas medidas van en contra de esos objetivos. La Argentina necesita reducir el déficit bajando primero el gasto, para después poder bajar la presión tributaria. En el mediano plazo, este programa dejará de tener beneficios de corto plazo y podría empezar a tener problemas, como ya pasó entre 2011 y 2015, cuando hubo un impacto negativo sobre la inversión, hubo caída de las exportaciones y atraso en los precios relativos de las tarifas energéticas. Son medidas para la urgencia económica de corto plazo, pero en el mediano plazo son negativas.

-¿Qué se puede esperar de la política monetaria?

-Diría que tenemos pocas reglas y mucha discreción por ahora. Es evidente que el Gobierno no se quiere atar a un programa monetario, porque no hizo ningún anuncio, aunque hubo algunos mensajes, como el del ministro Guzmán señalando que financiar con emisión un déficit primario mayor generaría demasiada inestabilidad. El presidente del Banco Central también hizo unos comentarios relacionados con tratar de dar señales de cierta prudencia y de no agrandar el déficit. Hasta ahora tampoco hubo una baja abrupta de la tasa de interés de la Leliq. Creemos que habrá un relajamiento de la política monetaria y esperamos que no se vayan de mambo con esa expansión; pero es difícil saberlo, hay bastante incertidumbre. Creo que será una cuestión de ir decidiendo momento a momento y que no habrá un preanuncio del plan.