Planes para revertir y agravar la decadencia

El futuro de la economía argentina a corto y mediano plazo está fuertemente condicionado por dos instancias políticas plagadas de incertidumbre: el resultado de las PASO del 13 de agosto para definir candidaturas y si en las elecciones presidenciales del 22 de octubre habrá o no segunda vuelta, ya que la primera determinará el poder político del próximo gobierno en el Congreso.

Hasta entonces, el precario “plan Aguantar” con sus continuos parches (como el dólar soja 3) acentuará el deterioro macroeconómico agravado por los efectos de la sequía. Según el economista Miguel Ángel Broda, consiste básicamente en anticipar ingresos y postergar pagos en el sector externo y en el fiscal, a costa de incumplir en el tercer trimestre -cuando hayan transcurrido las PASO-, la meta de reservas flexibilizada por el FMI.

Mientras tanto, el creciente hartazgo social ante la inflación de tres dígitos anuales en ascenso, recesión, caída de ingresos, mayor pobreza, inseguridad e impunidad del narcotráfico, viene reduciendo las chances electorales del Frente de Todos y pulverizando su relato cada vez más insensible a esta realidad y sólo enfocado en señalar culpables ajenos. Por si no fuera suficiente, los dos recientes fallos de tribunales extranjeros contra el Estado visibilizan retroactivamente el legado de Cristina Kirchner y Axel Kicillof por mala praxis (YPF y Cupón PBI) en el período 2012/2013, a un costo superior a 30.000 millones de dólares que recaerá sobre el conjunto de los argentinos, aunque trate de ser disimulado con las consabidas teorías conspirativas K. Ya ocurrió en su momento con los bolsos repletos de dólares y ahora con el crimen del colectivero en La Matanza, por citar sólo dos casos.

Si en la Argentina existe un consenso bastante amplio, es que no se pueden lograr resultados diferentes si se hace siempre lo mismo -o peor- que antes para marcar un punto de inflexión y comenzar a revertir la decadencia del país en materia económica, social, política, institucional, laboral, educativa y de valores, que lleva décadas y llevará años dejar atrás.

Una buena noticia es que en buena parte de la oposición hay conciencia sobre esta necesidad y en la de estabilizar la macroeconomía así como sus reglas, para posibilitar un crecimiento sostenible a base de inversión privada -local y extranjera- y la creación de empleos formales de calidad. Con sus más y sus menos, las propuestas apuntan al manejo del sector público como en cualquier hogar: suprimir gastos innecesarios o superpuestos, mejorar ingresos genuinos y limitar el endeudamiento a las posibilidades de renovación o pago.

Otra es que, a diferencia de otras campañas electorales, hay think tanks de Juntos por el Cambio trabajando desde hace meses en programas económicos integrales de equilibrio general, que incluyen además una política específica y planificada para las inversiones en el sector energético y reformas destinadas a atacar problemas estructurales crónicos (rebautizadas como modernización de leyes para atenuar su efecto “piantavotos”). Entre ellos figuran el trabajo en negro, el alto costo laboral e impositivo, la evasión tributaria, el déficit del sistema previsional y la jerarquización del empleo público. Esos equipos son conducidos por Luciano Laspina, Hernán Lacunza y Eduardo Levy Yeyati, en tanto que Carlos Melconian desde la Fundación Mediterránea ofrece poner el programa a disposición de cualquier candidato presidencial que lo requiera. Un caso extremo es el de Javier Milei, que concentra su discurso ultraliberal en consignas contra la “casta” política y a favor de una dolarización que implicaría la disolución del Banco Central, pero sin mostrar otras cartas.

La mala noticia es el consenso implícito en la mayoría de los sectores (políticos, sindicales, empresariales y sociales), que no dudan en apoyar las reformas sólo si no afectan sus beneficios o privilegios y se aplican sobre los demás.

A esta realidad se suma el hecho de que las reformas implican costos de corto plazo a cambio de beneficios futuros, por lo cual será todo un desafío llegar a acuerdos políticos que permitan pactar y sancionar leyes con mayorías especiales para cambiar el statu quo, así como modificarlas o derogarlas en el futuro con la misma exigencia. De ahí que resulte clave en octubre la elección de diputados y senadores nacionales, incluso con el aporte de terceras o cuartas fuerzas con ideas afines.

Sin ir más lejos, por falta de acuerdos está frenado en el Congreso desde hace un año y medio el reemplazo de la ley de alquileres aprobada en 2020 que, con alta inflación e intervencionismo estatal, perjudicó a inquilinos, propietarios y desplomó la oferta en el mercado inmobiliario. Sólo ahora, con la campaña electoral en marcha, el ministro de Economía propone suspenderla o derogarla, a costa de generar mayor imprevisibilidad.

Después de que Sergio Massa atara su suerte como presidenciable a la marcha de la economía, la falta de candidatos con chances electorales no es el único problema político que enfrenta el fracturado FdT. A falta de planes, la coalición tampoco tiene para ofrecer otra perspectiva a futuro que no sea una repetición del pasado.

Una muestra es el contradictorio y radicalizado documento de La Cámpora difundido a mediados de marzo -con Massa en Washington- por Máximo Kirchner quien, después de cuestionar las objeciones del FMI a la moratoria previsional para 800.000 trabajadores sin aportes suficientes, aprobada contrarreloj de cara a las elecciones, sugirió que el acuerdo es deliberadamente inflacionario. También sostuvo que (al Fondo) “nunca le interesó la devolución del préstamo (…) Solo querían tomar el comando de la economía del país, de la soja, el trigo, el maíz, el litio, de Vaca Muerta y las vacas vivas, el oro, y las grandes reservas de agua”(sic). Y concluye que “si los argentinos y las argentinas votan a alguien que se les anime, están los grandes medios de comunicación y la cobardía de una parte de la dirigencia argentina que genera las condiciones para que la desobediencia al poder real se pague cara”. Si ese fuera el camino, la Argentina tendría otro default en el horizonte.

Otra es el portal del Instituto Patria, bajo el lema “Pensamiento, acción y trabajo para la inclusión americana”. Sus 30 comisiones de trabajo replican con creces las áreas del gabinete nacional donde, de hecho, muchos de sus integrantes son funcionarios.

Y para completar el cuadro de decadencia ideológica y militancia rentada, el nuevo partido que disputará la interna del FdT (Patria de los Comunes, formado por el Movimiento Evita y Barrios de Pie) muestra afiches callejeros con consignas anacrónicas como “reforma agraria integral”; “redistribución de la tierra para agricultorxs familiares”; “créditos no bancarios para aumentar la producción” y “paritaria sectorial para institucionalizar las demandas”. Sin embargo, no se privan de reclamar la lucha contra la corrupción; un límite salarial para funcionarios de alto rango y el control y auditoría de empresas de servicios públicos”, que se supone debería abarcar a las estatales.

Sólo bastaría remarcar que las actuales condiciones internas y externas hacen irrepetible la reedición del modelo kirchnerista de 2003/2007 con baja inflación y alto crecimiento económico. Por más que ahora el Gobierno haya flexibilizado los requisitos para acceder a la generosa pauta publicitaria oficial (incluyendo a medios y periodistas que no pagan sus impuestos) y se dedique a ceder terrenos y propiedades estatales de alto valor a organizaciones afines a la ideología kirchnerista y los regímenes autocráticos o dictatoriales de la región que solo multiplicaron pobreza.

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