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Se desató la pelea entre el Gobierno, la Justicia y las empresas por el precio de la nafta
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Una nota enviada el lunes pasado por el subsecretario de Hidrocarburos Carlos Casares a las petroleras YPF, Axion y Shell desató entre los eslabones de la cadena de combustibles una pelea interna que hasta ahora parecía contenida.
El documento del funcionario que responde a Gustavo Lopetegui y al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , les explicaba a las empresas cuáles eran los precios que debían pagarle por el etanol que le compraban a Bioledesma, una compañía del grupo Ledesma, según una decisión de la Justicia: $26,24, $27,039 y 28,095 por litro en marzo, abril y mayo.
Las compañías sacaron la cuenta rápido: se trataba de los precios que se habían informado para esos meses más el aumento que la Secretaría de Energía, a cargo de Lopetegui, les había dado esta semana a los productores.
Los biocombustibles, como el etanol y el biodiesel, se mezclan con las naftas y el gasoil, derivados de combustibles fósiles como el crudo. Las petroleras sostienen que les representa un costo adicional, algo que repercute en los precios al consumidor final.
El Gobierno busca que los valores en surtidores suban lo menos posible para que no presionen sobre el índice de inflación. Por eso dio marcha atrás esta semana con la actualización de un impuesto. Pero justificaba la decisión contraria a sus intereses en una orden judicial: Ledesma, de la familia Blaquier, había interpuesto una medida cautelar en el Juzgado Federal N°1 de Jujuy, que le fue otorgada. Energía ya apeló la orden de la Justicia.
Las empresas hacen campaña desde hace tiempo en contra de los precios de los biocombustibles. El presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, por caso, fue crítico en varias ocasiones. Aunque no siempre están de acuerdo, el resto de las empresas lo acompañan en esta oportunidad.
La definición del juzgado jujeño no sólo molestó por la pelea sectorial, sino debido a que dispuso un pago mayor por un producto que ya fue vendido y cobrado a los clientes finales.
El trasfondo de la nota de Casares parece explicar la molestia que mostró ayer Lopetegui en Córdoba. Dijo que la política de biocombustibles es "un costo tributario para una Nación que está quebrada".
Eso generó la inmediata reacción de los productores de biodiesel de maíz y de etanol de caña de azúcar, quienes plantearon que el cálculo del funcionario es inexacto porque no se puede estimar el costo fiscal sólo por la diferencia de impuestos con los combustibles fósiles.
Los efectos de la Ley de Biocombustibles terminan en 18 meses y tanto en el Gobierno como en la Liga Bioenergética (gobiernos de Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta, Santiago del Estero y productores) están trabajando en nuevos proyectos.
"La mirada de Lopetegui es poco informada", cuestionó ante LA NACION Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz (Biomaíz). Para el corte de 12% establecido por el Gobierno, 20 empresas producen 1,2 millones de metros cúbico al año entre el generado a base de maíz y de caña de azúcar.
"Hace mal las cuentas –continuó-, al transformar el maíz en origen pagamos 21% de IVA y Ganancias e Ingresos Brutos; si se exportara el grano la recaudación sería menor. Es una compensación".
Para Adam la del Gobierno es una visión "sesgada" porque no toma en cuenta los beneficios ambientales y el desarrollo de las economías regionales que genera el sector. Afirmó que la industria está "abierta" a discutir temas en la nueva ley y mencionó, por ejemplo, el impuesto "muy fuerte" a la emisión de carbono que pagan las petroleras en el mundo.
En la Bolsa de Comercio de Córdoba, ante una consulta puntual de Juan Carlos Martínez, presidente de la Bolsa de Cereales, Lopetegui admitió que no se podrá cambiar la ley de "un día para el otro" pero adelantó que habrá modificaciones porque no corresponde que los combustibles fósiles paguen 38% de impuestos y los bios, nada.
Desde Energía entienden que los cambios deben ser graduales pero que deben alcanzar todos los ejes de la ley. Por ejemplo, no son partidarios de que el Gobierno reparta el cupo del corte entre las empresas ni de que establezca el precio y, menos, de la exención impositiva.
La iniciativa de la Liga Bionergética ingresará al Congreso en los próximos días y entre otros puntos incluye llevar el corte obligatorio a 27,5% igual que en Brasil y Paraguay y hay aspectos relacionados con lo fiscal, entre las que no sólo está el Impuesto a los Combustibles Líquidos sino a la emisión de C02; desde el sector aseguran que ellos generan 70% de emisiones que las naftas.
Desde el Centro Azucarero Argentino, su presidente Hernán Maurette, afirmó que lo que critica Lopetegui es una "política de Estado que promociona el ambiente; hace una evaluación puramente fiscal sin analizar el impacto positivo para el campo argentino de esta producción. Pasa por alta aspectos sociales, ambientales y de desarrollo".
"El Gobierno subsidia de manera concreta a Vaca Muerta que es un desarrollo importante pero que genera impacto ambiental y sobre eso no parece haber preocupación", agregó.
