Por hechos más o menos actuales como el corralito, la pesificación y el default, y por otros de larga data, en la Argentina hay miles de millones en litigios

A pesar de que en la Argentina ya casi nadie habla del corralón, desde noviembre último los jueces dictaron más de 46.000 medidas cautelares y devolvieron a los ahorristas 4342 millones de pesos.

Y desde 2002, los jueces ya devolvieron dinero en 266.686 casos -el número sigue creciendo con los amparos de segunda generación-. Pero ese índice tan elevado de litigiosidad empalidece si se tiene en cuenta que el Estado está demandado, por temas ajenos a la pesificación, en más de 418.000 casos ante los tribunales argentinos. Además, claro está, de las demandas ya iniciadas en la Argentina y en el exterior por cobro de bonos en default y de las que comenzaron las privatizadas por la cuestión de tarifas e inversiones ante tribunales arbitrales internacionales.

Si se suman los montos allí involucrados, el pasivo contingente del Estado es de por lo menos unos US$ 22.581 millones.

Comencemos por la pesificación. Un dato curioso: si bien desde enero hasta el 4 de junio se dictaron 15.960 cautelares ordenando la devolución de depósitos bancarios, el ritmo judicial de los primeros meses de este año se mantiene alto: en enero hubo 1190 cautelares; en febrero, 1994; en marzo, 4112, y en abril y mayo hubo 3609 cada mes.

Casi todas esas demandas están dirigidas contra los bancos y contra el Estado, y aunque son los primeros los que siempre afrontaron los pagos, existe la posibilidad de que luego reclamen contra la Nación. Por lo pronto, el Banco Columbia SA y la SA Del Atlántico Compañía Financiera ya hicieron reserva de sus derechos y presentaron sendas demandas contra el Estado.

"El correr de los meses mostró que la intervención del Estado en el mercado fue buena y el mercado logró un punto de equilibrio que acortó la brecha entre lo que pedían los actores y el valor del dólar", dice el titular de la Procuración del Tesoro, Horacio Rosatti.

Sin embargo, todavía falta un dato muy importante para saber cómo termina esta historia: el fallo de la Corte Suprema, donde se acumulan, según datos recogidos en el máximo tribunal, 11.000 causas judiciales -10.000 sobre corralito y otras 1000 son un combo de reclamos por hipotecas en dólares, alquileres y títulos en dólares-.

En realidad, no son los ahorristas los que están ansiosos por esa sentencia, porque los jueces de primera instancia y las cámaras de apelaciones ya devolvieron los depósitos a través de miles de sentencias definitivas (que ya se dictaron en los amparos promovidos en 2003) y a través de medidas cautelares dictadas más recientemente en los amparos de segunda generación, las acciones que presentan los ahorristas que si bien aceptaron los bonos de los Canjes I y II -1,40 pesos por dólar más CER-, reclaman la diferencia entre ese valor y la cotización del dólar.

Los bancos esperan y necesitan una definición: si triunfara la posición de que la pesificación fue inconstitucional, que hoy sólo sostienen los ministros Adolfo Vázquez y Carlos Fayt y que es improbable que se imponga, los ahorristas se podrían quedar tranquilos.

Si, por el contrario, la Corte establece que la pesificación fue constitucional, los bancos dirán que devolvieron dinero de más a sus clientes y el Estado deberá afrontar una compensación. Los jueces Augusto Belluscio, Antonio Boggiano, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni, por ahora y por distintos caminos, están más cerca de esta segunda posición. "¿Por qué los acreedores bancarios van a cobrar el ciento por ciento, si los bonistas aceptan cobrar en precio de default?", sostienen algunos funcionarios de la Corte más consustanciados con este criterio.

Pero, más allá del fallo, lo que importa son los argumentos con los que se llegue a la solución, porque no se descarta que se pueda producir una nueva catarata de casos. Por ejemplo, si se decide que la pesificación fue constitucional, los ahorristas -ante la amenaza de que los bancos puedan reclamarles la devolución de parte de las sumas que devolvieron en los amparos y mientras las entidades no cierren una negociación con el Estado- pueden presentar demandas para solicitar medidas cautelares para evitar que se les reclame la devolución de parte de ese dinero.

De lo que no hay certeza es de cuándo se logrará esa mayoría: a la doctora Elena Highton, que asume esta semana su cargo en la Corte, nunca le tocó resolver casos sobre depósitos bancarios, sino que, como camarista civil, intervino en casos de pesificación de contratos (hipotecas, locaciones, etcétera) y se inclinó por aplicar la doctrina del esfuerzo compartido. ¿Estará ella más cerca de la posición de Fayt que de la que sostienen Maqueda, Belluscio y Boggiano? Si es así, habrá que esperar al ingreso de Carmen Argibay para lograr el quinto voto que permita dictar sentencia.

A la avalancha de amparos que los ahorristas presentaron en un primer momento contra los decretos que impidieron la libre disponibilidad de los depósitos y contra los decretos que los pesificaron, le siguieron luego los llamados «amparos de segunda generación», que son, en estos momentos, un motivo de preocupación para las entidades privadas, según fuentes de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA).

Desde que se estableció el "corralón" hasta la fecha, los jueces que recibieron los amparos ya dictaron 266.686 medidas cautelares y se ordenó la devolución del 50 por ciento o más de los depósitos. En algunos casos, el porcentaje llegó a cifras cercanas al ciento por ciento. El 42 por ciento de las decisiones fueron adoptadas en la Capital Federal y, el 28 por ciento, en la provincia de Buenos Aires.

Por cierto, el ritmo de las medidas cautelares sigue, como es natural, una curva decreciente: en 2002, en el apogeo de los amparos, los jueces dictaron 167.448; en 2003, 83.278 y, desde enero de 2004, 15.960 medidas cautelares. Pero si se computa desde noviembre (5839) y diciembre (7724), el número de resoluciones con que los jueces favorecieron a los ahorristas llega a los 46.000, por un total de 4342 millones de pesos. Son datos que maneja la Procuración del Tesoro, más precisos que los del Banco Central (BCRA).

En total, desde el comienzo del "corralón", salieron de los bancos 19.828 millones de pesos. Y la litigiosidad está lejos de extinguirse.

Como es obvio, la mayor cantidad de reclamos fue dirigida contra los bancos que tienen la cartera de clientes más nutrida: el Nación, Francés, Boston, Río, Galicia, Citibank, Provincia y Banca Nazionale del Lavoro, según datos del Banco Central de la República Argentina.

Obviamente, son las entidades financieras las que afrontan los reclamos, pero el Estado está en riesgo y puede sufrir reclamos si no compensa a los bancos por la indexación asimétrica -el cambio del índice CER, de actualización por inflación, por el índice CVS, de variación salarial- y por la diferencia cambiaria con el valor de dólar. Este último monto es, aproximadamente, de 8000 millones de pesos.

Claro que los amparos contra el corralón son sólo la punta del iceberg de un Estado en crisis. Veamos:

• Demandas contra la Nación. Existen, en estos momentos, 418.060 demandas contra el Estado central, de los cuales sólo la mitad, que son por monto determinado, involucran reclamos por un total de 22.432 millones de pesos, es decir, unos 7500 millones de dólares. Ese es el pasivo contingente. Y a ese monto habría que sumarle el pago de intereses y costas, es decir, un 40 por ciento más aproximadamente, según un cálculo conservador.

La otra mitad de las demandas, unas doscientas mil, no mencionan cifras, pero ello no quiere decir que no puedan terminar en condenas por varios miles de millones de pesos.

En esa masa de expedientes que se apilan en los tribunales en lo contencioso administrativo, previsionales y en lo penal tributario y aduanero, son demandas indemnizatorias, reclamos jubilatorios y juicios remanentes contra los entes en liquidación residuales de las empresas privatizadas.

El otro frente, más complicado aún que el nacional por la complejidad que implica litigar en otras jurisdicciones, es el externo. Básicamente, la fuente de esos conflictos son dos:

• Los arbitrajes internacionales. Según los últimos datos, de los más de sesenta reclamos que existen contra la Argentina en instancias internacionales -como, por ejemplo, el Centro Internacional de Arbitrajes (CIADI), donde se concentra el 87 por ciento de los casos-, 24 están en pleno trámite, es decir que, por lo menos, ya comenzó el proceso de selección de árbitros.

Mientras a través de la Procuración del Tesoro de la Nación el país monitorea de cerca el avance de esos casos, también persigue, durante los procesos de renegociación abierto con las empresas, que se suspenda el trámite de esos reclamos. Hasta ahora, de hecho está suspendido el planteo de Aguas Argentinas y el de Enron.

Y la suma que se reclama al Estado, mucha veces con montos inflados por las empresas, es de 14.261 millones de dólares, una cifra similar al del presupuesto anual de los tres poderes del Estado.

"Un costado no explorado del proceso de privatización de los 90 es que no sólo se privatizaron los servicios, sino también la jurisdicción destinada a resolver esos conflictos. Hoy, el país debe litigar en el extranjero. El paso siguiente era privatizar la defensa en juicio del Estado y si esto se hubiera concretado, habría dejado al Estado sin control alguno durante la vigencia de las concesiones. Debemos mantener la defensa pública del Estado en juicio como herramienta de defensa del interés nacional", Rosatti.

Agosto, mes clave

La demanda promovida por CMS, un accionista minoritario de Transportadora de Gas del Norte (TGN) es la más avanzada y entre el 9 y el 20 de agosto próximo se realiza la audiencia donde tanto CMS como nuestro país, durante doce días, deberán presentar las pruebas.

Los accionistas reclaman 261 millones de dólares, para lo cual alegan la expropiación de la inversión, mientras que la Argentina, con una batería muy fuerte de pruebas, tratará de demostrar que el país atravesó un estado de necesidad, mucho más profundo que el sufrido por los Estados Unidos durante la crisis del 29; que no hubo expr opiación de la inversión y que no se le dio a la firma un trato injusto o inequitativo. El caso ya suscita tanta atención internacional, que observadores de varios países pidieron estar presentes en las sesiones que tendrán lugar en París.

• Bonos en default. La deuda pública a reestructurar es de 94.032 millones de dólares, mientras que se honran otros 84.493 millones. Si el país pagase los intereses de toda la deuda, estos representarían el 45 por ciento del total de la recaudación nacional.

De la primera cifra, es decir, de la deuda en default, unos 88.000 millones de dólares, es decir, casi la totalidad, están instrumentados en bonos, de los cuales el 53 por ciento está en dólares y 33 por ciento, en euros.

Buena parte de esos bonos están en manos de residentes en la Argentina pero, si todos los tenedores de títulos decidiesen concurrir hoy mismo a los tribunales, sólo el 11 por ciento de los bonos serían reclamables bajo la legislación nacional, en tanto que el 51 por ciento fueron emitidos conforme la legislación de Nueva York; el 18 por ciento, conforme la ley inglesa y el 17 por ciento, según la legislación de Alemania.

"La solución de este tema nunca puede venir por el lado de la Justicia. La defensa argentina en el exterior -a cargo de la Procuración, que supervisa estudios jurídicos extranjeros- buscó generar tiempo para facilitar la negociación entre el Estado y los acreedores y lo logramos. Se evitó que exista una catarata de fallos en contra del país", concluyó Rosatti.

Por Adrián Ventura

---

Conforme a