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Presupuesto 2027: cómo afecta a jubilados, empleados públicos y beneficiarios de Anses
El proyecto enviado al Congreso contempla un aumento de casi 30% en las prestaciones de la seguridad social, proyecta inflación del 18% para el año próximo y ratifica la estrategia de reducción del Estado
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LA NACION
El Gobierno presentó el proyecto de Presupuesto 2027 con una promesa central: sostener el equilibrio fiscal por cuarto año consecutivo. Pero detrás de las grandes variables macroeconómicas —inflación del 18%, crecimiento del 4% y un dólar oficial de $1847,60 para diciembre del año próximo— aparecen definiciones que impactan de manera directa sobre millones de jubilados, empleados públicos y beneficiarios de programas sociales.
La principal novedad surge del gasto previsional. Las prestaciones de la seguridad social pasarán de $75,7 billones este año a $98,1 billones en 2027, lo que implica una expansión nominal del 29,6%, por encima de la inflación prevista por el propio Gobierno. El dato sugiere que las jubilaciones y pensiones seguirán concentrando una porción creciente de los recursos públicos, en línea con la decisión oficial de preservar el poder adquisitivo de los haberes mediante la actualización mensual por inflación.
Sin embargo, el documento no despeja uno de los interrogantes centrales para quienes cobran la jubilación mínima: qué ocurrirá con el bono extraordinario de $70.000 que complementa actualmente los ingresos más bajos del sistema. La síntesis del presupuesto no prevé modificaciones explícitas sobre ese refuerzo, por lo que su continuidad, actualización o eventual incorporación al haber previsional deberá analizarse en las planillas detalladas y el articulado del proyecto.
El peso de la seguridad social dentro de las cuentas públicas continúa siendo determinante. Según las proyecciones oficiales, las prestaciones previsionales representarán el 45,4% del gasto total del Sector Público Nacional durante 2027.
Empleo público: sin definiciones salariales
En el caso de los empleados públicos, el proyecto ofrece menos precisiones. El Gobierno prevé que los gastos de consumo —categoría que incluye salarios y otros gastos operativos— aumenten 26,7% respecto de este año. Sin embargo, esa cifra no puede interpretarse directamente como una pauta salarial para los trabajadores estatales.
La administración de Javier Milei aprovechó la presentación del presupuesto para destacar que desde el inicio de la gestión se redujo la dotación del sector público en alrededor de 72.000 puestos de trabajo. El documento ratifica la estrategia de continuar con un Estado de menor tamaño, aunque no anticipa nuevas metas de reducción de personal para 2027.
La incógnita, por lo tanto, es si los salarios públicos evolucionarán por encima, en línea o por debajo de la inflación proyectada. Esa respuesta tampoco surge de la síntesis presentada y requerirá revisar las planillas específicas de recursos humanos.
Planes sociales y asignaciones
En materia social, el Gobierno ratifica el proceso de transformación de los programas asistenciales iniciado durante esta gestión. El presupuesto destaca la reconversión de cerca de 900.000 planes sociales hacia esquemas vinculados con capacitación laboral y formación para el empleo.
La estrategia oficial apunta a consolidar el programa Formando Capital Humano y a profundizar la utilización del Registro Integrado de Beneficiarios (RIB), una herramienta diseñada para unificar y controlar la información de quienes reciben asistencia estatal.
Al mismo tiempo, el documento pone énfasis en la continuidad de las políticas administradas por la ANSES destinadas a los sectores más vulnerables, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y la Prestación Alimentar. Según los datos oficiales, estos programas alcanzan a más de 4,2 millones de niños y adolescentes.
El Gobierno sostiene que el 74,6% del gasto total del Sector Público Nacional estará destinado en forma directa a personas a través de jubilaciones, pensiones, asignaciones y transferencias sociales.
La apuesta fiscal
Más allá de los distintos grupos alcanzados por el gasto público, el proyecto mantiene inalterada la meta que el Ejecutivo considera central para su programa económico: el superávit fiscal.
Para 2027 se proyecta un superávit primario equivalente al 1,3% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,2%, los mismos porcentajes previstos para 2026. La estrategia implica sostener el equilibrio de las cuentas públicas mientras el gasto total crecería a un ritmo moderado y la inversión pública continuaría en niveles reducidos.
La discusión parlamentaria permitirá conocer con mayor detalle cómo se distribuirán los recursos entre jubilaciones, salarios estatales y programas sociales. Pero la síntesis oficial ya deja una señal: mientras las jubilaciones aparecen como uno de los rubros más favorecidos en términos presupuestarios, el Gobierno mantiene su política de contención del gasto estatal y de reformulación de la asistencia social.
LA NACION
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