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Puerto Madryn, la voracidad impositiva y el impuesto al viento
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LA NACIONDiego Cabot
Parecía chiste de memes en redes sociales. Pero el Concejo Deliberante de Puerto Madryn lo hizo: creó el impuesto al viento. Eso de que el aire es gratis ha pasado a ser una fantasía en aquel rincón de la Patagonia Norte. Desde enero, y según lo aprobado por los concejales esta semana, las empresas que tienen molinos de viento plantados en esa comarca deberán pagar una tasa municipal sólo por el mero hecho de que las aspas se muevan. La medida desató la alarma en el mundo de la energía renovable. No es para menos, el monto que se deberá pagar es de alrededor del 4,5% de la facturación.
La historia de gravar el soplido del viento empezó hace tiempo, cuando varios parques eólicos se instalaron en zonas cercanas. Varios se frotaron las manos al ver que gran parte de la inversión en energías renovables que impulsó en gobierno de Mauricio Macri se localizaba en esa parte de la meseta patagónica. Pero más allá de los impuestos provinciales, no había demasiado qué cobrarles a esos emprendimientos ubicados en zonas rurales.
Pocas cosas suelen ser impositivamente tan peligrosas como ediles apurados por mejorar los ingresos. El ingenio de la política local, conjugado con el estado de insolvencia de la provincia, generó una alternativa para mejorar la recaudación.
A fines del año pasado, el Honorable Concejo Deliberante local decidió pensar en grande, planear el futuro, tirar los primeros palotes en la planificación de la ciudad que vendría. Entre noviembre y diciembre de 2019, con estas inversiones instaladas, el municipio decidió extender su potestad tributaria sobre los parques eólicos de la zona.
Pero el tema no era sencillo. Si bien los campos donde se instalaban los molinos estaban cerca, el poder de imposición de la Municipalidad no llegaba, ya que los emprendimientos eólicos se habían instalado en tierras cercanas a Puerto Madryn, pero fuera de su ejido territorial.
Entonces llegó la innovación. La legislatura provincial aprobó duplicar la extensión del ejido municipal (que hoy tiene 33.000 hectáreas, contra 20.000 de la Ciudad de Buenos Aires) y los emprendimientos quedaron dentro del territorio sometido a jurisdicción municipal. De esta manera, los dos principales, uno de Aluar y el más grande, de Genneia, una empresa del grupo Macro, empezaron a ser objeto de impuesto.
Así empezó la maniobra para cobrar el impuesto al viento. La norma se aprobó pese a que el artículo 225 de la Constitución de Chubut establece que la determinación territorial del municipio "tiene en cuenta especialmente la zona en que se presten total o parcialmente los servicios municipales" y que en esos campos no hay ninguna prestación municipal.
El terreno, literalmente, estaba preparado. Entonces llegó "la tasa". Mediante la ordenanza 11.349, la municipalidad extendió a los titulares de los parques eólicos la responsabilidad por el pago de dos tasas.
La primera, por Habilitación, Inspección, Seguridad e Higiene y Control Ambiental. De acuerdo al artículo 173 del Código Tributario, esta tasa supuestamente retribuye "los servicios municipales, de inscripción, habilitación, inspección, contralor, salubridad, seguridad e higiene y control ambiental, que tiendan al bienestar general de la población (…) aun cuando el ejercicio de la actividad comercial, industrial, profesional o de servicio no requiera de un establecimiento habilitado", dice un informe técnico de un estudio de abogados contratado por las cámaras. La segunda, por Construcción de Obras Particulares y Obras realizadas por empresas nacionales y provinciales, por la que se obliga a pagar esta tasa a los parques eólicos cuyas obras "se encuentren en ejecución o a ejecutarse a la fecha de entrada en vigencia de la norma el 24 de abril de 2020".
Esta semana hubo un cambio: la primera de las tasas, que se calculaba en función de los metros cuadrados del predio, como cualquier otra empresa, varió su base de cálculo. Ahora, los parques eólicos, en vez de pagar por superficie, pasarán a hacerlo dependiendo de la producción. Se consagró el impuesto al viento.
La norma puso en alerta a la Cámara Eólica Argentina. No es para menos. El nuevo régimen de tasas significa alrededor de 4,5% de la facturación de los emprendimientos de energía limpia. "Como dijo la Corte Suprema de la Nación, al cobro de una tasa debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente. Por estas razones, las llamadas 'tasas' constituyen en realidad verdaderos impuestos, vedados por el régimen constitucional general de reparto jurisdiccional en materia impositiva", dice una carta enviada por la cámara a la Legislatura de la provincia de Chubut.
Fuentes de Aluar, una de las empresas que tiene un parque eólico que entrega energía al sistema interconectado, además de utilizar una parte de la producción para consumo de la planta de aluminio, dijeron a LA NACION que "esta nueva modalidad dictaminada es mucho más preocupante y gravosa que el formato de tasa incorporado a principios de este año, el cual no corresponde para este tipo de proyectos".
Habrá reclamos judiciales, incluso acompañados por la cámara. "El departamento de Legales está estudiando los pasos a seguir en base a esta nueva normativa", confirmaron en Aluar. El principal argumento de las empresas es que la energía limpia, según el artículo 17 de la ley 27.191, eximió a "el acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía" de "cualquier clase de tributo específico, canon o regalía".
En Chubut las cuentas no cierran y la provincia no puede hacer frente ni siquiera a los sueldos de estatales o docentes. Incluso, varios de los nuevos impuestos tienen un fuerte apoyo de los gremios estatales, afectados por la falta de dinero para pagar salarios.
