Extinción de dominio: cómo se liquidarán los bienes de la corrupción

Dinero, inmuebles, barcos, autos y obras de arte son algunos de los bienes que podrían ser alcanzados por la extinción de dominio que dictaminó el presidente Mauricio Macri a través de un DNU la semana pasada. Sin embargo, estos bienes no pasarán de un día para otro a manos del Estado, sino que llevarán un largo proceso que puede desembocar en varios destinos posibles.

El decreto alcanza bienes y fondos derivados de delitos de corrupción, contrabando y narcotráfico y, tal como anticipó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , el Gobierno pretende recaudar alrededor de $300.000 millones.

Para determinar la cantidad y el destino que se les otorgará a esos bienes se creará una Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado, que junto a los fiscales competentes podrá realizar investigaciones de oficio y colaborar tanto con la identificación como con localización de esas riquezas. Una vez definidos, esos capitales se derivarán a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que será el organismo que administre y mantenga los activos.

El decreto especifica que la sentencia "que haga lugar a la acción de extinción de dominio deberá ordenar la subasta de los bienes". Una vez deducidos los gastos, la diferencia quedará en manos de Rentas de la Nación.

Sin embargo, según pudo saber LA NACION, una vez en la AABE, los capitales pueden ofrecerse vía subasta o disponerlos a un organismo público que lo requiera. Los bienes aprobados para la venta se pondrán a disposición a través del Sistema de Gestión Electrónica para las subastas públicas y se publicará en el portal Compras Públicas de la República Argentina (COMPR.AR).

En caso de que se realice la venta, el dinero recaudado podrá tener dos destinos: financiar políticas de Gobierno o adquirir bienes para las fuerzas de seguridad.

En caso de que la extinción de dominio se trate de dinero –en efectivo o depositado en cuentas bancarias- se transferirá a un fondo especial que será administrado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que funciona en la Anses.

Uno de los puntos que genera mayor controversia tiene que ver con la posibilidad de subastar bienes antes de que se dicte sentencia firme. En caso de que se determine el sobreseimiento o absolución, el Estado debe restituir el bien a su anterior titular o entregar un valor equivalente en dinero.

La subasta pública es uno de los mecanismos que administra la AABE, que tiene 70.000 inmuebles del Estado. En esta gestión se vendieron 41 y se recaudaron en 2017 US$ 446,75 millones y otros US$ 134,77 millones el año pasado.