Jubilaciones: un bono para algunos, en un año con ajuste del gasto social y caída del poder de compra de todos los haberes

En el contexto de un ajuste del gasto en prestaciones sociales que se viene dando en el último año por efecto de la inflación -agravada tras la devaluación posPASO-, el ministro de Economía y candidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa, anunció este domingo, en tono de campaña electoral, modificaciones en una serie de medidas que ya habían sido dispuestas para jubilados y pensionados.

Días antes de las PASO se comunicó una recomposición, a concretarse en septiembre, de 23,29% para las jubilaciones y pensiones del sistema previsional general de la Anses. Es, en rigor, el reajuste que se deriva de aplicar la fórmula de movilidad establecida por la ley 27.609, que determina que el Estado debe concretar aumentos con frecuencia trimestral. Esas subas van quedando, en los últimos tiempos, muy por debajo de la inflación.

La aplicación del 23,29% lleva a que, desde el inicio de este año, el aumento de haberes acumule un 74,5%, en tanto que se estima que, a septiembre, los precios medidos por el Indec tendrán un avance no menor a 90% y que, a noviembre (mes en que seguirán vigentes los mismos haberes jubilatorios) la inflación acumularía -desde enero- al menos 120%.

Para quienes no reciben bonos mensuales de refuerzo (que son una política continua desde hace un año, surgida de la insuficiencia de la movilidad), la caída del valor de los haberes en términos reales llegó en siete meses (a julio) a 11,7%. Ese es, también, el nivel de pérdida que sufrieron en igual período otras prestaciones, como la AUH o las asignaciones por hijo que percibe un grupo de trabajadores formales y monotributistas (en este último grupo hay quienes, en realidad, tuvieron caídas bastante mayores, de hasta casi 36%, porque dejaron de recibir bonos que cobraban en 2022).

En el período de los primeros siete meses del año, incluso los jubilados de la mínima tuvieron una pérdida de sus ingresos en términos reales, ya que la inflación acumuló un 60,2% y la suba nominal para quienes perciben el haber básico (considerando los refuerzos de cada momento) fue de 46,3%. Eso se traduce en una baja del valor de compra de 8,7%.

Con el anuncio del reajuste por movilidad para septiembre, se había dicho que se pagaría un refuerzo de $27.000 a quienes cobran hasta el equivalente a una vez el haber mínimo. Esa condición es por titular y no por beneficio, por lo cual, a quien percibe dos prestaciones básicas no se le asigna ese bono.

Según lo expresado por Massa, ahora se decidió que el monto será de $37.000. De esta manera, quienes tienen ese ingreso básico, de $87.460 desde septiembre, recibirán el mes próximo y también en octubre y en noviembre un total de $124.460, en bruto (neto del aporte al PAMI, el monto es de $121.836). En diciembre deberá haber un nuevo reajuste según el índice de movilidad.

Según puede interpretarse del anuncio, y en función de cómo se instrumentaron los bonos en meses anteriores, habría un refuerzo de $37.000 para quienes ganen la jubilación mínima o menos (puede ser menos, porque el bono alcanza a beneficiarios de pensiones no contributivas) y uno de inferior cuantía para quienes tienen un haber bruto solo de hasta $124.460.

No se comunicó nada, ni en el momento del anuncio inicial ni este domingo, respecto de quienes cobran más de esa cifra. Hasta este mes y por disposiciones previas, los refuerzos alcanzan a quienes ganan hasta el equivalente al haber mínimo multiplicado por dos. Tal como se hizo el anuncio, hay jubilados que el mes próximo dejarían de cobrar bonos, en el contexto de una inflación agravada, aunque aún resta conocer detalles de la medida, sobre los que no hubo precisiones, pese a las consultas hechas por LA NACION.

Devolución por compras pagadas con tarjeta

Massa también dijo que se incrementará el monto de la devolución que se les hace a los jubilados por las compras de alimentos y productos de consumo masivo, pagadas con tarjetas de débito vinculadas a las cuentas bancarias en las que reciben sus prestaciones mensuales. El importe máximo mensual pasará de $4056 a $18.000. No hubo aclaraciones con respecto a cuál será el alcance de la medida, pero hasta ahora ese régimen de devolución de importes, tal como lo explica la AFIP en su página web, es solo para quienes cobran el haber mínimo.

Si se confirma que el beneficio se mantiene solo para este grupo, se agravará la desigualdad en el trato por parte del Gobierno a los jubilados, en desmedro de los que más aportaron, quienes, en la mayoría de los casos, tienen ingresos que -si bien son mayores al mínimo- son bajos o medio bajos en función del costo de vida.

Massa también recordó una medida que ya había sido puesta en marcha antes de las elecciones primarias: la suba a $400.000 del tope de los créditos a tasa subsidiada que otorga la Anses con recursos del fondo de garantía del sistema previsional. Dijo que había disponible para ese plan un fondo de $400.000 millones, con lo cual se alcanzaría, si todos pidieran el valor máximo, a un millón de personas (muchos préstamos ya fueron tomados, porque el incremento del importe prestado se anunció hace un mes y medio).

El ajuste del último año

Según surge de observar el gasto corriente de la administración pública nacional corregido por inflación de los primeros siete meses de 2023 y compararlo con el de igual período de 2022, las asignaciones familiares correspondientes a un grupo de trabajadores del sector formal y los subsidios a la energía fueron dos de los rubros del presupuesto nacional en los que mayor recorte hubo.

Los números que consigna un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) indican que, en términos reales, las erogaciones por el salario familiar para trabajadores registrados cayeron un 35,2% interanual, en tanto que lo asignado a la energía se redujo en un 22,9%, algo que tuvo su contraparte en los mayores montos que parte de la población paga por los servicios para sus hogares. En cambio, el gasto en personal de la administración nacional aumentó un 8,2%, siempre en términos reales.

La inflación, por tanto, un problema creciente para el bolsillo de los argentinos, le permite a la gestión de Massa en el Ministerio de Economía hacer un ajuste silencioso, que también afecta, claro, a las jubilaciones y pensiones. En este caso, la reducción de lo pagado por el Estado para atender a una cantidad más alta de prestaciones fue, en términos reales, de 3,8% entre enero y julio de este año en comparación con ese período de 2022. Pero, dado el alto peso que tiene este ítem (casi cuatro de cada diez pesos del gasto corriente van al sistema previsional), es mucho más significativa, en comparación con otros conceptos, la “ayuda” dada por la inflación –y por la insuficiencia de la fórmula de movilidad– para concretar un ajuste fiscal.

La contrapartida de ese ajuste es la pérdida de poder adquisitivo. En el caso de los haberes previsionales, la situación no es igual para todos los jubilados, a causa de las decisiones discrecionales de otorgar bonos solo a un grupo de ellos, para intentar compensar el hecho de que las subas por movilidad son insuficientes para mantener en el tiempo el valor real de las prestaciones.

En julio último, quienes cobran el haber mínimo tuvieron un ingreso, sumado el bono de $17.000, superior en un 134% al de igual mes de 2022, frente a una inflación interanual de 113,4%. En lo que va de este año, sin embargo, hubo una caída del valor real de lo percibido: entre enero y julio la inflación fue de 60,2% y el ingreso subió nominalmente un 46,2% (solo en algunos casos se recibió un extra, además del bono ya mencionado, por la garantía del 82% del salario mínimo, pero entre quienes tienen el haber básico son minoría quienes cumplen con los requisitos para ese derecho).

Para quienes tienen una jubilación mayor a la mínima hay situaciones dispares en cuanto a lo que ocurrió con el poder de compra. Para los jubilados que no recibieron ningún bono en los últimos meses, entre julio de 2022 y de 2023 el ingreso subió 89%, lo cual, frente a la inflación, derivó en una caída del poder adquisitivo de 11,4%.

En el caso de las políticas de transferencias de fondos para la niñez, esa pérdida de 11,4% es la que tuvo en el último año el valor real de la asignación universal por hijo (AUH) y también la que sufrieron algunas de las prestaciones pagadas a asalariados registrados y a monotributistas. Pero para no pocas familias las asignaciones por hijo tuvieron una caída de su poder de compra muy superior, de 35,8%, por efecto de la falta de continuidad de una política por la cual en 2022 se pagaban bonos de refuerzos.

Según el informe de la OPC, el gasto real de las prestaciones sociales consideradas en su conjunto tuvo en los primeros siete meses del año una reducción interanual de 8,7%, un índice superior al de la baja promedio del total de erogaciones corrientes (5,8%).