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Rechazo y dudas entre los empresarios al proyecto que impulsa discusiones sobre las condiciones laborales en las compañías
Opinan que no ayudará a crear más empleo y que significará mayores controles y obligaciones para las compañías; advierten que es “una nueva herramienta para paralizar la actividad legalmente”
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LA NACIONCarlos Manzoni
El proyecto de ley del presidente Alberto Fernández que se conoció hoy, y que impulsa la creación de comisiones mixtas para discutir condiciones en empresas privadas de más de 100 empleados, fue recibido con sorpresa y cierto resquemor por parte de los empresarios, que lo ven, entre otras cosas, como un obstáculo más para la creación de empleo y una “nueva herramienta para paralizar la actividad legalmente”.
Ignacio Noel, presidente y CEO de Sociedad Comercial Del Plata, comentó que no conoce aún el proyecto en profundidad, pero no cree que sea bueno agregar más obligaciones a las empresas. “Es evidente que hace muchos años que en la Argentina no se crean puestos de trabajo productivos. Lo único que aumentó es el personal en el sector publico y los desempleados. El sistema actual ya esta agotado hace muchos años. Si sobre esa situación se agregan aún más obligaciones y controles para las empresas no creo que se esté dando un paso en la dirección correcta”, opinó.
Desde otra empresa que sería alcanzada por esta ley, ya que cuenta con más de 100 empleados, fueron más contundentes: “Esta es otra nueva herramienta para paralizar la actividad legalmente. A contramano de lo que necesita la Argentina, que es crear trabajo y ser competitivos”, dijeron ante la consulta de LA NACION.
El proyecto en cuestión fue presentado ayer el Presidente junto a las cúpulas de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), y será enviado al Congreso para su aprobación. La diputada nacional Vanesa Siley, presidenta de la comisión de Legislación Laboral de la Cámara baja y cercana a Máximo Kirchner, también participó y habló en la reunión, mientras que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, fue el encargado de dar detalles luego de aunar posiciones con los sindicalistas y otros sectores involucrados.
Según explicaron en el Ministerio de Trabajo, “la idea básica del proyecto es que los partícipes del proceso productivo puedan detectar los riesgos, prevenirlos y llevar a cabo todas las conductas positivas necesarias para preservar la salud de las personas que trabajan”.
En una importante empresa industrial la iniciativa ya causó inquietud, por lo que mandaron a analizarla a su equipo de Legales. Consultada sobre cuál fue la conclusión de sus especialistas, las fuentes respondieron de forma lacónica: “Hay que ver el contenido pero es más que nada referido a condiciones de seguridad e higiene. Por lo general, las empresas grandes ya lo tienen hace tiempo”.
En el sector de la salud, en tanto, lo que reinaba era la sorpresa. “No lo había visto en detalle. Hoy esa tarea de prevención la hacen las ART [Aseguradoras de Riesgo del Trabajo] y está funcionando muy bien. Hay significativas disminuciones en la cantidad de accidentes y muertes, y todo está supervisado por la Superintendencia de ART, que es muy estricta”, comentó una fuente de una empresa del rubro.
La sensación de este ejecutivo de la salud es que no tiene mucho sentido impulsar un proyecto de esta naturaleza. “La verdad no sé a solucionar qué problema apunta este proyecto. Una primera lectura es darles nuevas herramientas a los sindicatos para presionar a sus empleadores. No va a generar mayor productividad ni a generar empleo”, opinó.
Aunque por el momento se sabe poco al respecto y tampoco se puede entrever la letra del proyecto, algo que causa preocupación entre el empresariado es la posible injerencia del Estado en las empresas a partir de la instrumentación de esta ley. Otra cuestión es que muchas empresas ya efectúan actualmente reuniones con representantes gremiales, pero una cosa es que lo hagan de motu propio y otra muy distinta que sean impuestas.
Tampoco hay certezas entre los empresarios acerca de si lo que se resuelva en las reuniones mixtas impulsadas por el proyecto de ley generará una obligación legal o si se tratará solo de una cuestión declarativa.
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