Regularizar la deuda en default tendrá un alto costo financiero para la Argentina

El pasivo del país aumentará 20% hasta llegar a US$ 237.000 millones; dudan acerca de un impacto favorable en materia de inversiones
Martín Kanenguiser
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11 de noviembre de 2013  

La decisión del Gobierno de avanzar, con una década de atraso, en el arreglo de la deuda en default generará un mayor costo financiero al país, pero no atraerá más inversiones si no es acompañada con medidas integrales para bajar la inflación y ofrecer mayor seguridad jurídica.

Así lo señalaron economistas consultados por LA NACION en relación con las gestiones del Gobierno para pagar los laudos del Ciadi, promover un arreglo con los holdouts , negociar con el FMI un nuevo índice de inflación y, eventualmente, pagarle al Club de París.

Un informe de Bconomics advirtió que, si se normalizaran los pasivos pendientes, "la deuda total pasaría de US$ 198.033 millones a US$ 237.500 millones [casi un 20% más] y en términos del PBI representaría un ratio de 71% (contra 53% en la actualidad)".

"La situación se extrema en los dos próximos años (sobre todo 2015), con complicaciones desde el punto de vista de los servicios de la deuda. Encauzar el problema de la deuda implicaría mayores presiones fiscales y de balanza de pagos, en un contexto internacional que se presentará menos favorable en el mediano plazo", indica el informe. "Para lograrlo -sostuvo la consultora que dirige Fernando Baer-, claramente la política económica debe ser distinta."

Luego, el informe señala que "la política de desendeudamiento no es tal: en marzo de 2003 la deuda total ascendía a US$ 145.504 millones, mientras que en la actualidad, como se lo mencionó, roza los US$ 200.000 millones". De todos modos, en general la medida válida para medir la evolución de la deuda es en su relación con el PBI.

Al respecto, cobra relevancia el hecho de que, según Baer, la deuda pública pasaría a 71% del PBI si se regularizaran todos los pasivos (con el cálculo del dólar paralelo, o el 65% con el dólar oficial), frente al actual 53%, que es muy parecido al nivel previo a la crisis de 2001.

Para el director del Centro de Investigación Financiera de la Universidad Di Tella, Guido Sandleris, "llegar a un acuerdo para pagar las sentencias de juicios en el Ciadi seguramente ayudará a destrabar créditos de organismos internacionales como el Banco Mundial; esto sucedería aun si no se avanza con los otros temas, y de concretarse, el efecto sería un ingreso neto de divisas al país". En cambio, Sandleris consideró que "con el Club de París la resolución del tema es sencilla conceptualmente, pero difícil en términos políticos para este gobierno, ya que requiere aceptar una revisión de las cuentas con el FMI, lo cual implicaría un fuerte cambio en lo que ha sido la estrategia oficial en este sentido y colocaría al Indec de nuevo en las noticias".

Por su parte, Marcelo Blanco, ex presidente del Deutsche Bank y economista, señaló que "la Argentina se beneficiaría fuertemente de un regreso a los mercados de capitales globales, por el axioma de tasa versus crecimiento, al eliminar la dificultad de seguir financiando el crecimiento con el mercado local". Según Blanco, "existe un alto excedente de fondos líquidos a nivel global aguardando los Alpha Returns, contradiciendo el eslogan de que «el mundo se nos vino encima», ya que la Argentina puede pasar a ser el receptor de la próxima e inminente migración de portafolios como consecuencia de la relatividad de precios con sus países vecinos".

Luciano Cohan, director de Elypsis, indicó que "el principal costo es más político que económico, porque contradice el discurso del Gobierno de «vivir con lo nuestro» que sostuvo en los últimos años". En cambio, aclaró, "desde lo económico, implicaría una simple documentación de pasivos contingentes, que no por no estar documentados no existen, lo que no cambiaría los muy buenos indicadores de deuda que muestra el Gobierno".

En cuanto a la influencia positiva que podría generar sobre las inversiones, Cohan opinó que "dependerá crucialmente de la lectura que se haga de esos movimientos, que, intuyo, de existir, deberían ser acompañados por cambios en el gabinete, en un escenario en el que el Gobierno ya ha comenzado un movimiento hacia una política económica más moderada".

También Agustín D'Attellis, de la agrupación oficialista La Gran Makro, admitió que la llegada de más capitales de mediano plazo "no depende exclusivamente de esto sino de continuar sosteniendo las políticas expansivas que permiten en la actualidad fortalecer el mercado interno, estimulando la demanda efectiva".

En tanto, el ex secretario de Finanzas Lisandro Barry sostuvo que "frente a la escasez de divisas a la que ha conducido el cúmulo de errores e inconsistencias de la política económica, no queda otro camino que buscar el diferimiento de los plazos de pago, si no se quiere provocar un colapso financiero a corto plazo".

"Para evitarlo -afirmó-, debería diseñarse un programa integral, que ataque los problemas que aquejan a la economía, como la inflación, los déficits gemelos, la pérdida de competitividad y la desconfianza generalizada."

Del editor: qué significa.

El Gobierno creía que, al no reconocerla, la deuda no regularizada no era parte del pasivo del país. Tiempo después, es hora de pagar la cuenta.

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