La situación patrimonial de las empresas y particulares endeudados en la Argentina puede variar una vez más si la Corte Suprema de Justicia decide volver atrás con la pesificación.
El procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, sostuvo anteayer que los decretos que habilitaron a los ahorristas a tomar bonos no sanean la inconstitucionalidad de toda la normativa de desdolarización dictada en enero último. Este dictamen de Becerra seguramente influirá en la decisión de la Corte.
Si el máximo tribunal finalmente falla contra la pesificación de los depósitos, también estará pronunciándose contra la de los créditos. Una sentencia de ese tipo agravaría aún más los problemas de los deudores.
El abogado Martín Caselli, del estudio Alfaro, considera factible que la Corte dicte la inconstitucionalidad de los decretos 214, 320 y 370, que generalizaron la pesificación de los créditos.
En cambio, opina que el tribunal puede convalidar la anterior ley 25.561 -sancionada en enero pasado-, que pesifica sólo algunos créditos: los hipotecarios de hasta US$ 100.000, los personales de hasta US$ 15.000 -el monto se estableció por decreto-, los prendarios para vehículos y los destinados a las Pyme.
