Río Negro es la primera provincia en liberar la elección de obra social para sus empleados públicos

Río Negro se convirtió en la primera provincia del país en desregular la cobertura de salud de sus empleados estatales. La Legislatura local aprobó un proyecto de ley impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck que termina con el monopolio del Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross).

La nueva norma alcanza a agentes públicos activos y pasivos y contempla también a su grupo familiar, por lo que podrán derivar sus aportes a la obra social o prepaga que consideren conveniente.

“Creemos que Ipross tiene todas las condiciones para competir en el mercado por los servicios que brinda. Esta decisión permitirá que siga creciendo y mejorando su prestación”, dijo el gobernador rionegrino.

Ivana Porro, titular de la entidad sanitaria, dijo en diálogo con LA NACION: “Se está reconociendo y respetando el derecho de opción. El desafío hoy es que nos elijan por calidad y no por obligación”.

“No hay ningún desfinanciamiento ni vaciamiento de nuestra obra social. No vamos a privatizarla, va a seguir siendo la obra social pública de todos los rionegrinos. Esta situación nos obliga a ser mejores”, agregó la presidenta de Ipross.

Durante el debate, la legisladora oficialista Andrea Escudero, miembro informante del proyecto y vocal de la comisión de seguimiento de la obra social, dijo: “El proyecto no obliga a nadie a irse del Ipross”. Además, explicó que el objetivo es dar por terminada la histórica condición de “afiliados cautivos” que durante años habría sido el principal reclamo de los estatales.

El gobierno provincial implementó un sistema mixto, el cual busca evitar una migración masiva de aportantes jóvenes al sector privado. Según el texto de la ley, los fondos operarán de la siguiente manera:

• Aportes personales: El aporte personal, fijado en un 4% para los trabajadores activos y en un 5,5% para los pasivos, se transferirá mes a mes a la entidad elegida.
• Contribuciones patronales: El Estado provincial o municipal mantendrá bajo su órbita la contribución patronal, equivalente al 7%, que continuará ingresando al Ipross, quedando expresamente prohibida su transferencia a los privados.
• Fondo solidario: Ese 7% retenido financiará la alta complejidad del Ipross. Será en un 3% al Plan Oncológico y Planes Especiales, un 2% al Plan Discapacidad y Prótesis, y un 2% a Farmacia Ambulatoria y Enfermedades Crónicas.
• Costos extra: Si la obra social elegida es más cara, el afiliado asumirá el total de los costos, cuotas o diferencias arancelarias que la receptora exija por sobre el aporte transferido. Así, el Estado provincial queda eximido de toda responsabilidad en la falta de cobertura por la nueva relación.

Para evitar complicaciones administrativas, el nuevo régimen entrará en vigencia desde el primer día del segundo mes siguiente a su presentación.

En esa línea, se fijaron plazos de permanencia: quien ejerza la opción deberá quedarse 12 meses como mínimo en la primera entidad elegida, y 36 meses en las opciones sucesivas. Si la cobertura privada cesa por causas ajenas al afiliado, este será reincorporado de pleno derecho y sin carencias al Ipross. La continuidad de los tratamientos en curso también quedará a cargo del instituto provincial hasta que se efectivice el traspaso.

Por otra parte, el tercer artículo de la ley le prohíbe la libre elección a quienes ejerzan cargos electivos o de designación política, a las autoridades del Estado, a los miembros de organismos de control y el personal de empresas públicas. Todos ellos deberán permanecer en el Ipross.

Según el proyecto, la excepción busca resguardar el “principio de ejemplaridad”, de manera que aquellos responsables de los fondos públicos se mantengan en sistema de salud de su propia gestión.

Por Lautaro Castillo

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