Se intentó frenar el colapso financiero

Las nuevas medidas que puso en marcha el Gobierno buscan evitar que un colapso del sistema financiero local ante la ola de desconfianza activada en los últimos días terminara por provocar una devaluación del peso.

El paquete, que no viola el principio de intangibilidad de los depósitos recientemente fijado por ley, pero que impone severas restricciones para el movimiento de fondos en efectivo, intenta proteger a los bancos de los peligros que para cualquier sistema financiero del mundo supone una corrida de depósitos.

En el caso argentino, la ola de retiros mostró en lo que va del año tres episodios -los cambios ministeriales de marzo, la gran salida de depósitos de junio, que forzó el megacanje de la deuda, y la de julio y agosto, que se conjuró entonces gracias a la renovación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la activación de los seguros de contingencia que tenía contratados el sistema- que fueron minando progresivamente la liquidez de las entidades hasta llegar a lo ocurrido el viernes: algunas no contaban con la cantidad de efectivo necesaria para devolver depósitos ante la masiva solicitud de los ahorristas.

La naturaleza del problema tiene que ver con la estructura general del negocio bancario en todo el mundo. Ocurre que el negocio de los bancos es intermediar el dinero de los depositantes para dárselo a los que demanden crédito, pagándoles a los primeros tasas inferiores a las que le cobran a los segundos, para quedarse con la diferencia.

De allí que captan fondos a plazos por lo general mucho más cortos que los que pactan las líneas de préstamos.

El inconveniente, cuando se presentan crisis de desconfianza como la actual, es que los bancos tienen una capacidad limitada para responder a los depósitos, algo que queda en descubierto cuando se activan fuertes corridas, precisamente porque una buena parte de ellos los usaron para conceder préstamos que son de mucho más extendida recuperación en el tiempo.

Las razones

Esto es lo que quedó en evidencia el viernes último. Y tiene sus razones:

1) En los últimos 10 meses, los bancos perdieron más de 17.000 millones en depósitos, es decir, el 20% de las colocaciones que se contabilizaban al finalizar febrero. Se pasó así de 85.500 millones de entonces a los poco menos de 69.000 millones de hoy.

2) La magnitud del drenaje hizo estéril el esfuerzo que algunas entidades hicieron por acelerar el recupero de sus créditos viejos y pisar el otorgamiento de otros nuevos. La contracción del crédito al sector privado, superior a los 6500 millones en lo que va del año, evidencia ese esfuerzo.

3) Las limitaciones de acceso a los fondos que implicó además la crisis, en un contexto en el que los bancos salieron repetidamente en auxilio del sector público (aunque a tasas muy elevadas que sólo ayudaron a agravar la situación), adquiriendo títulos que luego se desvalorizaban aceleradamente y ponían un límite a su posibilidad de venta en los mercados secundarios.

4) El corte de las líneas de financiamiento del exterior y de las casas matrices de los bancos extranjeros con actuación en la Argentina ante las precauciones que tomaron, dado el persistente deterioro de las condiciones en que se desarrollaba la actividad en la economía local.

5) Las complicaciones operativas adicionales que les impuso ahora el canje de la deuda pública. Los más de 25.000 millones que canjearon el viernes en deuda pública nacional y provincial suponen un dinero del que no podrán disponer con facilidad, salvo por cesión de los préstamos que se les darán a cambio, dado que se trata de instrumentos no comercializables en los mercados.

De allí que el plan se propone detener el drenaje de los fondos y evitar la situación de quiebra a la que serían arrastradas algunas entidades, a las que, sin embargo, no se las puede hoy acusar de insolventes sólo por haber confiado alguna vez en la estabilidad de la economía local y hacer concedido créditos a plazos de hasta 20 años.

Porque el Gobierno sabe que si quebraran, con ellas caería la última frontera de defensa que tiene la convertibilidad.