Se mantiene la puerta abierta para que siga el financiamiento al Tesoro por vía indirecta

Pese a que la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) fue planteada por el Gobierno como una iniciativa para dotar de independencia a esa entidad y terminar con la emisión monetaria destinada a financiar los gastos del Estado, en el proyecto que hoy obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados se mantienen mecanismos que, por vía indirecta, permitirían que esa rueda de auxilio siga funcionando.

El punto más discutido al respecto es el artículo 12 —que sustituye al 28 de la Carta Orgánica actual—, al mantener inalterada la posibilidad de que los bancos integren los encajes prudenciales —el porcentaje de dinero captado de sus clientes que deben mantener inmovilizado en cuentas del propio BCRA, es decir, sin poder utilizarlo para prestar o invertir— con títulos de deuda pública.

Su redacción textual es la siguiente: “Sustitúyese el artículo 28 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144 y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 28: El Banco Central de la República Argentina puede exigir que las entidades financieras mantengan disponibles determinadas proporciones de los diferentes depósitos y otros pasivos, expresados en moneda nacional o extranjera. La integración de los requisitos de reservas se constituirá de conformidad con las reglamentaciones que emita el Banco Central.

Atendiendo a circunstancias generales, el Banco Central de la República Argentina podrá disponer que la integración de los requisitos de reserva se realice parcialmente con títulos públicos valuados a precios de mercado".

El mecanismo, que fue creado en medio de la corrida cambiaria de 2018 —y del que hizo uso y abuso la última gestión kirchnerista—, permite a los bancos obtener una renta por estas imposiciones obligatorias, que hasta entonces —y, por lo común, en el mundo— se hacían a tasa cero. Es decir, convirtió lo que era un costo para las entidades del sistema en, al menos en parte, otra fuente de ingresos provenientes del Tesoro Nacional.

Su uso se fue profundizando en los años posteriores, a medida que crecía el déficit fiscal, porque le generó al Estado —que necesitaba cada vez más financiamiento, no solo monetario, sino también vía deuda local en pesos— una demanda obligatoria de títulos que, en buena medida, le ayudó a manejar los costos de financiamiento.

“Fue un win-win, dado que las dos partes involucradas salen beneficiadas o consiguen lo que quieren”, explicó un operador financiero, sorprendido el día en que el presidente del BCRA, Santiago Bausili, le contestó a este cronista que ese sistema se mantendría, como luego quedó plasmado en el proyecto oficial ahora en discusión en el Congreso.

En esa oportunidad, Bausili señaló que esta prerrogativa que mantienen los bancos “ya no es relevante a la hora de explicar la demanda de títulos”, ya que esta excede por bastante el requisito mínimo establecido. Pero negó cualquier posibilidad de cambio en los encajes remunerados por considerar que podría “generar movimientos bruscos” en el mercado que prefiere evitar.

El punto es que esa alternativa perdió sentido ahora que el Gobierno reordenó las cuentas públicas y logró incluso resultados superavitarios que, jura y perjura, buscará mantener.

“Al permitir que el BCRA determine qué proporción de los encajes puede integrarse con deuda del Tesoro, queda abierto un canal indirecto de financiamiento al sector público: los fondos del sistema bancario se reorientan hacia el Estado y, de manera concurrente, los encajes pierden eficacia como instrumento de política monetaria”, advirtió el Ieral de la Fundación Mediterránea en un reciente documento en el que analizó el proyecto.

“Cerrar o acotar expresamente esa vía completaría la prohibición de financiamiento que el propio proyecto persigue como objetivo central. En la misma línea, sería recomendable revisar si subsiste algún otro resquicio de asistencia indirecta al Tesoro, de modo que la prohibición resulte efectivamente integral”, recomienda el documento.

La idea del Gobierno, como en tantos otros temas en los que su discurso es incongruente, parece ser otra. Claro que, esta vez, incluso está dispuesto a dejar a la vista esa contradicción por ley.

Por Javier Blanco

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