Audiencia por tarifas: al Estado le cuesta US$2317 millones subsidiar solo el servicio de gas

Sin la presencia de funcionarios nacionales de primera línea, hoy comenzó la primera de las tres audiencias públicas para definir nuevos incrementos tarifarios de servicios energéticos a partir de junio. La encargada de explicar la postura del Ministerio de Economía fue Maggie Luz Videla Oporto, subsecretaria de Hidrocarburos, quien evitó mencionar cuánto será el incremento que tendrá en el servicio de gas para el 10% de la población con mayor capacidad de pago. Solo se limitó a ratificar que los usuarios de tarifa social no tendrán nuevas subas, más allá del 20% aplicado en marzo, y que el resto tendrá aumentos adicionales de entre 18% y 20%, dependiendo la zona geográfica del país.

De manera virtual, Videla Oporto estuvo a cargo de la apertura de la audiencia pública, que comenzó a las 10 de la mañana. No estuvieron presentes ni el ministro de Economía, Martín Guzmán, ni el secretario de Energía, Darío Martínez, ni el interventor en el Enargas, Federico Bernal, que será el encargado luego de firmar los nuevos cuadros tarifarios que regirán desde el próximo mes.

La funcionaria hizo un resumen del informe técnico sobre los costos del servicio del gas, que publicó en la página oficial de la Secretaría de Energía días atrás. Allí detalló que el costo total del abastecimiento de la demanda de gas prioritaria (usuarios residenciales y comercios) proyectada para el año es de $363.893 millones o, en moneda extranjera, US$3064 millones. De ese total, el Estado cubre el 75,6% con subsidios económicos.

Luego brindó más números: la demanda prioritaria equivale al 33% del consumo total de gas del país. Además de los consumidores residenciales y comerciales, que demandan 40 millones de metros cúbicos (m3) de gas, hay otros 80 millones de m3 que consume el parque térmico de generación eléctrica, los usuarios industriales y el sector de GNC.

El costo promedio del gas equivale a US$5,76 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), que se compone del costo del gas de producción local y el importado de Bolivia y por barcos (GNL). Con relación a la oferta importada, Videla Oporto indicó que el precio “se ha visto incrementado de manera notable a raíz del conflicto bélico de Rusia con Ucrania”. Además, señaló que si bien se firmó un contrato con Bolivia en el cual se asegura una provisión mínima de 14 millones de m3 diarios, en los últimos dos meses, el país de Luis Arce envió entre 12 y 13 millones de m3/d.

Del total de US$5,76 el millón de BTU, la funcionaria detalló que el Estado financia US$4,35, mientras que los usuarios cubren el US$1,41 restante. Sin embargo, como el costo está dolarizado, pero las tarifas se recaudan en pesos, con la devaluación de la moneda, cada mes los usuarios financian una parte menor del valor del gas.

Críticas de los exponentes

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Jimena Latorre fue la primera en hablar y criticar la política tarifaria del Gobierno, quien se refirió a “la improvisación y la desorientación del Gobierno atravesado por las internas, que hoy se manifiesta en la conducción de la audiencia, donde no están presentes ni el secretario de Energía ni el subsecretario de Energía Eléctrica”.

“Es verdad que llegaron mejores, en dos años llegaron al mismo nivel de subsidios energéticos que a Cristina le llevó dos mandatos presidenciales. El Gobierno se comprometió a reducir los subsidios en aproximadamente US$3000 millones, pero, por lo contrario, los subsidios este año van a tener un piso de US$15.000 millones. ¿Cómo van a financiar esa diferencia de US$8000 millones, que surge de los costos que presentó la Secretaría y la actualización de las tarifas que proponen?”, indicó.

Luego se refirió a la ausencia del interventor en el Enargas, a quien le preguntó: “¿Habrá una nueva audiencia pública para convalidar el pass through a tarifa final? Si es así, ¿le dan los tiempos para que esto se implemente antes del 1° de junio?”

La pregunta es compartida por las empresas también, ya que Bernal indicó en varias oportunidades que, en caso de actualizar el precio del gas que reflejan las tarifas, también es necesario llamar a una nueva audiencia pública para definir ese traslado al precio final de las facturas. En el Ministerio de Economía siempre rechazaron esta interpretación.

La voz disidente del oficialismo estuvo representada en José Luis Ramón, diputado provincial de Mendoza y exaliado de Máximo Kirchner en el Congreso y de Bernal, cuando propuso el proyecto de subsidios adicionales a las localidades de “zonas frías”.

“Con la fortaleza del Frente de Todos acordamos que se sancionara la ley de Zonas Frías. Vemos ahora que esas líneas medias del Frente de Todos se está entregando de manos. El Frente de Todos no puede permitir el avance de la concepción de que los servicios públicos son bienes de mercado, cuando son un derecho social, que dan el derecho humano a cada familia de acceder a él”, indicó.

Esta postura fue compartida por Paula Soldi, directora del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), la organización que ayer publicó una solicitada con otras entidades gremiales cercanas al kirchnerismo duro, en las cual advirtieron que “el bolsillo no soporta otro aumento de tarifas”.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, también disertó en la audiencia pública y dijo que “no es un momento oportuno para más aumentos en las tarifas” y que “los sectores más desprotegidos no podrían resistirlo y tampoco los sectores medios”. En este sentido, indicó que “los trabajadores asalariados no llegan a cubrir la canasta básica total” y señaló que “resulta necesario postergar los aumentos tarifarios, porque tendrán secuelas muy duras”.

Las distribuidoras de gas estuvieron representadas por la cámara que las agrupa, Adigas, que se refirió a la segmentación que se llevará a cabo. “Las distribuidoras son, en esta cadena de valor, las responsables últimas de garantizar la calidad, seguridad y el derecho de accesibilidad al servicio público. Por ello y en beneficio de los usuarios finales, debe garantizarse que la segmentación tarifaria, siendo una prerrogativa del Estado, no las perjudique con su implementación”, dijo Daniel Martini, director de la cámara.

Mañana será el turno de debatir los aumentos de las tarifas de electricidad, el sector que comanda el subsecretario Federico Basualdo, pero no se espera que el funcionario que integra La Cámpora esté presente.