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Tasa Google. Representa el 0,45% de los ingresos fiscales españoles
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El Gobierno dio el primer paso para "modernizar y adaptar el sistema tributario español, anclado en el siglo XX, a las nuevas realidades económicas del siglo XXI". Con estas palabras, La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se refirió a la aprobación de dos nuevos impuestos que el Gobierno lleva más de un año congelados: la tasa Tobin, que grava la compraventa de acciones, y la tasa Google sobre servicios digitales. El Ejecutivo calcula arañar 1.818 millones de euros al año adicionales con estas medidas de nueva creación, una previsión inferior a lo pronosticado hace un año. Entonces, los números presentados por Hacienda se situaban en los 2.050 millones.
El recorte se debe a la menor recaudación prevista para la tasa Google: la estimación del Gobierno pasa de los 1.200 millones de euros a los 968 millones, un 0,45% del total de la recaudación total de impuestos. La ministra de Hacienda explicó este martes que la ralentización económica y el estudio del impacto de medidas similares en otros países han llevado al Gobierno a rebajar sus expectativas.
En 2020, este impuesto digital aportará aún menos: los trámites parlamentarios indispensables para su entrada en vigor y la construcción del aparato necesario para que sea efectivo aplazarán unos meses su efectivo funcionamiento. Este año, además, el impuesto no se liquidará de forma trimestral como menciona el texto legislativo, sino que habrá un único pago que "no se realizará por lo menos hasta el próximo 20 de diciembre", detalló la titular de Hacienda.
El Gobierno trata así de calmar a la Administración de EE UU, que ha amenazado con imponer aranceles a los países que adopten en solitario impuestos de este tipo sin esperar a la propuesta de la OCDE, que está diseñando una tasa nivel global. "España será avanzadilla" en este ámbito, dijo Montero, aunque matizó que "adaptará su legislación interna cuando se apruebe un impuesto a nivel internacional", previsto para finales de este año. "Así habrá margen para que haya un acuerdo internacional sobre este impuesto en las negociaciones que se llevan a cabo en la OCDE y el G-20 y permite más tiempo a las empresas para que se adapten", añadió.
Aplazando el cobro de la tasa, España se alinea a Francia, que ya tiene aprobado el impuesto y hasta llegó a cobrarlo. Pero ante las amenazas de Washington de imponer aranceles del 100% a productos galos, decidió retrasar los cobros hasta diciembre. Montero incidió este martes en que el impuesto "no es discriminatorio en función de la nacionalidad o el tipo de empresa" y aseguró que las relaciones con EE UU son fluidas: "Seguiremos estando atentos pero nuestra tarea es tener una fiscalidad justa para los ciudadanos".
El proyecto de ley sobre el que se rige el impuesto digital, al que tuvo acceso EL PAÍS, se mantiene prácticamente idéntico al presentado el año pasado ante las Cortes, que decayó al disolverse las Cámaras por la convocatoria de elecciones en abril. El texto hace del usuario el eje alrededor del cual funciona el tributo: serán gravados los servicios digitales donde la actividad del internauta genera valor para la empresa. De esta manera, el Gobierno aborda un asunto que está en el centro del debate internacional: que las compañías que prestan servicios digitales tributen donde hacen negocio en lugar de desviar beneficios a territorios con reglas fiscales más laxas.
La norma contempla tres hechos imponibles: la publicidad online dirigida a usuarios de páginas web, plataformas o programas; los servicios digitales de intermediación que permitan a los internautas interactuar y "facilitar entregas de bienes o prestaciones de servicios" entre ellos, y la venta o cesión de datos de los usuarios que ellos mismos hayan generado en los sitios de Internet. Dentro de este saco caen tanto empresas puramente tecnológicas como buscadores (Google), redes sociales (Facebook) o plataformas de comercio (Amazon), como otras compañías que no basan su negocio solo en el arsenal de datos que los usuarios dejan en la Red aunque generen valor con ello, como las telcos.
El impuesto digital tampoco afectará a pymes o pequeñas startups. Solo va dirigido a empresas cuya cifra de negocio mundial rebase los 750 millones de euros anuales y tengan ingresos en España superiores a los tres millones. El tipo del gravamen será del 3% sobre la base imponible. La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), que agrupa a 500 empresas tecnológicas, advirtió este martes de las "duras consecuencias" que tendrá para la economía española la aplicación "unilateral" del impuesto digital que, a su juicio, derivará en una "fuerte pérdida de competitividad" de las empresas, provocará la fragmentación del mercado único digital, la paralización de la inversión en el país y "aislará a España del contexto digital global", informa Ramón Muñoz.
La tasa Tobin, por su parte, gravará con un 0,2% la compraventa de acciones de firmas españolas con valor bursátil de más de 1.000 millones, y serán los intermediarios financieros que ejecuten la orden de compra quienes la abonen.
Montero, que justificó esta tasa con el ánimo modernizador del sistema tributario, también recordó que "el sector financiero recibió apoyo durante la crisis por parte de las Administraciones públicas", en referencia al rescate concedido por la UE para las antiguas cajas de ahorros. En este caso, la previsión de recaudación del Gobierno es la misma que la del año pasado: 850 millones. •
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