Ganancias y aportes. Los cambios que propone el Gobierno a la ley que da beneficios al sector tecnológico

Con algunas limitaciones a las excenciones que las grandes compañias hubieran tenido con la norma aprobada por el gobierno de Mauricio Macri y con un costo fiscal de unos $5000 millones, el Gobierno envió hoy -dentro del marco de las sesiones extraordinarias del Congreso- un proyecto de ley para modificar la Ley de Economía del Conocimiento, que regula los beneficios para el sector tecnológico y de exportación de servicios para pequeñas firmas y grandes empresas como Mercado Libre, Globant y Accenture, entre otras.

En el sector indicaron a LA NACION que están revisando los cambios y prefirieron, hasta todavía no tener los detalles de la nueva reglamentación, no hacer comentarios. La letra de la iniciativa del Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas mantiene los beneficios de reducción de alícuota sobre el impuesto a las ganancias y la rebaja sobre el pago de contribuciones patronales para todos, pero en este último caso los limita para las grandes firma. A su vez, busca mejorar las condiciones de acceso para las pymes.

La modificación de la norma aprobada por unanimidad a comienzos del año pasado en el Congreso y cuya reglamentación había sido frenada por el actual Gobierno buscará -dice el oficialismo- promover las facilidades de ingresos de las pymes y microempresas a partir de una flexibilización de los requisitos de acceso, que tiene que ver con determinados porcentajes de inversión en Investigación y Desarrollo (I&D), capacitación y exportaciones que las empresas interesadas debían cumplir para poder acceder a los beneficios de la ley.

Las empresas que hoy tienen la posibilidad de obtener el beneficio son, indicaron en el Gobierno, unas 521. Pero en el oficialismo esperan que esta cifra crezca. "Con la ley de Macri entraba todo el mundo por diez años", criticaron sobre la falta de "límites claro" en la iniciativa que había sido impulsada por Cambiemos, pero apoyada por todos los partidos.

El proyecto de modificación mantiene los dos beneficios que estaban vigentes, que deben revalidarse cada dos años. Esto es la reducción de alícuota sobre ganancias y la del pago de contribuciones patronales, aunque se modifica el modo de calcularlos (se retoma lo establecido en la ley de software, o sea un 60% de reducción en Ganancias y un 70% en las contribuciones patronales). Esto se decidió porque la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva había modificado las bases de cálculo haciendo imposible la aplicación de la nueva ley.

Con relación a las contribuciones patronales hubo dos novedades: un tope inicial equivalente a siete veces la cantidad de empleados de una pyme tramo II (535 empleados), lo que implica que el beneficio aplica inicialmente a un máximo de 3745 empleados que puedan ser promovidos en este régimen especial del 70% de la reducción de los aportes patronales.

"Todas las empresas con beneficios de la Ley de Software tienen una cantidad menor de beneficiarios a la que establece el nuevo tope", dijeron en el Gobierno para describir que nadie queda afuera del último régimen aplicado. Sin embargo, con la nueva ley aprobada por Mauricio Macri los beneficiados con la baja de contribuciones, sobre todo en las grandes empresas, hubieran sido mas. "Macri quiso hacer su reforma impositiva con esta ley", cuestionaron desde el oficialismo, donde dijeron que la idea es que este régimen de promoción sea focalizado.

¿Cómo funciona el tope? Si una empresa al momento de la inscripción tiene 5000 empleados, va a poder inscribirse al régimen con 3745 empleados afectados a la actividad promovida. Luego el beneficio se vuelve incremental si esa compañía suma empleados por encima de su nómina inicial de 5000. Claro que esto dependerá de un cupo anual para el beneficio a ser decidido por el Gobierno o el Congreso en base a la existencia de margen fiscal.

Además, la iniciativa busca sumar una "orientación inclusiva y federal". Las empresas podrán acceder a 10 puntos adicionales en las contribuciones patronales -al 80%- en caso de que incorporen mujeres, profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; discapacitados, personas que sean beneficiarias de planes sociales o que habiten en zonas de menor desarrollo relativo. Este beneficio se aplica a todo el empleo incremental.

La ley aprobada el año pasado obligaba a las provincias a adherir al régimen mediante la sanción de una ley que respetara la estabilidad fiscal y ofreciera beneficios adicionales. Estas leyes provinciales debían dictarse antes del 31 de diciembre. A esa fecha, sólo seis provincias habían cumplido con este requisito. Ahora sólo se mantiene la estabilidad del beneficio (y no la fiscal), por lo que no es necesario que la ley pase por los parlamentos provinciales.

El Gobierno ajustará además la forma de encuadramiento para las empresas de nuevos sectores cuyo ingreso al régimen no estaba definido a partir de la exigencia del 70% de facturación de la actividad principal. Así, se busca impulsar, por ejemplo, a una empresa que utiliza nanotecnología en su proceso productivo y que no necesariamente lo factura.

Con foco en las pymes, el proyecto establece la creación de un Consejo Consultivo integrado por entidades del sistema de ciencia, tecnología e innovación y fija criterios para definir el encuadre de empresas ligadas a las nuevas actividades. Además, se crea un fondo con un porcentaje aportado por las empresas que cobran el beneficio. Se utilizará para la promoción del sector y con el objetivo de financiar capacitación, formación de recursos humanos, proyectos de inversión productiva, internacionalización de pymes y actividades de innovación.

Por Francisco Jueguen

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