Un circuito paralelo para privilegiar los pagos de los empresarios amigos
Ni en una pesadilla Lázaro Báez habrá imaginado que sus trabajadores serían la mecha que encendería el infierno judicial en el que está. El 12 de diciembre de 2015, dos días después del cambio de inquilino en la Casa Rosada, el nuevo jefe de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Javier Iguacel, se informó a través de un resumen de prensa sobre un conflicto en Santa Cruz. Los empleados de Austral Construcciones tenían a media provincia convulsionada, decía la crónica periodística, porque no cobraban los sueldos. Los debía pagar la nave insignia con la que Báez se hizo millonario, pero le echaban la culpa a Vialidad.
Iguacel se sorprendió con los renglones que relataban la historia donde un supuesto funcionario de su cartera reconocía el incumplimiento de Vialidad. Todo eso lo llevó a ordenar una auditoría. La hizo parte del equipo de planta del organismo, pero bajo el pedido de actuar "con las manos desatadas".
Los resultados de la investigación fueron aún más sorprendentes desde la mirada del Gobierno. El reclamo provenía de los empleados de una empresa a la que se le había pagado por adelantado, cuando al mismo tiempo el Estado tenía con otras constructoras deudas de casi un año por US$ 2000 millones.
Puestos en una carpeta, los hallazgos se convirtieron en la base de una causa que hoy se tramita en el juzgado de Julián Ercolini y por la cual el Estado reclama un reembolso de $ 22.500 millones.
Según la investigación al interior de la DNV, el organismo le enviaba todos los meses al Ministerio de Economía una planilla con los certificados para cancelar las deudas con las empresas constructoras. Quien daba la orden era José López, entonces secretario de Obras Públicas y desde el año pasado un preso célebre del kirchnerismo, luego de intentar ocultar casi US$ 10 millones en un convento.
LA NACION vio una de esas listas, correspondiente a enero de 2015. En el margen derecho estaba anotado con letra manuscrita: "Los 10 primeros sí o sí se paguen [sic]". En el sexto lugar de esa lista figuraba Austral Construcciones, que tenía para cobrar ese mes $ 60 millones.
La prioridad de pago hacia las compañías de Báez se repetía en la mayoría de los documentos en los que se liquidaban las deudas de Vialidad, algo que le permitió al organismo, que funciona en la órbita del Ministerio de Transporte, a cargo de Guillermo Dietrich, denunciar la existencia de un circuito para privilegiar al empresario a través de la complicidad de Báez, López y Julio De Vido, a quienes señala de haber montado una organización para defraudar al Estado.
Para concretar esas maniobras se estableció un circuito de pago de excepción, distinto del proceso ordinario. Austral Construcciones y las restantes empresas del grupo obtuvieron del anterior administrador de Vialidad Nelson Periotti, el visto bueno para el pago anticipado de certificaciones de obra, algo que está contemplado en un acuerdo firmado por Sergio Passacantando, ex gerente de Administración de la DNV. Ese convenio acompaña la denuncia.
Sobre esa base, la Jefatura de Liquidaciones del organismo, a cargo de Claudia Bellofatto, remitía notas a la comisión permanente de actualización y consolidación de deuda indicando e individualizando los expedientes y las fechas que debían cancelarse anticipadamente.
Las empresas de Báez, no sólo Austral, sino también Kank y Costilla, recibieron 51 obras de un total de 83, un 78,4% de toda la provincia. Y si bien las compañías del empresario incumplieron los plazos, nada de eso se trasladó a la administración kirchnerista, que les pagó con una demora promedio en torno de los 60 días (otras empresas tenían una espera cercana a los 260 días).
Según un relevamiento de LA NACION, tan sólo en la primera década de gobierno el kirchnerismo destinó $ 63.400,71 millones al tendido y la reparación de rutas a través de la DNV, uno de los presupuestos más jugosos del país.
Santa Cruz fue la más beneficiada: se llevó cerca de $ 6885 millones, casi el 11% de lo disponible. La siguió Buenos Aires, el distrito económico más importante, con menos del 10%.
Con la llegada de Macri, la distribución de los fondos para rutas cambió sustancialmente.
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