Uruguay quiere garantizar que respeta el secreto bancario

MONTEVIDEO.- La justicia uruguaya dispuso mecanismos para evitar que los ahorristas argentinos y de otros países que tienen cuentas en un banco que fue allanado a pedido de la Argentina sientan que pueden perder la protección legal de confidencialidad sobre sus movimientos de dinero.

No sólo evitó que el juez argentino Norberto Oyarbide y su equipo técnico pudieran examinar toda la información retenida al Royal Bank of Canada (RBC), sino que se aseguró que en caso de hallar datos que justifiquen su envío a Buenos Aires antes se les dará vista a los asesores jurídicos del banco para que analicen la situación y presenten sus observaciones. Ahora el material es revisado por peritos del Instituto Técnico Forense y de la Secretaría Nacional Antilavados y del Juzgado del Crimen Organizado. Luego de esa compleja revisación se pasará el expediente al Ministerio Público, y después, a la magistrada del caso.

El inusual procedimiento de uno de los juzgados del crimen organizado de Uruguay, a pedido de la justicia argentina, había generado preocupación en el sector financiero y en estudios jurídicos locales. Es que la jueza del caso, Adriana de los Santos, había tomado dos decisiones que no encuentran precedente, según los especialistas.

Primero, en vez de levantar el secreto bancario sobre las cuentas de los clientes sospechados -con una fundamentación de los motivos-, se llevó del banco y de una casa cambiaria el total de información sobre cuentas de clientes extranjeros. Segundo, ofreció esa información a Oyarbide y le exigió que enviara lo antes posible a peritos para disponer de datos de miles de cuentas.

El RBC decidió retirarse de Uruguay y cerrará sus oficinas a fines de octubre, por entender que no puede afirmar sus planes de expansión en el país y que su imagen de confidencialidad se ha deteriorado. El gobierno apoyó a la jueza: el secretario de la Presidencia, Homero Guerro, dijo que lo sucedido "repercute de forma positiva en el país porque demuestra un control y que Uruguay se está adaptando a los nuevos tiempos".

Mientras Oyarbide demoraba en responder al reclamo de la jueza, las gestiones del propio banco y de otros agentes financieros y jurídicos motivaron la reacción de la Suprema Corte de Justicia, que efectuó un planteo ante la magistrada.

La investigación, con cooperación de la justicia de ambos países, se dio en el marco del "Protocolo de asistencia jurídica mutua en asuntos penales" del Mercosur, aprobado en junio de 1996 durante la cumbre de San Luis, Argentina.

El abogado especializado en legislación sobre el sistema financiero Juan Manuel Albacete destacó que ese tratado "no habilita las expediciones de «pesca», que es lo que se conoce como una investigación sin individualizar delincuentes". La operación "debió estar dirigida a ciertas cuentas o determinadas personas", pero los datos que se llevaron eran de todos los clientes, unos 6000. Según supo LA NACION, de esa cartera la casi totalidad son argentinos, y una porción más chica, brasileños y paraguayos.

El asesor de bancos, socio del estudio Guyer & Regules, manifestó que además los allanamientos "excedieron" lo dispuesto, porque "nada justifica" que se hayan usado las "fuerzas de choque" y se hayan incautado casi 90 computadoras e incluso "los teléfonos celulares" de los empleados.

El director de Comunicación del Poder Judicial, Raúl Oxandabarat, aseguró que no se ha dado ni un solo dato a la Argentina y que antes de enviar información se "va a dar conocimiento a los abogados de las empresas". Aseguró que "la justicia argentina no tiene ninguna posibilidad de intervención en lo que tiene que ver con el manejo de los temas jurídicos en Uruguay".