Abogados y los malos ejemplos
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LA NACION
La literatura universal, abrevando muchas veces en la realidad, no ha contribuido a presentar una imagen favorable de la profesión de abogado. Su necesaria intervención en momentos poco gratos de la vida lleva a que la población en general vea con malos ojos a estos imprescindibles actores sociales.
El creciente descrédito que rodea la tarea judicial, por demás justificado en algunos casos, tampoco ayuda a los profesionales del derecho. La noble profesión se ha banalizado y desprestigiado al ejercerla en cuestionables términos, como cuando se la pone al servicio del chisme y los corrillos del espectáculo.
Contra la imagen de los abogados atentan también casos como el del entregador de la camioneta Trafic usada como coche bomba para la voladura de la AMIA, Carlos Telleldín, quien se calificó a sí mismo como “auténtico pillo”. Mientras estaba detenido se recibió de abogado y hoy ejerce la profesión en el fuero penal aprovechando sus contactos en comisarías, como él mismo reconoce, para atender a unos 300 presos comunes, así como a un miembro de la Triple A, entre otros controvertidos personajes.
Otro caso es el de la abogada Julieta Bonanno, acusada de ser partícipe en el homicidio de dos de sus clientes, un narco mexicano y su hijo, en 2018, un crimen con claras connotaciones mafiosas.
Nadie osaría oponerse a que los reclusos se capaciten y estudien en las cárceles; por el contrario, se deben alentar y celebrar estas prácticas. Tampoco se niega aquí el derecho universal a la defensa, garantizado constitucionalmente, y al debido proceso legal, pero no podemos no llamar la atención respecto de que quienes fueron encontrados culpables de gravísimos crímenes puedan ejercer como abogados. No solo porque más allá de que pudieran haberse arrepentido, su accionar pasado los descalifica moralmente para ejercer, sino también porque proyectan una lamentable imagen sobre la profesión. Cabe preguntarse si los colegios de abogados, por medio de sus tribunales de ética, no deberían establecer pautas más estrictas para el ejercicio de la profesión, sancionando las faltas de estilo y decoro que se exhiben de continuo, exigiendo estándares éticos mínimos para otorgar o renovar la matrícula de letrados que la deshonran, reforzando además las enseñanzas deontológicas en la carrera de abogado para continuar formando a las generaciones futuras, salvaguardando así el prestigio de muchísimos profesionales que honran su profesión.
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