Abominables escraches
Si un juez, un funcionario o cualquier ciudadano no tienen garantizadas la seguridad física ni el desempeño de actividades o si se perjudica a otras personas con reacciones fuera de lugar, el panorama resulta sombrío
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Las circunstancias por las cuales la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba), con sede en Junín, debió un acto académico en el que distinguiría al juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carlos Rosenkrantz no son un episodio, sino un síntoma de que todavía existen grupos que, sencillamente, no han aceptado las reglas de la convivencia civilizada.
Producto de la agitación que el Partido Justicialista había provocado con su repudio a cualquier distinción al juez Rosenkrantz en Junín sobre la base de acusaciones de actuación irregular y de parcialidad respecto de Cristina Kirchner, ese acto debió ser cancelado apenas tres horas antes de su inicio. Al parecer, las autoridades de esa casa consideraron que no estaban en condiciones de proveerle al visitante, ni de obtener de la policía local, la seguridad adecuada frente a la barbarie que se anunciaba.
Sin perjuicio de señalar la obviedad de que la Corte Suprema ha sido, respecto de la condena firme que purga la expresidenta, solamente el último eslabón de una sólida y uniforme actuación de muchos jueces y fiscales, buena parte de ellos designados por el gobierno de la propia condenada, se ha afectado la libertad académica de que goza cualquier universidad para distinguir a quien quiera.
La libertad de expresión, como cualquier derecho de jerarquía constitucional, no puede invocarse para amenazar con vías de hecho que impidan la realización de un acto de la índole que fuere.
Tampoco para amedrentar a un funcionario, a su familia y a sus vecinos como los escraches que se le hicieron en los últimos días al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, frente a sus domicilios mientras la Justicia define si le cabe o no algún grado de culpabilidad.
Las amenazas a la integridad física no está permitida contra nadie, pero si un juez de la república, que integra precisamente el tribunal que custodia en última instancia el ejercicio de los derechos constitucionales, o un funcionario del Poder Ejecutivo, no tienen asegurada su seguridad física ni el desempeño de actividades diversas porque nadie está en condiciones de protegerlos suficientemente, plantea que un panorama muy sombrío se cierne sobre la convivencia entre los argentinos.
Tipo de trabajo:
opinión
