Abusiva creatividad impositiva
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Las medidas fiscales que instrumenta el actual gobierno pueden terminar impactando negativamente sobre la recaudación tributaria
En sus dos períodos presidenciales finalizados en 2015, Cristina Kirchner aumentó la presión tributaria en cerca de diez puntos del PBI. Esta vocación por crear y aumentar impuestos y al mismo tiempo hacer crecer el gasto público se repite en el actual mandato de Alberto Fernández. Desde el 10 de diciembre de 2019 han aparecido nuevos tributos y se han incrementado las imposiciones por varios de los existentes. El Gobierno parece no percibir que estos incrementos tendrán efectos negativos y no positivos sobre la recaudación.
Arthur Laffer demostró que cuando un impuesto se hace suficientemente elevado, la recaudación, en lugar de aumentar, se reduce. Sin que se llegue a una rebelión fiscal, muchos no podrán pagar, otros preferirán esperar una moratoria, algunos elegirán mudar su domicilio fiscal a otro país, como ya está ocurriendo, y, en general, aumentará la evasión. Estas alternativas son tema de conversación en ambientes empresarios y profesionales, particularmente frente a la media sanción del impuesto a las grandes fortunas, mal llamado "aporte solidario y extraordinario".
La disposición oficial a bajar el gasto solo se ha manifestado hasta ahora en el deterioro del nivel real de los salarios públicos y de las jubilaciones. Los aumentos nominales se han retrasado respecto de la inflación y seguirán haciéndolo al dejar expresamente de lado el índice de precios en las fórmulas de ajuste. No se conoce un programa de reforma del Estado que se proponga una reducción genuina del gasto a la vez que un aumento de la eficiencia. La carta de los senadores oficialistas al FMI expresa, utilizando un lenguaje teñido de populismo de izquierda, que no aceptarán un ajuste por el lado del gasto. Con esa misma concepción ideológica ponen acento en la redistribución compulsiva del ingreso y piensan que la solución a la pobreza es sacarles a los ricos para darles a los pobres. Ven la economía como un sistema de suma cero y no entienden el crecimiento, ignorando que depende de la inversión. Si se quiere generar empleo y nivelar para arriba, hay que crear confianza y alentar inversiones. Es exactamente lo opuesto a lo que se logra creando más impuestos o aumentando los existentes. De este modo no solo se reducen la rentabilidad y la competitividad empresarial, sino que además las modificaciones impositivas frecuentes afectan la seguridad jurídica e incrementan el riesgo inversor.
Dicho esto, veamos cómo el actual gobierno creó o aumentó impuestos, incluyendo los que están en proceso parlamentario.
El impuesto a los bienes personales es uno de los casos más notorios. En oportunidad del blanqueo de 2016, y con el fin de incentivarlo, se redujo la alícuota llevándola al 0,75% en 2016, al 0,5% en 2017 y al 0,25% a partir de 2018. Pero el actual gobierno, solo dos semanas después de asumir, elevó el mínimo al 0,50% y el máximo al 1,25%, adicionando otro 1% si los bienes estuvieran en el exterior. Este adicional quedaba sin efecto si se repatriaba un 5% del valor de esos bienes. El mínimo no imponible se mantuvo en dos millones de pesos a pesar de la inflación registrada. Lo que en 2016 suponía un incentivo terminó a fines de 2019 demostrándose una ratonera. Quienes blanquearon amparados por una ley se toparon con cambios que les impusieron un tributo más gravoso.
Creer que la solución a la pobreza es sacarles a los ricos para darles a los pobres es desconocer los mecanismos del crecimiento económico
No terminó ahí. El impuesto a la riqueza despunta. Si la ley es sancionada, aquellos que posean activos por más de 200 millones de pesos deberán cumplir con el "aporte voluntario" en porcentajes progresivos partiendo de un 2% hasta un 3,5%. Tendrán un recargo del 50% los bienes en el exterior, salvo que se repatrie un 30% de aquellos. A diferencia de Bienes Personales, este nuevo impuesto no reconocerá exenciones, tales como los bonos públicos argentinos o la vivienda familiar. No se deducirán los pasivos y no habrá ninguna consideración para bienes dedicados a la producción o para acciones. Aunque se lo presente como aporte voluntario por única vez, es un impuesto, ya que es compulsivo y ya sabemos que, como tantos otros, seguramente quedará de manera definitiva. Cotejando las alícuotas con los rendimientos usuales para colocaciones de bajo y mediano riesgo, este impuesto se llevará parte del capital. Será confiscatorio y además se superpondrá a un impuesto ya existente, por lo tanto será claramente anticonstitucional y activará una catarata de juicios. Otra vez una trampa para quienes cumplieron y una señal absolutamente negativa para la inversión en la Argentina. Hay ideología y populismo detrás de esta creatividad tributaria, toda vez que el destino de la recaudación parece sumamente confuso.
El cepo cambiario llevó a multiplicar las restricciones en el manejo de divisas. La autorización de compra de 200 dólares mensuales motivó una fuerte demanda debido a la brecha entre la cotización oficial y la informal. A fin de atenuarla, en la ley 27.541 de "solidaridad social y reactivación productiva", del 23 de diciembre de 2019, se dispuso la creación de un impuesto del 30% sobre la compra de dinero extranjero, incluyendo los consumos con tarjetas de crédito, turismo exterior y pasajes. Es el denominado impuesto País. En el pago de servicios digitales el gravamen es del 8%. Los monotributistas pueden computar ese 35% como pago a cuenta de Bienes Personales y el resto de los contribuyentes, a cuenta del impuesto a las ganancias.
Una de las deformaciones de nuestra economía es el alto costo laboral a pesar de pagar salarios bajos. Sería de rigor reducir los impuestos al trabajo; sin embargo, se derogó la actualización por inflación del mínimo no imponible para los aportes patronales. Al quedar fijo pero incrementarse nominalmente los salarios, se produjo un aumento de los costos laborales para las empresas, cada vez menos proclives a fomentar la empleabilidad. También se dejó sin efecto el proceso de convergencia del porcentaje del aporte patronal hacia el 19% interrumpiéndolo en un 18% para las pymes y en 20,4% para las empresas grandes. Estas últimas se vieron afectadas.
Se incrementaron los derechos de exportación de la soja y otros productos llevándolos hasta un máximo del 33%. En octubre pasado se decidió una reducción del 3%, pero solo por tres meses y descendente. Fue una merma poco significativa para motivar una más rápida salida de las existencias retenidas a la espera de una devaluación.
Modificaciones impositivas frecuentes afectan la seguridad jurídica e incrementan el riesgo inversor
El proyecto de presupuesto 2021 incluye varias modificaciones impositivas, todas hacia arriba. Una especialmente nociva es la del aumento de los impuestos internos sobre productos tecnológicos tales como los celulares u otros del campo electrónico. El aumento es menor para lo armado en Tierra del Fuego. Se trata de elementos relacionados con la eficiencia de las comunicaciones con impacto en todo el espectro productivo.
Con la sanción del presupuesto, desde el 1° de enero se pondrán en vigencia un impuesto sobre los automotores destinado al Fondo de Incentivo Docente; un aumento del 2 al 5% sobre las apuestas online; un gravamen del 0,5% sobre las primas de seguros automotores destinado a la Comisión Reguladora del Transporte y un impuesto del 0,3% sobre las primas de seguros para el Fondo Nacional de Defensa del Fuego.
La carrera impositiva no solo comprende al gobierno nacional, sino también a provincias y municipios. Valga como muestra el nuevo impuesto del 1,2% a las transacciones con tarjetas de crédito en la ciudad de Buenos Aires y el impuesto al viento creado por la Municipalidad de Puerto Madryn, determinado por el 4,5% de las ventas de energía eólica. Seguramente, en adelante, las inversiones en energía eólica no irán a Madryn, de la misma forma que todo nuevo impuesto de alcance nacional ahuyentará inversiones. Este pobrismo fiscal revela que nuestros gobernantes poco entienden del funcionamiento de una economía ya castigada, cuya reactivación demandaría medidas diametralmente distintas.
