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Aduana: la monumental mafia de los contenedores
Cada uno de los 2500 containers de la megacausa transportaba mercadería por un promedio de 300.000 dólares: una millonaria evasión en aranceles
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LA NACION
Semanas atrás se conoció un inédito caso por el que se procesó a tres altos funcionarios aduaneros y a otros 45 empleados, al tiempo que se libró un embargo por 21.000 millones de pesos. En una causa que ya cuenta con 163 procesados, la medida fue dictada por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, quien investiga el contrabando de unos 2500 contenedores. Según se señala en el expediente, con documentación apócrifa se simularon numerosas importaciones de distintos productos. Tal el caso de 1115 toneladas de piedra pómez declaradas como procedentes de China en 2014, cuando en rigor los contenedores traían electrodomésticos y otros productos de valor muy superior.
Se calcula que en cada uno de los 2500 containers se transportaba mercadería por un promedio de 300.000 dólares, un ilícito que permitió una millonaria evasión en aranceles a la importación entre 2014 y 2015, aunque se estima que se habría iniciado mucho antes. Queda claro para el juez que se trata de un caso de conveniente "ceguera voluntaria" para justificar una "ignorancia deliberada" en la "certeza de impunidad" que llevó a los funcionarios involucrados a relajar los cuidados con el paso del tiempo frente a tan exitosa como criminal operatoria.
La megaoperación involucraría unos 750 millones de dólares, por lo que el magistrado consideró que el hecho constituye "un verdadero sabotaje que colisiona con el artículo 4 de la Constitución nacional", referido a los ingresos del Estado en relación con los derechos de importación y exportación.
Si bien los imputados podrían pasar a ser más, ya fue procesado Daniel Santanna junto a los exsubdirectores de la administración kirchnerista Eduardo Bernardi y Edgardo Paolucci, todos con importantes cargos durante la gestión de Ricardo Echegaray en la AFIP. No podemos soslayar que en los casos más sonados el accionar criminal de los agentes aduaneros implicaría también connivencia con miembros de fuerzas de seguridad e inteligencia.
La causa se inició en marzo de 2016 con una presentación de la Aduana ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en la cual se investigaba el contrabando de 532 contenedores. Entre las pruebas incorporadas al expediente se encuentra documentación que el juez Aguinsky calificó de "información escandalosamente asimétrica" relativa a la balanza comercial entre la Argentina y China, cuando desde China se reportaron exportaciones a la Argentina por cifras muy superiores a las que se reconoce en nuestro país como importaciones en el mismo rubro.
Con una envergadura poco común como la de este caso, muchos otros también reflejados en numerosos testimonios judiciales confirman que el contrabando ha estado históricamente enquistado en buena parte de la estructura del servicio aduanero. Este sistema perverso, de acuerdo con la opinión del magistrado, que compartimos, incluye "iniciativas privadas apalancadas por integrantes de los órganos de control" del Estado que permiten hablar de una "institucionalización del delito de contrabando" coordinado por algunos estudios de comercio exterior y utilizado por algunos empresarios.
Como resaltó Aguinsky en su resolución, la Dirección General de Aduanas por sí sola no podrá generar los cambios que se necesitan para transparentar los procedimientos internos. Propuso así implementar un registro fílmico que audite y documente el historial de un contenedor desde su ingreso a puerto y que incluya el monitoreo por escáneres.
Desde estas columnas hemos destacado las millonarias inversiones realizadas por las autoridades salientes de la Aduana, encabezadas por Diego Dávila, en proyectos de reingeniería con el fin de reemplazar obsoleta tecnología, reducir las demoras, facilitar la trazabilidad y mejorar los procesos de informatización de trámites.
El nuevo gobierno anunció que implementará más controles, como el de etiquetado, el canal rojo obligatorio en un mayor número de posiciones arancelarias y aduanas especializadas.
Resulta imperioso continuar instrumentando los cambios que sirvan tanto para acotar la discrecionalidad como para desalentar las innumerables expresiones de corrupción sistémica enquistadas para beneficio de unos pocos y en detrimento de toda la sociedad.
LA NACION
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