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Agricultores grandes y pequeños
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Debe celebrarse que el Gobierno, con la presidenta Cristina Kirchner a la cabeza, y los representantes de las entidades rurales hayan iniciado un proceso de diálogo, tras el prolongado conflicto derivado del inconsulto sistema de retenciones móviles a las exportaciones agrícolas impuesto por las autoridades nacionales.
Es de esperar que ese diálogo apunte a sentar las bases de una política agropecuaria de largo plazo, que otorgue la necesaria previsibilidad a los agentes económicos y a la sociedad toda. Sería deseable también, por no hablar de una nueva ley de coparticipación federal, que se defina con precisión qué porcentaje de los ingresos por retenciones debería traducirse en obras de infraestructura vial y ferroviaria que, paradójicamente, están faltando, mientras se anuncian proyectos faraónicos, como un tren bala que sólo estará al servicio de un público de muy elevados ingresos.
Del mismo modo, debería abandonarse la distinción entre grandes y pequeños productores en la cual se empeña el Gobierno, con el inconfesable fin de cooptar a estos últimos a cambio de supuestos beneficios que hasta el momento no se vieron.
El programa de medidas que el Poder Ejecutivo ha propuesto para responder a la protesta rural, cuyo pilar es compensar con devoluciones de montos equivalentes el aumento de las retenciones para todos aquellos productores de hasta 500 toneladas anuales de producción de soja y girasol, exhibe graves contradicciones entre sus declamados propósitos y la realidad.
Dividir a los productores en grandes, por un lado, y pequeños y medianos, por otro, constituye una gran simplificación. No sólo por ser grande un productor ha de ser rentable ni por ser pequeño o mediano lo será en menor cuantía, como lo muestra, por ejemplo, la diferencia en su favor entre quienes trabajan su propio predio y aquellos que lo arriendan.
A diferencia del pasado, cuando existía un relativamente reducido grupo de grandes propietarios con mayor capacidad de negociación a la hora de fijar los arrendamientos a un gran número de arrendatarios, la realidad actual muestra la existencia de productores grandes que cultivan granos en campos que arriendan a sus propietarios, sean éstos grandes o pequeños.
Pretender establecer un límite entre unos y otros es no solamente arbitrario y discriminatorio, sino impracticable. Al irrumpir en esta delicada red de decisiones, mediante el ordenamiento estatal del mercado, se fractura uno de los fundamentos de la expansión agrícola nacional de los últimos 20 años.
En otro orden, resulta errónea la calificación que pesa sobre los llamados pools de siembra, basados en la agrupación de inversores, cuyas administraciones, según se esgrime equivocadamente, orientarían sus gastos de producción hacia los grandes centros urbanos en lugar de volcarlos sobre ciudades y pueblos del interior. Tal descalificación no se compadece con la realidad, en tanto la arquitectura financiera de esta reciente figura empresaria suele contener cuotas de capital aportados por profesionales, comerciantes y, en general, ahorristas locales, quienes corren los riesgos lógicos del negocio y gastan sus ganancias, cuando las hay, en esas mismas fuentes. Por otra parte, tanto las tareas de labranza y cosecha como los salarios, que representan una proporción importante del negocio, se contratan en el lugar. Si otros pools recurren a los centros financieros o adquieren parte de sus insumos en los grandes centros urbanos, ello será en la búsqueda de mejores condiciones. Nada de esto resulta un pecado; por el contrario, parece haber contribuido a expandir la producción y, tal vez, a reducir costos, para beneficio general.
La distinción que se preconiza entre grandes y chicos padecerá severas imperfecciones, al tiempo que se prestará a favoritismos y corrupción, sin garantizarles beneficios a los mas pequeños. La solución más conveniente será establecer, mientras dure la coyuntura internacional, un nivel razonable de retenciones idéntico para todos.
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