Agro y Gobierno: conflicto sin fin

El agro, el sector más dinámico y competitivo de la economía nacional, el que más contribuye al comercio exterior y al tesoro nacional, sigue siendo uno de los más agredidos tanto en términos económicos como políticos. Para el campo, el año termina casi igual que cuando se inició el conflicto con el Gobierno, en marzo pasado.

Desde 2003, se sucedieron aumentos de las retenciones a las exportaciones, prohibiciones a las ventas de carnes, trigo y maíz al exterior, cuotas de exportación y precios máximos. En 2008, todas estas expresiones sumaron nuevos ingredientes, que alcanzaron su máximo nivel en la resolución 125 del 11 de marzo, que introdujo retenciones móviles de una cuantía desconocida en nuestro país y en el mundo a las exportaciones de soja, girasol, trigo, maíz y sus principales elaboraciones.

Una formidable reacción sobrevino desde lo más profundo del interior, consistente en movimientos autoconvocados que salieron a las rutas a manifestar su protesta, sumada a la de las entidades agrarias unidas en la Comisión de Enlace y a la adhesión de los grandes centros urbanos, bajo el clásico sonar de las cacerolas. Cientos de miles de ciudadanos se concentraron en Rosario y en esta capital en apoyo del agro, mostrando su convicción acerca de la importancia de la producción rural para el bienestar colectivo.

Así las cosas, el Poder Ejecutivo se vio obligado a enviar al Congreso un proyecto de ley destinado a ratificar la resolución mencionada, cuyo rechazo parlamentario le infligió la primera gran derrota.

En lugar de asumir la realidad y cambiar la orientación en curso, el Gobierno impulsó con mayor vigor su agresión al campo.

Los episodios de expresión vengativa, evidenciada durante la exposición rural de Palermo, y la negativa a instalar una etapa de diálogo y a adoptar decisiones para estimular la producción indican la continuidad de la animadversión del Gobierno contra el campo. Se trata de vengar la derrota aunque en ello no sólo el campo resulta perdidoso: lo son también las autoridades nacionales y la sociedad toda. Miles de millones de dólares dejaron de ingresar al campo, al tesoro nacional y a la población, desaprovechando las excelsas condiciones de los mercados mundiales que ahora muestran su agotamiento, con caídas de precios del orden del 50 por ciento.

Las últimas medidas anunciadas sobre granos son insuficientes y además discriminatorias, en tanto no incluyen a la soja, cuyos productores son, al parecer, el peor enemigo del Gobierno. La idea de favorecer con una reducción de retenciones el aumento de la futura producción de trigo y maíz no será útil pues se trata de subsectores compuestos por decenas de miles de productores. Una medida tal sólo sería efectiva en mercados concentrados en pocos operadores. Con respecto a la construcción de cinco unidades productivas de engordes a corral para terneros de tambo, desde ya se puede pronosticar su fracaso, por tratarse de animales frágiles que requieren condiciones y cuidados imposibles de suministrar en operaciones masivas. Si algo se puede rescatar del anuncio presidencial, ello es la rebaja parcial de las retenciones a frutas y hortalizas, una medida que debería alcanzar a toda la producción regional.

Por lo expresado, la relación entre el Gobierno y el campo se proyecta para 2009 como un calco de 2008. Los productores y el interior en general se muestran dispuestos a luchar por sus reivindicaciones. Saben que en ello va su suerte, la de sus familias y propiedades. Hay, por cierto, diferencias. La economía mundial y los precios de los alimentos han declinado, mientras que la economía nacional, tras tantos desaciertos, será una carga en lugar de un impulso. Cambiar el rumbo se presenta así como un imperativo.

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