Al enemigo, la ley; a los amigos, la excepcionalidad
Mientras el Gobierno presiona hasta la asfixia a los medios independientes, incumple la ley y beneficia así a los que le responden políticamente
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La preocupación por las agresiones del gobierno nacional contra medios de comunicación y periodistas distrae la atención sobre las contradicciones del relato en el que esa administración fue enredándose con el propósito de expandir aún más su aparato de medios oficiales y oficialistas, y castigar toda disidencia.
La ley de servicios de comunicación audiovisual, ampulosamente denominada "madre de todas las batallas", fue sancionada en octubre de 2009 con el pretexto de promover el pluralismo, la diversidad y la democracia. Hoy, quien más la incumple es el Poder Ejecutivo, que no vacila en declamar que hay que imponer la ley a los medios independientes, pero esquiva, con todo tipo de excepciones y privilegios, las disposiciones legales para los medios que le responden políticamente. Sin embargo, el incumplimiento de la ley por parte del Gobierno no es casual. La ausencia de controles republicanos, con la obstrucción de todos los órganos creados por ley con fines de transparencia y conocimiento público, es un comportamiento generalizado en la actual gestión estatal.
Una ley aplicada selectivamente, con favoritismos a cambio de adhesión y silencio, es lo contrario de la pluralidad y la diversidad. Las ideas de pluralismo, diversidad y democracia que el texto de la norma audiovisual cita como doctrina han sido mancilladas por un gobierno que al pluralismo responde con uniformidad de ideas; a la diversidad, con la descalificación de quienes opinan distinto, y a la democracia, con la denigración de los espacios de control cuando no son dominados por el oficialismo. Así, la contradicción entre sus propias consignas y su arremetida contra los espacios de información independientes resulta evidente.
Con una ampliada dotación de recursos públicos manipulados como propaganda política, el Gobierno extiende su abusivo manejo de la publicidad oficial o de los medios de comunicación del Estado para fustigar a opositores. En las últimas semanas, ha incrementado su hostigamiento en una medida reñida con el Estado de Derecho, cuando ordenó a anunciantes privados no colocar anuncios en los medios que osan ejercer el periodismo y rehúsan servir de voceros oficiales.
El Poder Ejecutivo incumple la ley como operador de medios. Todo el Título VII de la norma referida a servicios de radiodifusión del Estado nacional, que ordena "respetar y promover el pluralismo político, religioso, social, cultural, lingüístico y étnico", es sistemáticamente infringido por el Gobierno. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha reiterado que hasta que no se dirima la constitucionalidad de los dos artículos suspendidos de la ley en la causa judicial que el Grupo Clarín inició en ejercicio pleno de su derecho, a su juicio, el resto de la ley no merece ser cumplida.
Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su fallo del 22 de mayo del año último, amonestó al Gobierno por esta causa al sostener que "la propia autoridad de aplicación no se ha mostrado demasiado apresurada en el proceso de implementación de la normativa en cuestión, ha prorrogado los plazos y suspendido las licitaciones, lo cual contradice en gran medida la afectación que dice sufrir" a causa del planteo cautelar vigente para el Grupo Clarín.
En el mismo fallo, la Corte Suprema recordó que, según el relato oficial, la medida cautelar, "al permitir a su beneficiaria el mantenimiento de la concentración de licencias muy por encima del tope establecido por la ley, retarda y obstaculiza de tal modo el proceso de incorporación de nuevos prestadores, pequeños y medianos, al mercado, que conspira contra sus propósitos de obtener una diversidad de oferta de contenidos, en un marco de libre competencia". Sin embargo, si tales principios hubiesen guiado la acción del Poder Ejecutivo, hace años que podría haber realizado concursos y licitaciones para crear los nuevos medios que promete. Paradójicamente, para el gobierno nacional la ausencia de nuevos medios es responsabilidad de un grupo de comunicación, cuando fue el Poder Ejecutivo el que abrió y anuló una publicitada licitación de 220 licencias de televisión digital, con lo que demostró su incompetencia en la materia.
La incompetencia en la gestión de una ley pensada sólo como excusa para avanzar contra un grupo de comunicación es agravada por la transgresión de las disposiciones referidas a la presencia de fuerzas sociales y políticas distintas al oficialismo en organismos de aplicación y control que el Gobierno vació de jerarquía y competencias, y con el gasto en programas y señales (como las de televisión digital, TDA) que se ejecutan al margen de las exigencias de la ley.
En lugar de honrar el pluralismo y la diversidad, el Gobierno obstruye la declamada transparencia y el acceso público a la información sobre el sistema de medios. Que se sigan blandiendo consignas sin informar mínimamente el resultado del censo hecho hace dos años sobre la cantidad de medios audiovisuales que operan en el país es otra muestra del desprecio que el kirchnerismo tiene por la rendición pública de cuentas.
Frente a este panorama que desmantela toda garantía de imparcialidad en la aplicación de la norma audiovisual, la causa judicial en curso por la inconstitucionalidad de dos artículos que violan la libertad de expresión no puede considerarse aisladamente de la manifiesta discrecionalidad y el apartamiento de la ley que impulsa el propio Gobierno y que coloca a los medios independientes en una alarmante situación de indefensión.
