Ante un posible y cuestionable ascenso del juez Rafecas

En una columna de opinión publicada en LA NACION, Carlos Pagni decía con acierto que en el campo judicial el gradualismo que el Gobierno siguió en materia económica significa impunidad en el plano institucional. La sucesión de episodios injustificables en el fuero federal, criminal y correccional clama por una política de Estado tendiente a fortalecer la independencia, la imparcialidad, el decoro y el prestigio de los jueces.

El Consejo de la Magistratura es una pieza clave para lograr el objetivo de contar con una Justicia a la altura de los desafíos que debe superar la República. Sus integrantes, y los sectores que representa, deberían resguardar la tan imprescindible como sana distancia de los jueces respecto de los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Los jueces federales de Comodoro Py ejercen el control sobre las acciones y omisiones del gobierno central. Ante ellos tramitan investigaciones penales vinculadas con la corrupción estatal, junto con otras en las que se indaga sobre delitos de narcotráfico y terrorismo, solo por mencionar algunos de los más graves.

La velocidad o parsimonia con que los jueces federales tramitan los procesos, su genuflexión o dureza según sea la influencia de las personas investigadas y la imparcialidad o parcialidad con que los casos son tratados midiendo los tiempos políticos han despertado una justificada desconfianza social.

La palabra de la Justicia se ha devaluado al compás de tantas oscilaciones marcadas por las peores razones. Frente a ese estado de cosas, la dirigencia política teme ser juzgada y no encuentra el camino para no ser sometida a una encerrona que desnuda sus propios pecados. ¿Cómo alzar la voz cuando ella misma esconde situaciones inconfesables?

En los últimos años, poco ha cambiado en Comodoro Py. La grieta que en otros aspectos provoca diferencias y disputas políticas no pareciera tener el mismo efecto en materia judicial.

Las recientes noticias sobre el resultado de un concurso sustanciado en el Consejo de la Magistratura que le permitiera a Rafecas ser postulado en una terna para integrar la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal son una muestra de la ausencia de una política de Estado tendiente a fortalecer la independencia de la Justicia Federal.

Para defender la candidatura de Rafecas se invoca que tuvo una muy buena calificación en el concurso y que tiene los conocimientos suficientes como para aspirar a ascender al máximo tribunal de Justicia Penal. El argumento olvida que ser juez no es solamente tener idoneidad técnica. Se necesita además una conducta que garantice la ecuanimidad de las decisiones. Una altura moral que permita tomarlas. En cuanto a ese último aspecto, algunas actuaciones de Rafecas, que son de dominio público, abren serias dudas sobre su imparcialidad como juez federal. Mencionamos solamente tres de ellas que desalentarían cualquier promoción suya a un cargo superior.

La primera es la cuestionable actividad que desarrolló Rafecas en el caso Ciccone. La reciente confirmación de la condena al exvicepresidente de la Nación Amado Boudou revive el papel que allí desempeñó ese magistrado, a principios de 2012. En aquel momento, la causa Ciccone comenzaba a adquirir estado público. En febrero de ese año, en una entrevista radial, Laura Muñoz explicó la maniobra urdida entre su exesposo, Alejandro Paul Vandenbroele, José María Núñez Carmona y Boudou para hacerse de la empresa encargada de fabricar papel moneda.

Se discutía en ese momento la credibilidad de las manifestaciones de Muñoz. Fue entonces cuando Ignacio Danuzzo Iturraspe, abogado de Núñez Carmona, y Rafecas intercambiaron una serie de mensajes de texto que salieron a la luz pública. En ellos, Rafecas se pronunciaba sobre la supuesta nulidad del testimonio de Muñoz. Eran los tiempos del "vamos por todo" en los que el exvicepresidente lograba la renuncia del procurador general de la Nación. Desde su sillón del Senado, Boudou argumentaba que era víctima de los poderes mediáticos.

Luego de algunas medidas de prueba tomadas en la causa Ciccone, el kirchnerismo se enfureció con Rafecas y lo denunció ante el Consejo de la Magistratura. Esa denuncia terminaría eclipsada por las decisiones tomadas por Rafecas en otra causa.

El segundo se vincula con el rápido e inexplicable archivo de la denuncia del fiscal Alberto Nisman por el encubrimiento en la causa por la voladura de la AMIA. Frente al requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita, del 12 de febrero de 2015, Rafecas se tomó muy pocos días para analizarlo. El 26 de ese mismo mes, decidió desestimar la denuncia de Nisman. No obstante la complejidad de esa causa y el cúmulo de la prueba, el juez Rafecas resolvió que no había nada que investigar.

Antes de la desestimación de esa denuncia, la destitución de Rafecas a manos del entonces oficialismo por el caso Ciccone parecía estar cerca. Sin embargo, el 7 de mayo de 2015 el Consejo de la Magistratura cerró la acusación contra el juez por mal desempeño. Abrupta y sospechosamente, la mayoría kirchnerista había cambiado de opinión sobre él. Los rápidos servicios prestados con el archivo de la causa iniciada por Nisman rendían redituables frutos.

El voto preparado por el consejero Mario Cimadevilla era contundente en cuanto a las responsabilidades de Rafecas en el caso Ciccone. Sin embargo, el Consejo concluyó con una frase lacónica: habiendo pasado tres años desde la formulación de la denuncia, sin que la Comisión de Acusación llegara a una conclusión, el caso debía cerrarse. La asociación entre la furia por la actuación en Ciccone y el alivio por la rapidez que le imprimió al cierre del caso por encubrimiento son ineludibles.

El tercero se relaciona con una decisión de la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional, de principios del corriente año, en la que se ordenó a Rafecas que acelerara la investigación que debe llevar adelante contra Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP, y otros funcionarios.

La causa fue iniciada por la AFIP en abril de 2018. En aquel momento, Hugo Alconada Mon describió en este diario el alcance de la denuncia de la AFIP contra Echegaray. En ella se lo acusa de haber dirigido una asociación ilícita vinculada con distintos hechos de corrupción contra el Estado, con la participación de funcionarios y personas afines al kirchnerismo. Los nombres de Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián de Sousa y Boudou se asocian a los hechos investigados.

De la denuncia surgen elementos comunes a las operaciones de lavado de dinero, a la falta de percepción de los millonarios impuestos adeudados por Oil Combustibles y a la escandalosa compra de Ciccone, cuyo patrón común es el desbaratamiento de los controles que hubieran permitido que la AFIP impidiera esos desmanes.

La Cámara exigió a Rafecas que acelerara la investigación luego de advertir que los avances habían sido muy pobres.

Cabe preguntarse entonces qué velocidad le impondrá Rafecas, luego de la orden de la Cámara, a la nueva saga de la causa Ciccone. También corresponde, más allá del trámite de ese proceso, analizar la credibilidad de su accionar luego de haber sido cuestionado severamente en procesos de tanta importancia y con enorme repercusión social.

La falta de firmeza y la evidente tolerancia del Consejo de la Magistratura, del Gobierno y de la oposición son evidentes. Lamentablemente, se encuentra en juego la integridad de uno de los pilares de la República. La debilidad de la Justicia deja en un cono de sombras a todos los poderes del Estado.

El Preámbulo exige afianzar la justicia como destino final del orden constitucional. La condescendencia con jueces que han sido dependientes del poder es el peor camino para el fortalecimiento de nuestra democracia. Es de esperar entonces que, de llegar a proponerse al Poder Ejecutivo una terna integrada por Rafecas, el presidente Macri, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, lejos de elegirlo, resuelva solicitar el proceso para su merecida destitución.