ARA San Juan, a la espera de un fallo basado en hechos verificables
Los jueces tienen en sus manos no solo el destino de los procesados, sino también la posibilidad de cerrar, con una sentencia equilibrada y justa, uno de los capítulos más tristes de nuestra historia reciente
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Los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en noviembre de 2017, perdieron la vida cumpliendo su deber en el control de la soberanía nacional. La tragedia ha sido y sigue siendo invocada en sentidos homenajes, pero aún falta una sentencia judicial definitiva sobre las responsabilidades de lo ocurrido.
Al dolor de los deudos se debe solidaridad y consuelo. Las reparaciones materiales establecidas por las normas vigentes fueron cumplidas por la Armada, aunque -claro está- ya nada reparará la pérdida afectiva.
Por estas horas se reconstruye cómo fueron los momentos previos y posteriores al hundimiento del submarino. Lo hacen los jueces y fiscales designados en el Tribunal Oral Federal Criminal de Río Gallegos, que investiga las responsabilidades de una de las peores tragedias que, como tantas otras en nuestro país, no pudo escapar a la deplorable manipulación política.
El debate judicial, que comenzó el 3 de marzo, busca determinar las responsabilidades penales del contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo; de Claudio Javier Villamide, capitán de navío que ya había sido destituido; del capitán de navío (RE) Héctor Aníbal Alonso, y del capitán de fragata (RE) Hugo Miguel Correa.
A lo largo del tiempo se elaboró una serie de ineficiencias y elusión de responsabilidades de sucesivos ministros de Defensa y de las máximas autoridades de la Armada, que terminaron con siete oficiales procesados en la justicia penal. Se constituyó un Consejo de Guerra para considerar las responsabilidades de la cadena de mandos involucrada. Ese cuerpo recibió críticas no solo por su integración, sino porque debió decidir en tiempo récord sobre un abultado informe técnico de una materia que le era ajena. Además, fue la primera vez en la historia que un Consejo de Guerra de semejante nivel funcionó sin que los acusados hayan pasado antes o tenido la oportunidad de una investigación técnica de la fuerza armada a la que pertenecían.
Submarinistas que conocieron a fondo el funcionamiento de la nave coinciden en que fueron muchos los años en los que los gobiernos que se sucedieron pudieron haber puesto empeño en cuidar las flotas del país
Hace algunas semanas, dos expertos convocados como testigos de la Fiscalía ofrecieron testimonios claramente favorables a los acusados.
La defensa de Villamide, encabezada por el abogado Juan Pablo Vigliero, mantiene una postura firme. Sostiene que el juicio debe apoyarse exclusivamente en hechos verificables y prueba documental, alejándose de especulaciones de cualquier tipo.
Submarinistas que conocen a fondo el funcionamiento del ARA San Juan coinciden en que fueron muchos los años en los que los gobiernos que se sucedieron pudieron haber puesto más empeño en cuidar todas las flotas del país, pero descreen profundamente en que el desencadenante haya sido producto de esa situación. Están convencidos de que la tragedia fue consecuencia de varios sucesos concatenados, insisten con que las investigaciones técnicas posteriores al hundimiento, encargadas a expertos asesores, no arrojaron una causa precisa y que ninguna autoridad de ninguna nave en el mundo autorizaría a zarpar si esta no estuviera en condiciones. Tan absurdo lo creen como que toda una tripulación arriesgase su vida lanzándose al agua sabiendo que iba a morir.
Una condena sin la debida prueba se convertirá en una injusticia añadida a la tragedia
Los jueces del tribunal oral tienen previsto realizar una inspección ocular pasado mañana en el submarino Santa Cruz, en los talleres de Tandanor, en la ciudad de Buenos Aires. Se trata de una nave gemela al ARA San Juan, que no volverá a navegar, pero servirá a los magistrados para comprender mejor el funcionamiento de un submarino, la ubicación de los distintos sectores y demás cuestiones que contribuirán a esclarecerlos aún más antes de emitir el fallo.
La sentencia, que podría dictarse en el segundo semestre de este año, se encamina ahora hacia etapas cruciales en las que el tribunal deberá evaluar si la prueba documental, que sustenta la acusación fiscal, es suficiente para desvirtuar la tesis defensiva de que no existió una acción u omisión directa que causara la implosión.
La defensa del capitán de navío Claudio Villamide, encabezada por el abogado Juan Pablo Vigliero, mantiene una postura firme y acertada. Sostiene que el juicio debe apoyarse exclusivamente en hechos verificables y prueba documental, alejándose de especulaciones de cualquier tipo
La confianza en las instituciones se reconstruye mediante fallos ejemplares que, lejos de buscar chivos expiatorios, logren identificar con la máxima precisión posible las causas que derivaron en el hundimiento. El proceso en Río Gallegos es, por lo tanto, una prueba de fuego para el Poder Judicial, que debe demostrar que es capaz de manejar una causa tan sensible con la debida distancia de las pasiones políticas que han rodeado al caso durante casi nueve años.
Los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez, Enrique Baronetto y Guillermo Quadrini tienen en sus manos no solo el destino de los procesados, sino también la posibilidad de cerrar, con una sentencia equilibrada y justa, uno de los capítulos más tristes de nuestra historia reciente. De lo contrario, una condena sin la debida prueba se convertirá en una injusticia añadida a la tragedia.
Tipo de trabajo:
opinión
