La corrupción como sistema y la cultura de la ilegalidad
Cuando los ciudadanos siguen premiando electoralmente a quienes traicionaron la confianza pública, la degradación nos involucra a todos
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Después de más de cuatro décadas de democracia, mantenemos un logro que nadie debería minimizar, el de elegir a nuestros gobernantes en libertad. Sin embargo, hay un interrogante que muchas veces evitamos respondernos: si la democracia nos dio el derecho de decidir, ¿qué parte de responsabilidad nos corresponde por los resultados de esas decisiones?
Es más fácil pensar que toda la culpa pertenece a la dirigencia. Sin dudas, quienes administran el Estado tienen una responsabilidad infinitamente mayor porque manejan recursos públicos y ejercen el poder, pero esa verdad no alcanza para explicar por qué la corrupción, lejos de convertirse en algo inaceptable y condenable sin más vueltas como bien acaba de recordárnoslo el Papa León XIV durante su reciente visita al país, parece haberse naturalizado en muchos ámbitos y entre demasiadas personas.
En nuestro editorial de anteayer sobre el balance de los dichos papales rescatábamos precisamente que muchos de ellos estuvieron referidos al flagelo de la corrupción. Decíamos que esas referencias no fueron pocas y que estuvieron abordadas con la minuciosidad del pastor que está debidamente afinado sobre los descarríos que afectan a la nacionalidad con persistencia endémica. Paralelamente, nos preguntábamos si alguno de los sinvergüenzas que se alistan para la próxima competencia electoral han tomado nota del sabio y perentorio señalamiento del Santo Padre. Esperemos que sí.
Delia Ferreira Rubio, expresidenta de Transparencia Internacional, hizo no hace mucho una precisa observación sobre esta mala praxis y sobre el acostumbramiento social a soportarla. Los escándalos de corrupción -dijo- pueden ocurrir en cualquier país. Lo que distingue a unos de otros es la reacción de las instituciones y de la sociedad. Allí donde no hay consecuencias, donde la impunidad se vuelve costumbre y los ciudadanos siguen premiando electoralmente a quienes traicionaron la confianza pública, la corrupción deja de ser una excepción para transformarse en un sistema.
La pregunta, entonces, trasciende el quehacer de los políticos para recaer directamente sobre nosotros mismos, sobre qué es lo que hacemos los ciudadanos con lo que nos pasa como sociedad.
¿Por qué la corrupción rara vez determina un voto? ¿Por qué dirigentes condenados, procesados o envueltos en escándalos conservan apoyos sólidos? ¿Por qué existen distritos donde gobiernos que acumulan décadas de pobreza, inseguridad y deterioro institucional continúan renovando su poder elección tras elección? ¿Qué mensaje recibe un dirigente cuando descubre que el costo político de la corrupción es prácticamente inexistente?
El historiador Loris Zanatta sostiene que nuestro país arrastra una cultura en la que los límites entre lo público y lo privado suelen diluirse. El Estado -afirma- deja de percibirse como patrimonio común y pasa a ser visto como un botín que distintos grupos administran en beneficio propio. No se trata solamente de funcionarios corruptos, sino de una lógica social que tolera privilegios, acomodos, excepciones y lealtades personales por encima de la existencia de reglas iguales para todos. Cuando esa cultura se instala -no solo en el ámbito público, sino también en el privado-, la ilegalidad deja de provocar escándalo y empieza a parecer normal.
Una democracia refleja tanto las exigencias como las resignaciones de una sociedad. Los dirigentes surgen de esa sociedad y vuelven a ella para que los legitime
Argumenta también que el poder opera en la Argentina mediante lazos patrimonialistas y corporativistas; mediante pactos entre sindicatos, empresarios y gobiernos que han facilitado que se institucionalice la corrupción. Quizá por eso tantas veces la condenamos en abstracto mientras relativizamos la del dirigente que representa nuestras preferencias políticas. La indignación suele depender menos del hecho que del autor. Se exige ejemplaridad a los adversarios, pero se fomenta la comprensión para los propios, subiendo o bajando la vara moral según el color partidario.
Naturalizar esa contradicción tiene un gigantesco costo. Ningún país construye instituciones sólidas si la honestidad pública deja de ser una condición para gobernar. Tampoco alcanza con cambiar nombres o partidos si los ciudadanos seguimos enviando el mismo mensaje desde las urnas: que la corrupción indigna, pero que, si no se castiga, nada pasará.
No se trata de repartir culpas de manera simétrica entre gobernantes y gobernados. Sería injusto y simplista. Se trata de reconocer que una democracia refleja tanto las exigencias como las resignaciones de una sociedad. Los dirigentes surgen de esa sociedad y vuelven a ella para que los legitime.
Quizá haya llegado el momento de abandonar la peligrosa comodidad de creer que siempre somos víctimas de decisiones ajenas. Si durante más de cuarenta años la corrupción convivió con el respaldo electoral, la pregunta incómoda ya no puede dirigirse solamente al poder. También debe enfrentarnos al espejo.
