Persecución judicial a la prensa
La Corte Suprema continúa siendo el último dique de contención contra rémoras de un pasado autoritario al que muchos se aferran
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LA NACION
La libertad de expresión se encuentra consagrada en la Constitución Nacional y en diferentes tratados internacionales sobre Derechos Humanos, pero ese reconocimiento jurídico serviría de poco si los funcionarios pudieran transgredir con impunidad esos preceptos, amparados en una Justicia a su medida.
Uno de los cambios que experimentó la República Argentina con el regreso de la democracia fue la posibilidad de que el periodismo y la ciudadanía pudieran recurrir a los tribunales y obtener una protección concreta y real frente a los ataques a la libertad de expresión.
El principal artífice de ese avance fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En sus distintas integraciones desde 1983 consagró diversas reglas indispensables para el adecuado ejercicio del periodismo. Ese fue el caso de las doctrinas del reporte fiel en su versión argentina (causa “Campillay”) y de la “real malicia” (causa “Patitó c/ La Nación”). Otro tanto ocurrió con el reconocimiento de inmunidad a las opiniones críticas sobre temas de interés público (causa “Brugo c/ Lanata”) y la obligación de los gobiernos de distribuir la pauta publicitaria con criterios objetivos y no como forma de premiar o castigar la línea editorial del medio (casos “Editorial Río Negro” y “Editorial Perfil”), por nombrar solo algunos ejemplos.
Los principios reconocidos por la Corte Suprema fueron seguidos por la mayoría de los tribunales de la Nación y son reconocidos por los ciudadanos como estándares básicos para la convivencia democrática. Por ello, cualquier funcionario que ataque abiertamente ese contenido esencial de la libertad de expresión recibe de inmediato el repudio de la opinión pública.
Al no poder sofrenar la tentación de controlar el discurso ajeno, pero tampoco estar dispuestos a pagar el costo de un ataque directo a la prensa, de modo cada vez más frecuente algunos funcionarios recurren a la persecución judicial de periodistas y medios, acusándolos de construir realidades que los incomodan sin percibir que solo las difunde .
Esta forma de presión, que adquiere muy diversas modalidades, presenta una gravedad especial, pues supone atacar las bases de la democracia mediante la utilización de una de las principales herramientas institucionales que el sistema constitucional proporciona a los ciudadanos para la tutela de sus derechos.
Los funcionarios utilizan con relativa frecuencia a los tribunales para combatir al periodismo independiente
Semanas atrás, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires organizó una jornada donde se analizaron distintos casos de periodistas sometidos a situaciones de persecución judicial por ejercer su profesión en términos que no eran del agrado de las autoridades estatales. Al colocar en su conjunto a todos esos casos se puede advertir que, lejos de tratarse de problemas aislados, constituyen un modus operandi que se extiende a lo largo del país.
Entre otros se escuchó a Diego Masci, un periodista de San Luis condenado penalmente por la justicia de esa provincia por publicar un video –para ese entonces de amplia circulación en la provincia– en el que la ministra de Educación contaba a diversas personas su experiencia con el consumo de marihuana y alcohol en Amsterdam. Entre los “testigos” en contra del periodista se encontraba el mismísimo gobernador provincial.
También se mencionó el caso reciente de Manuela Calvo, una periodista riojana a quien, por una supuesta “desobediencia a la autoridad”, se le allanó el domicilio y se le secuestraron sus herramientas de trabajo, como su computadora, su grabador y su teléfono, así como todos los registros y archivos de sonido y video que estaban en su poder.
Otras antecedentes recientes analizados fueron los intentos por afectar el secreto de las fuentes periodísticas (caso de Diego Cabot) o de perseguir penalmente a periodistas de investigación por los actos de sus fuentes (caso de Daniel Santoro) o incluso de sancionar las opiniones críticas de los periodistas (demanda de Javier Milei contra cinco periodistas), así como la tolerancia y el silencio de la justicia federal de Formosa ante las trabas impuestas por el gobernador de esa provincia al desempeño de la prensa durante la pandemia (caso de Inés Beato).
Esos ejemplos y muchos otros similares demuestran que los funcionarios recurren con frecuencia a los tribunales para combatir al periodismo independiente. De esa forma, un baluarte de la libertad de expresión puede convertirse en su enemigo más peligroso, por el poder de imponer sanciones sobre la libertad o el patrimonio de las personas. Al mismo tiempo, la perspectiva de afrontar procesos judiciales –con los costos y las incertidumbres que suponen– actúa como un poderoso incentivo a la autocensura, que perjudica gravemente a una ciudadanía ávida de información.
En ese escenario, la Corte Suprema de Justicia, a través de las doctrinas constitucionales elaboradas a lo largo de las últimas cuatro décadas, continúa siendo el último dique de contención contra rémoras de un pasado autoritario al que muchos se aferran. Una modificación radical de su integración con deleznables fines como la que pretende la coalición gobernante debe ser también motivo de preocupación para el periodismo y para toda la sociedad.
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