Barrios carenciados

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15 de julio de 2020  • 00:00

Las mejoras edilicias son necesarias, pero no suficientes; urgen políticas de Estado orientadas a erradicar la marginalidad e imbuir de dignidad a los ciudadanos

En el contexto de la pandemia, a nadie puede extrañar la explosión de contagios en los barrios más carenciados. Las villas de emergencia son espacios postergados que exhortan a los Estados en sus obligaciones y propósitos y a la sociedad, en sus valores. Nuestro país -y América Latina en general- ha pasado a tolerar su existencia y a incorporar dócilmente su figura dentro del paisaje urbano o suburbano. Sus pobladores viven hacinados, con contaminación ambiental, inseguridad, limitaciones en la movilidad y precariedad educativa. Los asentamientos crecen como una muestra obscena de ausencia de regulación, de planificación, de control, pero, sobre todo, de solidaridad.

Constituyen ambientes donde no hay progreso, ni derechos ni obligaciones, propicios para el enquistamiento de males como la violencia y la ilegalidad, que se extienden a todo el tejido social. Cocinas de paco, acopio de drogas, almacenaje y distribución de armas, trata de personas y otras expresiones del crimen organizado conviven y asuelan especialmente a la niñez y a la adolescencia, indefensas y en riesgo permanente.

Nuestras políticas destinadas a combatir la pobreza se muestran ineficaces ante el fenómeno de la marginalidad, que es un hecho diferente y que ha crecido cobijado tras muros que hemos convertido -inexplicablemente- en infranqueables y que demandan un abordaje con nuevas herramientas y políticas idóneas para su erradicación. La Argentina debería encarar en ese ámbito el mayor rescate social de toda su historia, poniendo en marcha un programa de educación y promoción social que instale una cultura de solidaridad eficiente.

En pocos lugares se invierte más ineficientemente que en los barrios carenciados. Acciones y recursos nacionales, provinciales, municipales y privados se superponen sin obedecer a un plan estratégico integral, con diferentes metodologías y objetivos y sin un seguimiento de resultados.

La planificación de cualquier programa debe quedar en manos de las instituciones que actúan en favor del desarrollo humano en cada uno de los asentamientos. Tomar de ellas y de su población las observaciones y recomendaciones necesarias y asegurar no solo su respaldo, sino también su participación activa es clave. En su diseño y manejo debería recogerse la amplia experiencia de la Iglesia Católica y de otras confesiones que allí actúan alentando la solidaridad como motor también del progreso.

Mientras el BID y el Banco Mundial cuentan con fondos específicos para atacar esta problemática, nuestro Estado destina millonarios recursos a organizaciones sociales de claro perfil político que exigen a sus asistidos la presencia en protestas y manifestaciones. No se trata de marginarlas de la solución, sino de integrarlas en un programa diseñado profesionalmente, con una metodología que proponga etapas evaluables y objetivos alejados de cualquier intencionalidad ideológica o político-partidaria.

Las mejoras edilicias y las obras son necesarias, pero no suficientes para erradicar la marginalidad e imbuir de dignidad a los ciudadanos.

Cualquier programa debería tener como objetivo fundacional la constitución del barrio carenciado en un enorme espacio educativo, con áreas de capacitación y atención para los distintos estamentos de la población, y retomar el sano fomento de una cultura del trabajo no solo desde la escuela, sino también desde las empresas, a las que debería convocarse para formar parte de tamaña gesta transformadora. Todos los servicios públicos que allí funcionan deberían ir integrando progresivamente personal joven que viva en el asentamiento, proveedor prioritario del recurso humano de cada nueva actividad.

Cuesta entender que, de espaldas a una realidad tan dolorosa como la de tantos enclaves carenciados, creamos que la salida está en seguir construyendo barreras que nos separan pretendiendo protegernos. Todos los seres humanos tenemos derecho a llevar una vida digna y debería ser un compromiso de todos y una demanda ciudadana al poder de turno que se trabaje en esa dirección. Más aún cuando los tremendos pronósticos pospandemia llevan a muchos expertos a pronosticar siderales aumentos de inequidad y pobreza.

No podemos concebir ninguna forma de progreso que no convoque y alcance a todos, ni aceptar que quienes conducen los destinos del país prioricen sus propios intereses desconociendo el clamor de una sociedad que, ante los dolorosos efectos de una pandemia que golpea más a los más humildes, demanda más que nunca cambios que devuelvan la dignidad perdida a tantos ciudadanos.

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