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Bukele, populismo autoritario
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LA NACION
Desde su elección en 2019 como presidente de El Salvador, Nayib Bukele ha empezado un típico proceso de retroceso democrático, concentrando el poder político, manipulando las instituciones y la rama judicial a su antojo para garantizar el ejercicio de poder sin contrapesos.
La mayor evidencia se reveló en mayo de 2021, cuando usó su mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa para destituir a los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La nueva Sala desmanteló la prohibición constitucional sobre la reelección presidencial inmediata, permitiendo a Bukele buscar otro mandato.
En los primeros días de 2023, el Tribunal Supremo Electoral anunció que redactará un instructivo sobre los pasos que deberá seguir el actual mandatario en su propósito de repetir en la presidencia salvadoreña. La posibilidad de que aspire a la reelección parece más cercana y divide opiniones entre quienes lo consideran una violación de la Constitución y aquellos que lo apoyan.
Populista y autoritario, Bukele va camino a convertirse en otro presidente que recurre a métodos contrarios a la Constitución para aferrarse al poder. No obstante, ha reunido en torno a su persona una increíble popularidad debido a su aparentemente efectiva lucha contra las pandillas. Según encuestas recientes, tiene el 94,9% de aprobación en su país, el más alto de los presidentes del continente.
Para llevar a cabo su política de seguridad consiguió que la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobara por décima vez la prórroga del estado de excepción, decretado en marzo de 2022 por 30 días y que ya completa diez meses. Amparado en esa figura, ha desarrollado su plan de persecución de las pandillas criminales conocidas como maras, la mayor fuente de violencia en el país durante décadas.
A través del Plan de Control Territorial y con la declaración de un estado de excepción, Bukele ha capturado a más de 60.000 personas señaladas como pandilleros, militarizado pueblos y regiones, e instaurado políticas penitenciarias que violan derechos humanos elementales.
Ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas han sido documentadas por organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales que denuncian la actitud autoritaria de Bukele, quien, además, tiene una importante controversia con la Justicia y con los controles constitucionales sobre la figura presidencial.
Para recluir a “los pandilleros de mayor riesgo” el presidente salvadoreño ordenó construir el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la cárcel más grande de Latinoamérica, que puede albergar a 40.000 reos, lo que supone, por sí sola, una mayor capacidad carcelaria que la de los otros 20 centros penales del país (30.000 presos en total).
El éxito salvadoreño en el desmantelamiento de las pandillas es innegable, igual que el hecho de que ha venido de la mano de una centralización casi absoluta del poder en manos de Bukele y del sacrificio del Estado de Derecho. Ante la perspectiva de optar por un demócrata que no controla a los criminales y un autoritario que los enfrenta, la mayoría ha optado por el segundo, como ya ha ocurrido muchas veces en la historia.
