Caso AMIA: la indagatoria que lleva a Brasil
Tras casi 30 años del atentado en nuestro país, será juzgado en el exterior el primer acusado de haber participado en el brutal ataque a la mutual judía
5 minutos de lectura'
LA NACION
Hay causas que desvelan a los argentinos y cuya eventual resolución se extiende largamente en el tiempo. En 2023, en el contexto de la investigación que busca determinar la autoría material del homicidio del fiscal Alberto Nisman, a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, se profundizó una nueva línea de investigación. A través del testimonio de unos 70 espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se pudo confirmar que había tareas por aquel entonces que realizaban personas externas a la AFI, incluso delegándolas en el Ejército, en cabeza de César Milani.
Mientras el mundo sufre el flagelo terrorista, en Brasil se juzgará al ciudadano libanés, naturalizado brasileño en 1987, Farouk Abdul Hay Omairi, imputado de colaborar con Hezbollah en los actos preparatorios del atentado a la sede de la AMIA, el 18 de julio de 1994. No se lo acusa como partícipe dado el tiempo transcurrido, pues no rige allí la imprescriptibilidad para delitos de lesa humanidad.
Informes de inteligencia y declaraciones de testigos de identidad protegida permitieron confirmar que el referido Omairi, Abdallah Salman, conocido como José “El Reda”, y Mohammad Youssef Abdallah colaboraban entre sí como miembros activos de la organización terrorista en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y la Argentina.
De los mismos elementos probatorios surgió que Omairi estuvo en contacto con la embajada de la República Islámica de Irán, así como con otras instituciones allegadas, incluida también la mezquita At Tauhid, del barrio de Floresta, centro de actividades de Mohsén Rabbani, lo que, según otro dictamen del fiscal Alberto Nisman, acreditaría la conexión entre ellos. Omairi era titular de la agencia turística y de cambio Piloto de Foz de Iguazú, abierta con fondos de Hezbollah y considerada pantalla de la organización terrorista libanesa, que proveía documentación para acreditar falsas identidades, y podía enviar remesas de dinero y facilitar los desplazamientos.
En fecha cercana al atentado, desde la agencia o desde su celular, Omairi intercambió comunicaciones con quienes se acreditó que actuaron en la preparación del atentado. La triangulación de llamados vincula sus teléfonos con los de André Marques, la Husseinia “Iman Al Khomeini” de Foz de Iguazú, un teléfono de Beirut atribuido al guía espiritual de Hezbollah, sheik Muhammad Hussein Fadlallah, Hassan El Hadi. En esos aparatos se recibían llamados de teléfonos públicos de Buenos Aires ubicados en cercanías de la AMIA o del estacionamiento donde se dejó dos días antes del ataque la camioneta finalmente utilizada. Un dato más que significativo es que el teléfono de Marques, que comenzó a operar a principio de julio de 1994, recibió su última llamada desde el Aeroparque pocas horas antes del atentado.
Existen datos de servicios de inteligencia que indican que el libanés nacionalizado brasileño, que ya fue preso por esta causa en 2007, fue uno de los que recibieron en la triple frontera al grupo operativo que perpetró el brutal ataque, le brindó apoyo logístico y colaboró con su ilegal ingreso a nuestro país.
La captura internacional de Omairi se produjo a partir de una circular roja de Interpol a pedido del fiscal Sebastián Basso y librada por el juez federal Daniel Rafecas recientemente, a pesar de que fue solicitada por la querella en 2003. El pedido de detención incluyó a otros tres libaneses, dos de ellos refugiados en el Líbano –Hussein Mounir Mouzannar y Abdallah Salman Alí– y Hussein Abdallah, ya fallecido. Se suman a los siete prófugos, algunos de ellos funcionarios iraníes, refugiados en sus países sin que puedan ser capturados, pues no hay tratados de cooperación internacional ni con el Líbano ni con Irán.
Omairi no podrá ser juzgado en Buenos Aires dado que la Constitución de Brasil impide la extradición de connacionales o naturalizados con anterioridad a los hechos considerados. Con la remisión de todos los elementos probatorios y el encuadre legal del hecho por el cual el acusado fue llamado a indagatoria, el tratado de extradición entre la Argentina y Brasil de 1967 permite realizar el juicio en Brasil.
El 11 noviembre pasado, en la reunión de los entonces ministros de Justicia de ambos países, Flavio Dino y Martín Soria, en la Cumbre de Ministros de Justicia del Mercosur, como parte de la cooperación jurídica internacional en lo penal, hubo reciprocidad en llevar adelante este proceso. Pocos días después, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó en favor de implementar el enjuiciamiento de Omairi conforme a lo establecido en el tratado de extradición.
Esta posibilidad de juicio tomó impulso definitivo con el pedido formal de las anteriores autoridades del Ministerio de Justicia argentino, el 23 de noviembre, a partir de la interacción de los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores, la Justicia y la fiscalía, que deberán preparar todos los elementos legalmente requeridos y sus traducciones, a la mayor brevedad posible, para su remisión a la Justicia de Brasil, que estudiará el caso y realizará lo que por derecho corresponda.
En definitiva, el primer acusado de haber participado en forma directa con una actividad necesaria para concretar en nuestro país el mayor atentado en la historia de América Latina, con un saldo de 85 muertos –86 si se suma la muerte del fiscal Nisman– y más de 300 heridos, será finalmente juzgado como colaborador tres décadas después.
LA NACION
Tipo de trabajo:
opinión
