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Catamarca, otrora cuna de libertad
Una provincia históricamente libre y soberana está sometida desde hace décadas a gobiernos oligárquicos, al servicio de familias gobernantes
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LA NACION
El 9 de julio de 1853 debía jurarse en las plazas de la República la Constitución aprobada en la Convención de Santa Fe que sentaba las bases jurídicas de nuestro Estado. La cláusula que establecía la libertad de cultos en el territorio nacional había motivado el retiro de los diputados por Jujuy y había merecido el rechazo de otros convencionales, como Fray Manuel Pérez, de Tucumán, y Fray Pedro Centeno, de Catamarca, al punto de que se temía el rechazo de la Constitución por parte de las provincias del noroeste. El superior de los franciscanos encomendó a un joven fraile el sermón de ese día, en la confianza de que predicaría contra el pacto de convivencia de los argentinos aprobado en Santa Fe por los diputados de 13 de las 14 provincias entonces representadas, dada la secesión de Buenos Aires.
Tras aquel histórico sermón ante un auditorio encabezado por el gobernador, el joven Fray Mamerto Esquiú, nacido en esa provincia andina del norte argentino, se convirtió en uno de los clérigos más destacados de nuestra historia. Su elocuencia suscitó aplausos entusiastas y Urquiza mandó a imprimir sus palabras y a distribuirlas por el país, consagrándolo como el orador de la Constitución.
Lamentablemente, estos antecedentes no han impedido que mucho después, en 1989, se aprobara una reforma constitucional que estableció la reelección indefinida en Catamarca. En los comicios de 1983 había sido elegido gobernador Ramón Saadi. Su padre, presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, es recordado por haber promovido designaciones de personas de escasa idoneidad pero funcionales a los intereses de los gobernadores dentro de la Justicia Federal. En 1987 se produce un enroque: el doctor Vicente Saadi sucede a su hijo en el gobierno de la provincia y este pasa a ocupar una banca de senador por Catamarca.
A la muerte de Vicente Saadi, su hijo Ramón regresa a la gobernación de la provincia hasta la intervención federal del 17 de abril de 1991, motorizada por las reacciones populares ante el crimen de María Soledad Morales. Las redes de complicidades del poder habían quedado al descubierto en provincias donde imperan regímenes oligárquicos al servicio de las familias gobernantes.
Restablecida la autonomía provincial, se extiende por 20 años el predominio del Frente Cívico de Catamarca, agrupación con eje en el radicalismo que sectores del justicialismo enfrentados a Ramón Saadi y otros grupos políticos acompañan. Este agrupamiento logró imponerse en varias oportunidades llevando al gobierno a Arnoldo Castillo en dos ocasiones, sucedido por su hijo Oscar. Gobernó luego por dos períodos el radical Eduardo Brizuela del Moral, derrotado por Lucía Corpacci Saadi, su propia vicegobernadora, cuando aspiraba a un tercer mandato.
Tras dos períodos de la doctora Corpacci, entre 2011 y 2019, asumió Raúl Jalil, exintendente de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y miembro de una familia ligada al rubro de la salud y los medicamentos, entre otros. La exgobernadora es ahora diputada nacional, mientras que la esposa del actual gobernador también ocupa una banca en el Congreso. En Catamarca puede decirse que los Saadi, los Jalil y los Castillo monopolizan la política provincial, copando las magistraturas y las bancas más relevantes.
En Catamarca rige la reelección indefinida y hay una Justicia adicta al poder político
A pesar de su potencial económico, la provincia comparte las características del noroeste en tanto soporta las consecuencias del subdesarrollo, intrínsecamente asociado a sus carencias institucionales, además de aquellas de infraestructura por ausencia de cloacas o de provisión de gas natural, con indicadores de alta mortalidad materno-infantil.
El presupuesto provincial es financiado en un 90% con fondos de la coparticipación federal. Después de Tierra del Fuego, Catamarca es la que más fondos nacionales recibe por habitante: más que cuadruplica lo percibido por habitante en la provincia de Buenos Aires. Según datos del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana de la Fundación Mediterránea (Ieral), en la provincia hay 107 empleados públicos cada 1000 habitantes, lo que equivale a más del doble del promedio nacional (51 cada 1000). Esto es así porque su población, entre 2003 y 2016, aumentó un 14,3%, mientras que el empleo público se incrementó por encima del 78%.
La exgobernadora Corpacci aumentó de tres a cinco los miembros de la Corte provincial y Jalil hizo lo mismo, llevándola a siete, en todos los casos nombrando a integrantes del gobierno.
A diferencia de su vecina Santiago del Estero, la ciudadanía de Catamarca es más decidida a la hora de poner límites al poder. Así lo evidencian los resultados electorales y la composición de la Cámara de Diputados: 21 legisladores oficialistas, 18 de Juntos por el Cambio y dos por el peronismo disidente. En el Senado, con el sistema uninominal, es donde el oficialismo amplía su base con 14 de las 16 bancas. Esto permitió suprimir, en 2020, el Consejo de la Magistratura para reemplazarlo por una comisión asesora creada por decreto que selecciona a los magistrados.
También se derogó así la ley que establecía el reparto de las regalías mineras con los municipios, ahora dependientes de la arbitraria decisión del Ejecutivo provincial.
El antidemocrático sistema de reelección indefinida, sumado a una Justicia adicta al poder político, dificulta que Catamarca salga de su postergación y obliga a sus habitantes al sometimiento o la emigración ante un régimen tan oligárquico como anacrónico.
Así como Fray Mamerto Esquiú pudo expresarse con libertad en su célebre sermón y el pueblo catamarqueño supo poner en evidencia la corrupción del saadismo tras el crimen de María Soledad, es de esperar que la herramienta eficaz del voto permita retomar la senda republicana a una provincia históricamente libre y soberana.
LA NACION
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