Cavilaciones de un gobierno que se refleja en Venezuela

La declaración del canciller Santiago Cafiero para justificar el apoyo de la Argentina al gobierno despótico de Venezuela confirma no solo la persistencia de una peligrosísima ceguera política, sino también el bajo nivel del razonamiento de quien tiene a su cargo nada menos que el manejo de los vínculos de nuestro país con el mundo.

En su encendida defensa de Venezuela, realizada durante una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Cafiero sostuvo que “Colombia, Chile y la Argentina también violan los derechos humanos” y que, por lo tanto, “no nos debemos obsesionar solo con un país”. “Si lo hacemos –dijo– estamos repitiendo el encuadre de la prensa dominante para acusar a dos o tres países”.

Se trata de un razonamiento tan pueril como pernicioso. Por un lado, porque sería como admitir que el delito es menos delito si lo cometen muchos. Por otro, porque pone en el relato de los hechos –relato que compete al periodismo independiente– la responsabilidad por los propios hechos, en este caso, las violaciones de los derechos humanos que el gobierno de Nicolás Maduro viene ejecutando de forma sostenida y con la complicidad de países como el nuestro.

En esa estrategia de defender lo indefendible, nuestro canciller no se priva ni siquiera de manipular declaraciones del presidente de Chile. Es cierto que durante su reciente visita a la Argentina Gabriel Boric afirmó que “enfocarse en las denuncias sobre Venezuela podría servir para ocultar las violaciones de los derechos humanos en otros países”. Pero Boric llegó a esa conclusión tras haber condenado expresamente las aberraciones cometidas en ese sentido por el gobierno de Maduro.

La voz de Cafiero es apenas una en el amplio coro de dirigentes oficialistas que se niegan a condenar la persistencia de los abusos contra las libertades fundamentales de los venezolanos. El presidente Alberto Fernández, quien lleva la batuta en esa orquesta, acaba de decir que hay que ayudar a Venezuela porque “los problemas se disiparon” en ese país. Resulta curioso que un mandatario que nunca admitió tales problemas ahora diga que se están suavizando. No se puede suavizar lo que no existe, debería saber el Presidente. O, acaso, se encuentra forzado a empantanarse verbalmente –una vez más– para seguir en línea con el sector más duro de su coalición, el kirchnerismo, y su cerril defensa de dictaduras como la venezolana, la nicaragüense y la cubana.

En respuesta a aquellos dichos de Fernández, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, opinó: “Afirmar que los problemas en Venezuela están mermando es un grave diagnóstico para los derechos humanos”. También mostró idéntica preocupación Human Rights Watch, entre tantos otros organismos internacionales que vienen denunciando los atropellos del dictador venezolano y ante los cuales el gobierno de Alberto Fernández ha venido jugando a las escondidas para no tener que definirse con todas las letras frente a la anulación de la división de poderes, la persecución de dirigentes opositores, los fraudes electorales y el maltrato y la hambruna a los que somete a la población.

Cabe recordar, además, que tanto Maduro como sus principales lugartenientes están siendo investigados por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, incluidas ejecuciones, torturas, violaciones sexuales, desapariciones y detenciones forzosas.

Desde el punto estrictamente político, Maduro representa hoy el espejo en que querrían verse reflejados muchos dirigentes del oficialismo argentino en conflicto con la Justicia y con las propias leyes, entre ellas, las electorales.

Como hemos comentado recientemente, el presidente venezolano acaba de garantizarse al menos otros 12 años de impunidad, pues la Asamblea Nacional –que le responde– designó un nuevo Tribunal Supremo de Justicia tan chavista como el que dejaba de funcionar. Se trata de un pase libre y automático para que Maduro siga perpetrando fraudes para mantener su poder hegemónico. Cómo no asociar a ese deplorable proceder la nefasta maniobra de la vicepresidenta Cristina Kirchner al dividir su bloque en el Senado para birlarle un puesto a la oposición en el Consejo de la Magistratura, o la estrategia del oficialismo en la Cámara de Diputados para tratar de impedir que se empiece a debatir la ley de boleta única con el fin de transparentar nuestro arcaico y absolutamente vulnerable sistema electoral.

A quienes tienen como modelo el despotismo de Maduro en Venezuela, de Daniel Ortega en Nicaragua o de los Castro en Cuba debe resultarles muy difícil criticar a los déspotas. De allí a que se quiera imponerlos como ejemplos hay un paso muy grande que la comunidad internacional defensora de las libertades y las leyes no debería estar nunca dispuesta a dar.