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Chagas, un mal que precisa urgente atención
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LA NACION
Nueve décadas después de que Salvador Mazza fundara la Misión de Estudios de Patología Regional Argentina (Mepra), enfocada especialmente en detectar los males endémicos del norte del país, la enfermedad de Chagas sigue siendo un problema persistente en la Argentina. Actualmente, en nuestro territorio se estima que vive el 20% de la población mundial infectada por el parásito Trypanosoma cruzi, el equivalente a más de un millón y medio de personas.
Se calcula que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de pacientes con Chagas, y en nuestro país, diariamente, la misma cantidad corre riesgo de infectarse. Las chances de contraer el parásito se intensifican en los niños y niñas, pues ellos pueden contagiarse tanto por vía vectorial como por transmisión materna.
En la Argentina existen ya dos leyes nacionales (la 26.281, de prevención y control de todas las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas, y la 26.279, de pesquisa neonatal) que se suman a obligaciones internacionales contraídas por el país por tratarse de una enfermedad endémica. Sin embargo, estas políticas públicas no logran controlar el problema ni tampoco traducirse en programas eficazmente implementados.
Esta enfermedad es considerada un grave problema de derechos humanos por afectar la integridad y la salud de la población más vulnerable. La presencia de este parásito en el organismo genera complicaciones en el sistema digestivo y en el nervioso, y algunos pacientes pueden desarrollar cardiopatías vinculadas. La mortalidad ronda los 1200 casos anuales.
Como hemos señalado, mediante la ley 26.279 se debería garantizar el control prenatal, hecho que no siempre ocurre, ya sea por falta de seguimiento o por la ausencia de visitas médicas. Esto se revela en los más de 1300 bebés que cada año nacen con la infección, de los cuales menos del 50% cuentan con el diagnóstico y menos aún reciben el tratamiento oportuno que permitiría llegar a una cura, pues la infancia es la etapa en la que más chance hay de dejar atrás la enfermedad. Esta reacción tardía o nula tiene un impacto negativo sobre la vida presente y futura de cada uno de esos menores, además de violarse el derecho de los niños a tener una vida libre de enfermedades.
Por las cualidades específicas del mal de Chagas, llegar temprano a su detección marca la diferencia entre tener controlada y hasta curada la enfermedad o simplemente acompañar de modo paliativo sus efectos. Es por esto que llevar a cabo políticas públicas centradas en la detección precoz y garantizar el tratamiento temprano de la transmisión congénita son dos medidas esenciales que no deben restringirse por ninguna causa. Del mismo modo, en forma paralela es necesario controlar la proliferación de la vinchuca, insecto que funciona como transmisor del parásito.
Resulta alarmante observar cómo se sigue perdiendo la pelea contra esta enfermedad ampliamente descripta, más aún conociendo las medidas concretas que llevarían a minimizar su impacto en la población: rociado químico en todas las zonas de riesgo, la realización de análisis serológicos a embarazadas y niños, la atención oportuna y apropiada de la salud y de la vivienda de las personas afectadas, y el fortalecimiento de la capacitación de los equipos de salud.
Cabe preguntarse qué lleva al Estado a no tener actualizadas las estadísticas, a no haber sistematizado un plan de vigilancia epidemiológica y a no contar con una base de datos única y de registro de la información en las provincias.
Parte de las respuestas llegan al analizar los presupuestos, pues desde 2015 se viene subejecutando uno ya de por sí disminuido, profundizándose la merma en los últimos dos años. La prueba está en que para 2019 se proyectó rociar solo 45.000 viviendas y realizar estudios a 480.000 personas, cuando en años anteriores se triplicaba la cantidad de casas y casi se duplicaba la población alcanzada.
Ya en 2012, y se repitió en 2018, la Auditoría General de Nación alertó sobre las reducciones presupuestarias en actividades del Programa Nacional de Chagas. Incluso, en 2008, desde estas páginas ya se hablaba del hecho de que especialistas de la Organización Panamericana de la Salud calificaban como fuera de control en nuestro territorio esta endemia.
También, como hemos advertido, la industria farmacéutica no ha mostrado suficiente compromiso en pos de desarrollar medicinas preventivas y de cura, e incluso hemos atravesado períodos de falta de drogas. Por todo esto, la prevención y educación son esenciales, junto con los estudios prenatales, responsabilidades que el Estado no puede seguir eludiendo, pues es un derecho de la población acceder a la preservación de su salud.
Es de esperar que se revierta la baja de recursos para cumplir con las obligaciones asumidas, pues sin un Estado presente continuará la propagación de esta enfermedad, que va progresivamente deteriorando la calidad de vida de quienes la padecen y profundizando la falta de atención a un derecho humano fundamental.
LA NACION
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