Chile: los indultos de Boric
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LA NACION
Pasados diez meses del inicio de su gobierno, el presidente chileno, Gabriel Boric, cosecha altísimos índices de desaprobación. Según la última encuesta Plaza Pública, de la empresa de estudios de mercado Cadem, ese rechazo alcanzó el 70%, con una aprobación del 25%, la más baja desde que asumió. Cuatro son las razones que motivan los cuestionamientos a su gestión: la inseguridad, una extendida percepción sobre su falta de experiencia, sus constantes cambios de opinión y una inflación que trepó al 12,8 anual, récord en 30 años.
El Centro de Estudios Públicos (CEP) registró que el 61% de la población chilena desaprueba su gestión, 11 puntos más que hace 6 meses, mientras que Boric se sitúa como el cuarto dirigente político peor valorado. Según ese sondeo, la delincuencia se encuentra al tope de las preocupaciones de los chilenos, por encima de otras cuestiones importantes, como la salud y la educación.
Se entiende entonces la fuerte controversia suscitada tanto dentro del espectro político como en la sociedad chilena en general a raíz de la decisión del presidente de indultar a 13 personas, entre ellas, a Jorge Mateluna, un exmilitante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, condenado por el robo a un banco, y a 12 detenidos por los incidentes registrados durante el estallido social de 2019. Los indultos otorgados días atrás derivaron en la renuncia de la ministra de Justicia y del jefe de Gabinete.
Según Cadem, el 81% de los consultados está en desacuerdo con el indulto a Mateluna, y un 72% se opone al de los apresados.
La polémica desatada ha deteriorado el clima político en el Congreso, y entre los partidos y el gobierno. Además, ha resquebrajado las relaciones entre las dos coaliciones de gobierno: el Socialismo Democrático y Apruebo la Dignidad. Si bien se ha evitado ahondar en una crisis política mayor provocada por la decisión presidencial y sus posteriores declaraciones, las diferencias de posturas han sido evidentes.
La oposición insiste en impugnar los indultos y ha decidido dejar de negociar con el oficialismo un acuerdo de seguridad, muy esperado por la población, que incluía temas como el narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado, y un pedido de reforma constitucional para eliminar la facultad del perdón presidencial.
La crisis actual introdujo más divisiones en el oficialismo sobre cómo enfrentar los comicios del 7 de mayo próximo, cuando se elegirán los 50 integrantes del Consejo Constituyente, redactores de un nuevo proyecto de ley fundamental.
Es de esperar que la cuestionada decisión presidencial del indulto no obstruya los esperados acuerdos y consensos entre la dirigencia política de todos los partidos, que tanto reclama la sociedad chilena.
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