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MADRID.- El debate público en el Reino Unido sufre una polarización visceral hasta el punto de que una necesidad tan obvia como la de controlar la actividad de los menores online puede derivar en una nueva guerra cultural. Pero los primeros resultados de la implantación de la llamada ley de seguridad online son alentadores. El 25 de julio entró en vigor un protocolo de verificación de edad para evitar que niños o adolescentes accedan a material como la pornografía y contenidos sobre suicidio, autolesiones o trastornos alimenticios. El efecto ha sido un descenso de visitas próximo al 50% en páginas como Pornhub o XVideos.
Los mayores críticos de este tipo de controles esgrimen el derecho a la privacidad. España es uno de los países europeos pioneros en hacer compatibles estas iniciativas con la privacidad con un certificado digital emitido por el Gobierno, aún en desarrollo. El proyecto ha sido caricaturizado por sus detractores, pero con todos sus problemas es un paso en la buena dirección. El dato de Reino Unido es revelador: si se prohíbe el acceso de menores al porno, el tráfico cae a la mitad. La implicación de las autoridades en la actividad online puede ser más o menos torpe, pero si algo queda probado es que es necesaria.
Existen críticas fundadas que se deben atender. Entre las consecuencias no deseadas de controlar el acceso al porno abierto está la proliferación de más páginas furtivas en la llamada red oscura, difíciles de monitorizar y con contenidos aún más agresivos. Otro de los datos reveladores de Reino Unido es que se ha detectado un incremento importante de las descargas de VPN, aplicaciones que ocultan la localización geográfica del usuario y sortean de ese modo las restricciones.
Muchos de los que han dejado de visitar esas páginas o que han descargados una VPN no son necesariamente menores. Pueden ser adultos recelosos de aportar datos privados como su tarjeta bancaria o su identificación a una página porno. Las promesas de rigor en el manejo de estos datos por parte de los proveedores son todavía demasiado vagas y requieren un cierto acto de fe por parte de los usuarios. Los gobiernos deberán ser más exigentes con estos proveedores. Pero la alternativa de no hacer nada es que cualquier menor pueda acceder solo con darle a un botón donde le preguntan si es mayor de 18.
Cualquier intento de control legal de un mundo tan escurridizo tendrá avances y retrocesos y será siempre un ensayo en perpetua corrección, pero iniciativas como la británica o la española van en la buena dirección. Las críticas no pueden frenar una respuesta necesaria. No es solo una cuestión de proteger su inocencia. Se trata de evitar el impacto constante a través del teléfono de estereotipos sexuales machistas o incluso violentos, así como contenido dañino para la autoestima, en un momento formativo crucial de los futuros adultos.
