Corrupción versus paz
El Nacional/Venezuela
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LA NACION
CARACAS.- El Índice de Percepción de la Corrupción que acaba de publicar la organización no gubernamental Transparencia Internacional constata lo que es moneda corriente en Venezuela y lo que también se conoce ―o se percibe― fuera de sus fronteras, aunque haya países y líderes que prefieran mirar para otra parte. Una constatación para nada sorprendente: estamos entre los cuatro países más corruptos del mundo. El peor de las Américas, incluso por debajo de Haití y Nicaragua.
Una constatación absolutamente dramática porque, como apunta con pertinencia Transparencia Internacional, «la corrupción socava la capacidad de los gobiernos para proteger a las personas, erosiona la confianza pública y provoca más amenazas a la seguridad que, a su vez, son más difíciles de controlar». Una descripción en pocas palabras de Venezuela: un país de ciudadanos indefensos, con la más escasa confianza en sus autoridades e instituciones y con grupos poblacionales y, sus entornos, sometidos a la inseguridad más desoladora.
El Índice de Percepción de la Corrupción clasifica 180 países y territorios de todo el mundo según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, con una puntuación en una escala de 100 (muy limpio) a 0 (muy corrupto). Venezuela ocupa el lugar 177 (14 puntos). En el top de la lista están Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suecia, Suiza y Países Bajos (todos con más de 80 puntos).
En las Américas, el ranking de 22 países lo encabezan Canadá y Uruguay (74 puntos). El promedio es de 43 puntos. Venezuela, en la cola, está tres veces por debajo del promedio. Lo común en nuestros países de América Latina, con contadísimas excepciones, son los ataques a la libertad de expresión, prensa y asociación que “son derechos civiles y políticos fundamentales para construir democracias sanas y libres de corrupción”.
Transparencia Internacional subraya que la falta de acciones audaces y decisivas para combatir la corrupción y fortalecer instituciones públicas alimenta las actividades delictivas organizadas, socavando la democracia y los derechos humanos y amenaza los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto debe sonar por los lados de Miraflores a fake news.
Un dato de 2021 indica que 21% del PIB venezolano proviene de los negocios ilegales. Grupos criminales que ejercen un amplio control sobre las operaciones de extracción de oro en el sur del país, y extorsionan y sobornan a comandantes militares para mantener sus actividades al margen de la ley. Esos grupos violan los derechos humanos, cometen desapariciones forzosas, asesinan líderes indígenas y provocan el desplazamiento de sus comunidades, y causan contaminación y otros delitos ambientales graves.
Denunciar esos grupos se paga con la cárcel o con la vida. Porque como lo constata Transparencia Internacional, y lo viven los venezolanos, el sistema de justicia no es independiente. Ni juzga, ni sanciona, ni hace posible la paz.
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