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Crisis electoral en Guatemala
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LA NACION
En un nuevo capítulo de la pulseada que están teniendo desde hace meses la Fiscalía General y el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, el Ministerio Público del país centroamericano comunicó que los comicios en los que fue elegido el líder del Movimiento Semilla no son válidos por supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Arévalo, que hasta la primera vuelta no aparecía en ninguna encuesta, ganó los comicios del 20 de agosto de manera contundente frente a la considerada representante del establishment, la exprimera dama Sandra Torres. El sociólogo, uno de los fundadores del Movimiento Semilla, venció en las elecciones con un firme mensaje de lucha contra las élites tradicionales y la corrupción que corroe el sistema en Guatemala.
Al respecto, el cuestionado fiscal Rafael Curruchiche propuso que las elecciones debían ser declaradas nulas de pleno derecho por anomalías en las actas, en un nuevo intento por entorpecer la llegada al poder del presidente electo, prevista para el 14 de enero. Por su parte, la fiscal Leonor Morales explicó que las actas electorales utilizadas en los comicios no habían sido autorizadas inicialmente por el TSE por lo que las elecciones debían quedar anuladas.
Estas declaraciones provocaron una rápida condena de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que criticó lo que consideró un “intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público de Guatemala”. Recientemente su Consejo Permanente aprobó una tercera resolución sobre la crisis en Guatemala que profundiza el uso de la Carta Democrática Interamericana por la cual solicita a Guatemala que permita una visita de buenos oficios a cargo del presidente del Consejo Permanente, Ronald Sanders, y del secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Los países del Mercosur pidieron a las autoridades de Guatemala que adopten todas las medidas necesarias para asegurar la investidura del presidente electo, Arévalo. También la Unión Europea (UE) condenó inequívocamente los intentos de anular los resultados de las elecciones generales y presidenciales en Guatemala, basándose en falsas acusaciones de fraude.
En idéntico sentido se pronunciaron el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, quien condenó lo que consideró un golpe de Estado en Guatemala. Por su parte, los Estados Unidos advirtieron sobre la posibilidad de imponer sanciones y aplicar otras herramientas sobre Guatemala de no respetarse el orden democrático y garantizarse el traspaso de mando en enero, con la asunción de Arévalo.
La cúpula del Ministerio Público guatemalteco, sancionada por Estados Unidos bajo acusaciones de corrupción, ha intentado revertir el triunfo en los últimos comicios nacionales pese a que la ley no le permite inmiscuirse en los resultados electorales. El último intento fue la presentación de resultados de una investigación contra el Movimiento Semilla por presunto delito de lavado de dinero y ha insistido en la retirada de inmunidad del presidente electo. Arévalo señaló que la falta de fundamento de los argumentos y sus mediocres presentaciones no eran más que una “muestra de desesperación” a la que han tenido que hacer frente desde que empezó “la persecución política contra el binomio presidencial legítimamente elegido por el pueblo de Guatemala”.
La decisión de la Fiscalía General de querer invalidar el resultado de las elecciones constituye un evidente intento de socavar la voluntad del pueblo de Guatemala y su derecho a elegir. Es de esperar que la presión internacional y la de la sociedad guatemalteca impongan el respeto a la institucionalidad y a la voluntad soberana de una ciudadanía que solo exige se respeten las reglas de la democracia.
LA NACION
Tipo de trabajo:opinión
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