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La Comisión Episcopal de Pastoral Social (Cepas) junto a organizaciones civiles, impulsan una petición para que el Senado de la Nación apruebe de una buena vez un trascendente proyecto que lleva meses de espera. La salud mental y la economía de miles de familias han quedado a merced de la epidemia de ludopatía que se yergue silenciosa ante la desaprensiva mirada de nuestros legisladores y que continúa cobrándose víctimas. En la plataforma Change.org se recogen firmas para exigirle a la Cámara alta el urgente tratamiento y aprobación del proyecto antes del 30 del corriente mes, cuando perderá estado parlamentario con el fin de las sesiones ordinarias, obligando a dar comienzo nuevamente al trámite.
En noviembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó la regulación de las apuestas online y dispuso la prohibición de su publicidad, lineamientos principales de un proyecto que englobó a unas 20 iniciativas y que implicó dos meses de debate legislativo. Pero desde entonces los millonarios intereses en juego en el país – un volumen económico calculado en 1.720 millones de dólares para 2026 -han logrado frenar su sanción en el Senado. Los libertarios Ivanna Arrascaeta, Nadia Márquez y Gonzalo Guzmán Coraita, quienes presiden las comisiones de Salud, de Legislación General, y Justicia y de Asuntos Penales, respectivamente, son quienes debían convocar el plenario. En septiembre pasado ya se había aprobado una moción de preferencia para tratar el tema. El Gobierno apuesta a que la ley quede archivada a fin de mes; sabido es que los Estados suelen ser beneficiarios del negocio y que el producido también financia a sectores de la política.
Las cifras que abonan la urgencia son estremecedoras. El Observatorio de la Cruz Roja Argentina reporta que 6 de cada 10 adolescentes tienen vínculo directo o indirecto con las apuestas en línea, 1 de cada 8 chicos apostadores está endeudado y el 80% de los jóvenes cree que los controles que buscan impedirles el ingreso a las plataformas no funcionan. Según Kids Online Argentina el 24% de los adolescentes de 12 a 17 años ya apostó dinero en línea alguna vez. Entre los de 9 a 17 años, más del 60% conoce a alguien que apostó dinero online. Y tres de cada cuatro adolescentes escucharon hablar de apuestas online a través de anuncios publicitarios en eventos deportivos, redes sociales e internet.
En el universo adulto, un relevamiento de la UCA reportó que el 46% apostó en línea durante el último año y que 1 de cada 5 está en riesgo moderado o alto. Tal como sintetiza el eslogan de la campaña del Consejo Publicitario Argentino (CPA), “Parece un juego, pero es una trampa” que se aprovecha de todas las vulnerabilidades de más de una generación, disfrazando de entretenimiento lo que es indiscutiblemente un consumo problemático, como la adicción a la cocaína o al alcohol.
Además de proponer impedir la promoción de casas de apuestas en radio, televisión y redes sociales, así como en vía pública, eventos culturales e indumentaria deportiva, también limita que influencers puedan publicitar estas actividades y que las empresas patrocinen deportes, todas medidas asimilables a las que rigen para el tabaco, que podrían tener inmediata implementación. El proyecto contempla también controles eficientes sobre la edad de quienes ingresan a plataformas de juego y límites a las tarjetas o billeteras virtuales para apostar, además de impulsar campañas masivas de prevención y concientización y políticas activas de salud mental y asistencia directa en escuelas y centros comunitarios para los adolescentes y las familias.
Desde antes de la llegada de León XIV, la Iglesia venía exigiendo “que los senadores se pongan las pilas y no dejen morir la media sanción” de la norma sobre Prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online. Se trata de 4 millones y medio de apostadores, proyectados en más de 6 millones para 2029. Ojalá que quienes fueron votados para legislar normas que contribuyan al bienestar de las personas dejen de asegurar el éxito de los fuertes lobbies y actúen con la firmeza y la premura que demanda la emergencia. Regular el juego y prevenir la ludopatía son reclamos genuinos que no pueden seguir siendo desoídos cuando la salud mental, la economía familiar y el futuro de muchos está en juego.
