Cuba, deudor incobrable

En momentos de crisis, uno debe apelar al sentido común. Esto significa preservar los ahorros y, en caso de tener deudas por cobrar, procurar hacerlo cuanto antes. En los últimos 35 años, la Argentina ha tenido más épocas de quebranto que de bonanza. Sin embargo, la deuda contraída por Cuba con nuestro país en 1973 ha resultado incobrable hasta ahora. Eran 600 millones de dólares, concedidos por el gobierno peronista de entonces por medio de un convenio de cooperación económica; son ahora, con los intereses acumulados, unos 2300 millones de dólares. Ni el gobierno de los Kirchner ni los anteriores han movido un dedo para exigir el pago.

La concesión de aquel crédito fue anunciada con gran entusiasmo durante una visita a La Habana del entonces ministro de Economía, José Ber Gelbard. Era el afiliado número 525 del Partido Comunista Argentino, mimado del régimen de Fidel Castro y, curiosamente, del gobierno militar que depuso a la viuda de Perón.

Con aquel crédito, la Argentina rompió el bloqueo impuesto a Cuba por los Estados Unidos. Fue destinado a la compra de bienes de origen argentino; algunos de los Peugeot 404 y de los Ford Falcon adquiridos entonces aún circulan en la isla.

Por el acoso de los montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Perón y su sucesora, María Estela Martínez de Perón, tomaron distancia del régimen cubano. La deuda continuó intacta. El régimen militar, instaurado en 1976, no cambió de actitud, pero contrajo con Castro un compromiso. En 1980, en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, el líder de la revolución, y paladín de la izquierda latinoamericana, bloqueó una resolución de los Estados Unidos que denunciaba el drama de los desaparecidos en la Argentina.

Es curioso que el gobierno argentino, en apariencia comprometido con la causa de los derechos humanos, no haya actuado en consecuencia tanto por el cobro de la abultada deuda como por la visa para que Hilda Molina se reúna con sus nietos en la Argentina. Son los únicos temas contenciosos con la isla, a punto de tirar la casa por la ventana por el 50° aniversario de la revolución, el próximo 1° de enero.

El gobierno argentino pareció contentarse con el permiso extendido a la madre de Molina, Hilda Morejón, para viajar a la Argentina, y pareció dejar a su merced a la neurocirujana cubana cuya familia reside en el país. Esto no invalida la buena relación bilateral ni que, en circunstancias dramáticas, la Argentina colabore con la isla: tras la reciente catástrofe provocada por los huracanes Gustav e Ike, un avión de la Fuerza Aérea Argentina llevó una donación de 14 toneladas de alimentos.

Es importante apreciar, empero, que España también tiene una buena relación con Cuba e hizo importantes donaciones tras los huracanes, pero, en febrero último, logró la liberación de siete presos de conciencia. No es el caso de la doctora Molina, jamás acusada de nada, excepto de haberse apartado del régimen de los Castro.

El gobierno argentino, a su vez, tuvo otro gesto de buena voluntad con el régimen de los Castro: la designación de una embajadora política, Juliana Marino, ex diputada por el Frente para la Victoria, tras el relevo de Darío Alessandro, actualmente embajador en Perú.

Nada parece ser suficiente para que Raúl Castro, sucesor de su hermano Fidel, permita que la doctora Molina se reúna con los suyos en Buenos Aires. Menos aún para tratar la controvertida deuda. El primer acreedor de Cuba es Japón: le deben unos 1800 millones de dólares de deuda pública y otros 1000 millones de deuda privada. Por falta de pago, la oficina del seguro de Tokio decidió suspender las exportaciones a La Habana, del orden de los 200 millones de dólares anuales. Esa cifra representa el doble de las ventas a Cuba del segundo acreedor, la Argentina.

De la deuda impaga, no obstante, ningún funcionario argentino habla. Es llamativo, sobre todo por el celo de los Kirchner en mantener bajo control tanto las cuentas públicas como su patrimonio familiar. También es llamativo que tanto el régimen militar como el gobierno de Raúl Alfonsín hayan confiado en la capacidad de pago de Cuba: le concedieron nuevas líneas de crédito a pesar de la deuda impaga.

El régimen cubano amortizó en un comienzo la deuda, pero, tras sucesivas refinanciaciones, fue transferida en los noventa del Banco Central al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). En 2003, en ocasión de una visita a la isla del entonces canciller Rafael Bielsa, el presidente del Banco Central de Cuba, Francisco Soberón, le propuso una fuerte quita y una reestructuración a largo plazo. Hasta el momento, no ha habido respuesta de la Argentina, como si la deuda no fuera importante.

Es irritante, mientras tanto, que el Gobierno, con actitudes intempestivas, como la vana insistencia en el aumento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias o el manotazo a los fondos de las AFJP, demuestre una codicia rayana en la voracidad cuando de los bolsillos argentinos sale el dinero.

Sería más saludable que revise los pasivos externos, como haría cualquiera país serio, y que advierta que, más allá de la deuda de Cuba, su cancelación es importante por la posibilidad de que los bancos argentinos concedan créditos a las empresas pyme que tengan intención de realizar exportaciones a la isla. Por este motivo, un gran potencial de ventas, más allá del trigo, el maíz, los aceites y las harinas, ha quedado en el limbo.

No todo es ideológico ni está atado al bloqueo norteamericano: en 2001, tras un feroz huracán, el gobierno de George W. Bush autorizó la venta a Cuba de alimentos y de medicinas. Las únicas condiciones, aún en vigor, fueron el pago al contado y el traslado en buques norteamericanos. El comandante, aún en funciones, aceptó con gusto. Esos productos, si se solucionara el diferendo por la deuda cubana impaga, podrían ser de origen argentino. Lamentablemente, en el caso de nuestro país, la ideología vuelve a estar por encima de los intereses de la Nación.

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