Deshonra judicial
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Como parte de una causa que en 2017 investigaba a una banda narco, entre otros objetos de valor se produjo el secuestro de 144 monedas de oro. Quedaron en una caja de seguridad en la sucursal San Isidro del Banco Nación, pero el 9 de abril último quien cumplía funciones de secretario penal del juzgado detectó un faltante. El robo, que se estima pudo haber sido hormiga (concretado en pequeñas cantidades y de forma sistemática y sin violencia), habría tenido lugar entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023. Las monedas eran propiedad de Rodolfo Tamborini, uno de los acusados que terminó absuelto por la Justicia.
El entonces fiscal a cargo del expediente –recientemente nombrado titular de la UIF–, Paul Starc, había pedido que se dictara el procesamiento del juez Martín Poderti, hoy miembro del Tribunal Oral en lo Federal (TOF) de Mar del Plata, tras haber dado por acreditado, más allá de toda duda razonable, que fue él quien sustrajo monedas valuadas en unos 200.000 dólares. Obraban en su poder tanto las llaves de la caja de seguridad como la autorización de ingreso a la bóveda y los registros de video lo mostraron en el sector de cajas en 19 oportunidades en tiempos en que se desempeñaba como secretario penal del Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro, función que desarrolló a lo largo de más de una década.
Fue decisión del juez federal de San Martin, Emiliano Canicoba, procesarlo por el delito de malversación de caudales públicos y le trabó un embargo por 190 millones de pesos, además de notificar al Consejo de la Magistratura para activar el proceso de evaluación de juicio político. Sus defensores ya apelaron la decisión y apuntan a fallas en el proceso administrativo, pues sostienen que nunca se inventariaron los efectos contenidos en la caja al momento del cese de funciones del magistrado cuestionado. La palabra la tiene ahora la Cámara Federal de San Martín.
El imputado dijo sentirse shockeado ante la determinación del juez y aseguró que dará batalla frente a una decisión que considera prematura cuando, esgrime, no se instrumentó ninguna de las medidas probatorias que él había solicitado. En la indagatoria del 22 de agosto pasado argumentó desconocer quién podría haber tomado las monedas y trató de justificar sus reiteradas visitas a la caja como “un exceso de celo profesional para resguardar documentación, papeles de trabajo muy sensibles”.
El abogado de Tamborini, el denunciante, expresó su indignación frente a lo ocurrido y señaló que otras investigaciones por hechos idénticos en distintas causas con valores judicialmente secuestrados también tienen a Poderti como protagonista. Hace unos meses se detectó el faltante de 765 dólares secuestrados en 2014 bajo su resguardo como entonces secretario del Juzgado Federal 2 de San Isidro. Otra causa investiga la ausencia de dinero, joyas y relojes.
El magistrado ahora procesado no solo se definió como un funcionario honesto con 31 años de carrera sino que consideró burdo y absurdo que pensaran que hubiera dejado evidencia que lo conectara tan directamente con el robo. Más aún, se preguntó por qué habría dejado otros elementos de incluso mayor valor sin robarlos.
Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura, explicó que es importante que la gente entienda que los delitos penales tramitan en la Justicia mientras que es tarea del órgano que ella integra evaluar la responsabilidad política que puede eventualmente conducir a la remoción de un magistrado procesado.
Pese a los escándalos, Poderti sigue en funciones, cobrando su sueldo todos los meses. Que no haya sido capaz de pedir una licencia mientras la Justicia define su situación es signo inequívoco de su falta de integridad. Nuestro Poder Judicial debe cuidar que el correcto y oportuno funcionamiento del Consejo de la Magistratura permita extirpar sin demoras cualquier elemento que afecte su prestigio, contemplando la suspensión como instancia intermedia. Recuperar la confianza ciudadana exige inexorablemente sanear la Justicia.
Tipo de trabajo:
opinión
