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Drogas que matan y un silencio inexplicable
Es necesario que la Justicia actúe con celeridad frente a los estragos que se ha provocado con el fentanilo mortal
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LA NACION
Hace un año, varias guardias hospitalarias empezaron a reportar algunas muertes inexplicables. Nadie sabía exactamente qué sucedía. Fue el Hospital Italiano de La Plata el que entendió que la causa eran dos bacterias que habían llegado al cuerpo de los fallecidos después de que a todos se les suministrara fentanilo en mal estado, elaborado por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
Era el germen de la tragedia sanitaria argentina más importante de las últimas décadas, claro, después de lo que sucedió con el Covid-19. Hasta ahora se conocen 121 muertes y un número que jamás se sabrá de otros enfermos que vieron cómo su vida se esfumaba sin que nadie se preguntara qué fue lo que realmente pasó.
Pasó el tiempo y por ahora solo se investiga qué pasó con el producto contaminado. De hecho, están detenidos los responsables de la elaboración puertas adentro de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. Los principales imputados son los dueños de esas empresas, los hermanos Ariel y Diego García Furfaro.
Las consecuencias de aquellos delitos contra la salud pública aún son noticia. Por estas horas, los escándalos que se conocen con las ya famosas “Propofest” donde proliferaban drogas anestésicas como el propofol y el fentanilo volvieron a traer aquella tragedia sanitaria al centro de la escena.
La muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar, de 29 años, hallado sin vida el pasado 20 de febrero en su departamento de la calle Juncal al 4600, ya es mucho más que un caso aislado. Estamos frente a una trama que involucra a profesionales de la salud de distintos hospitales porteños. Se trata de un compendio de excesos, traiciones, robos, complicidades y consumo de drogas que deben ser cuidadosamente suminstradas. Un descontrol amenizado con productos que pueden causar la muerte. Y de hecho, lo hicieron.
Cuando se conoció que el fentanilo de HLB Pharma era mortal, la investigación periodística descubrió una telaraña de relaciones políticas cuidadosamente tejida gracias a los miles de millones que generaba el negocio comandado por los García Furfaro.
En el tiempo que pasó desde las primeras muertes hasta que se hicieron los allanamientos que ordenó la Justicia meses después, sin que ningún organismo de control lo registrara, se perdieron -o, mejor dicho, desaparecieron- cinco kilogramos de fentanilo. Para dar magnitud a semejante faltante: según un informe de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, la sustancia es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína, en su uso como analgésico.
El mismo documento da cuenta de que una dosis de 0,2 gramos es suficiente para que una persona muera al consumirlo. Es decir, la capacidad mortal de cinco kilogramos es impactante. Los hermanos García Furfaro dijeron que fueron quemados y destruidos. Pero, en realidad, el destino de semejante cargamento letal es una incógnita.
En el expediente judicial se avanzó sobre el punto principal, que es saber si el fentanilo de HLB Pharma pudo ser causante o no de la muerte inexplicable de 121 argentinos. El cuestionado juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak -hermano del ministro de Salud bonaerense, por lo que debió haberse excusado de seguir interviniendo-, dio por probado en primera instancia que esos laboratorios eran un compendio de la desidia, una verdadera maquinaria criminal disfrazada de industria farmacéutica. Según el juez, esa estructura operó con una “indiferencia deliberada” por la vida humana. Sin embargo, no hay avances importante respecto de otras actividades del laboratorio y mucho menos del destino de aquellos cinco kilos de fentanilo.
El magistrado consideró que los responsables de las plantas productoras de medicamentos permitieron que salieran al mercado miles de unidades con defectos críticos sin que nadie detuviera la producción ni investigara las causas. Así, perforó de manera flagrante el estándar de riesgo permitido y convirtió al laboratorio en una amenaza directa para la vida de los pacientes.
El expediente compiló información espeluznante. “Lamentablemente estamos en una situación terminal, con esta gente que maneja la empresa y con la política de trabajo que tenían era evidente que tarde o temprano esto iba a pasar. La gente que tiene peso en la empresa, gerentes y DT [director técnico] nunca le pusieron un freno”. El párrafo es una captura de pantalla que el juez adjuntó y que fue tomada del teléfono de uno de los procesados, Wilson Daniel Pons.
También quedó de manifiesto cómo los responsables de la producción de los medicamentos mentían a los organismos de control y ocultaban los verdaderos datos. “¿Qué hago, miento en los reportes?“, preguntó una empleada a Pons. ”Me parece que no queda otra que mentir", contestó este último. Semejante diálogo, que está estampado en una imagen que se corresponde a otra captura de pantalla, es parte del expediente. El reporte al que se refería era el propofol, actualmente protagonista de las famosas “Propofests”.
Por ahora, la causa se ha concentrado en los dueños del laboratorio y en los responsables técnicos. Sin embargo, poco se avanzó en la trama de relaciones con políticos argentinos y paraguayos, que tejieron los hermanos García Furfaro y que los llevaron a manejar una verdadera fortuna. Allí seguramente se esconden muchos secretos que podrían explicar no solo las muertes de pacientes, sino también las que ahora vuelven a sacudir a la opinión pública.
LA NACION
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