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Dos entidades vinculadas con la problemática del consumo de drogas han alertado sobre el elevado uso de estupefacientes por menores, cada vez más jóvenes, y por la extensión generalizada en su consumo.
Según la ONG La Plata Solidaria, en los barrios vulnerables de la ciudad de La Plata, dos de cada tres adolescentes tienen vínculo con las drogas. El relevamiento se centró en 70 jóvenes de entre 12 y 16 años de una zona donde la cercanía a los puestos de venta de drogas ilegales aparece como un constante factor de riesgo.
Al carecer de políticas públicas dirigidas a la atención y contención de los adictos, como también insuficientes iniciativas municipales en materia de prevención y detección de la comercialización de drogas, no pocos de estos jóvenes terminan siendo “soldaditos” de los barrios, víctimas del narcomenudeo. Desde la ONG señalan que el consumo se ha incrementado notoriamente y que la edad de los consumidores es cada vez más baja.
Por otra parte, un relevamiento realizado por la Asociación Antidrogas de la República Argentina (Aara) señala que hay un total de seis millones de adictos a diversas drogas, algunos de los cuales presentan conductas violentas, roban e incluso matan para comprarlas.
La prevención y la rehabilitación no solo requieren una decisión política, sino también una coordinación de alto nivel técnico
Al respecto, Claudio Izaguirre, titular de la Aara, manifestó: “Si hablamos de adictos a pastillas y drogas ilegales, son seis millones las personas afectadas. Y con mayor gravedad, entre tres y cuatro millones que están en muchísimo riesgo”.
Según Izaguirre, se trata de personas que no obtienen ningún tipo de atención y que, en su mayoría, por su estado mental, no pueden pedir ayuda, no se presentan a espacios de asistencia y cuando pueden concurrir no encuentran respuesta inmediata.
Cada vez más, el mundo de las drogas está al alcance de los jóvenes. Y muchos son los factores de riesgo que los tornan vulnerables, como la crisis económica o la falta de educación y de información adecuada sobre los efectos de los estupefacientes.
La prevención y la rehabilitación no solo requieren una decisión política, sino también una coordinación de alto nivel técnico que, además de hacer compatibles los programas de las distintas áreas de incumbencia –lo que podría evitar duplicidades en la acción, ineficiente uso de recursos, espacios vacíos en la acción pública–, debería articular las políticas de salud, promoción del deporte, seguridad ciudadana y, por supuesto, educación.
El Estado no debe claudicar en la difícil lucha contra el narcotráfico y los barones de la droga
La cantidad de muertos que provoca, las discapacidades aparejadas, los circuitos de criminalidad conexos, la pérdida de recursos y el fomento de una cultura no sostenible en términos económicos y sociales hacen del consumo de drogas un factor en el que todos, Estado y sociedad civil, desde distintos niveles y con grados de responsabilidad diversos, estamos implicados.
El Estado no puede desfallecer en la creación y la aplicación efectiva de políticas educativas de prevención para las nuevas generaciones y de salud pública para quienes ya están atrapados por la adicción, ni debe claudicar en la difícil lucha contra el narcotráfico y los barones de la droga. No se trata solo de aplicar con rigor los criterios sanitarios, sino también políticas de prevención más efectivas.
Las consecuencias de las adicciones a las drogas deben hacernos recapacitar sobre la necesidad de emprender un esfuerzo conjunto para poner de relieve su gravedad. Todos los actores de la sociedad debemos asumir nuestras responsabilidades con absoluta claridad y firmeza, al igual que el compromiso de estimular los valores que engrandecen al ser humano, no los vicios que lo degradan y dañan.
