El caso Ángeles Rawson
La dura condena dictada por los jueces Ana Dieta de Herrero, Fernando Ramírez y Jorge Gettas se ha convertido en un bálsamo frente a tanto horror
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El 10 de junio de 2013 Ángeles Rawson fue salvajemente cosificada y asesinada.
Su familia, desde esa noche cuando advirtió su ausencia, recurrió a las autoridades y comenzó una búsqueda desesperada para hallar a la niña, quien, dada su habitual conducta, daba cuenta siempre de sus movimientos.
La angustia, con el paso de las horas, iba aumentando y el peor final se hacía inminente. El cuerpo sin vida de Ángeles fue encontrado al día siguiente, por casualidad y curiosidad de un empleado de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), en el circuito de la basura. Presentaba claros signos de haber padecido una feroz golpiza y de estrangulación. Su asesino no sólo había intentado abusar de ella sino que, luego de quitarle la vida, la desechó como una cosa. El espanto se apoderó de todos.
En un primer momento se pensó que podía haber sido víctima de la inseguridad en la vía pública. Las primeras informaciones suministradas a la prensa por los investigadores del caso iban en ese sentido. Sin embargo, las imágenes de una cámara de un edificio distante a unos 20 metros del suyo, encontradas el 12 de junio por los detectives de la Policía Federal, descartó aquella hipótesis y centró la atención en el círculo cercano de la adolescente.
En ese escenario se cometieron dos de las situaciones que agravaron el calvario de la familia de Ángeles: fotos del cuerpo de la niña fueron exhibidas de forma indigna y repugnante por el diario Muy, y se tejieron acusaciones infundadas contra su padrastro, sin dato objetivo ni prueba alguna, sólo por criterios lombrosianos dignos de tiempos inquisitivos que deberían estar desterrados. Fueron inadmisibles faltas de ética periodística, que merecen el más absoluto repudio y que representan un fuerte llamado de atención a la tarea de la prensa, pues no son hechos aislados, sino una constante que obedece al peor sensacionalismo y que provocan una dolorosa violación a la intimidad de las víctimas y sus familias. Como sostuvo el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), la difusión de esas imágenes es "una muestra innecesaria de mal gusto que sólo sirve para alimentar el morbo en un caso de altísima repercusión pública".
La investigación logró identificar al sospechoso real del crimen: el encargado de su edificio, Jorge Néstor Mangeri, quien la conocía desde sus cinco años y era detenido la madrugada del 15 de junio. La prueba científica, genética y médica, como la testimonial reunida con celeridad y certeza por la fiscal y juez actuantes, Paula Asaro y Javier Ríos, pudo reconstruir la verdad histórica ocurrida aquella mañana del 10 de junio de 2013. Sin embargo, a la par de lo que realmente ocurría en el expediente, los abogados defensores del acusado Mangeri recurrieron con obscena frecuencia a ciertos medios de comunicación, como América y C5N, para instalar una versión antojadiza y distorsionada que, lejos de contribuir a informar, generaba confusión y descrédito sobre funcionarios e instituciones con el único afán de figuración y de impunidad de su asistido. Claras conductas alejadas de la ética que debe caracterizar a un abogado que se precie del respeto a la Justicia, a sus colegas, a las partes y a la ley.
Luego de un juicio oral y público extenso, donde se escuchó el testimonio de más de 120 testigos y se pudo conocer la contundencia de la prueba de ADN, de lesiones y de entrecruzamientos de informes, el Tribunal Oral Criminal Nº 9 hizo lugar al pedido de condena que formularon la querella de los padres de Ángeles y los representantes del Ministerio Público Fiscal, Sandro Abraldes y Fernando Fiszer, y condenaron, el 15 de este mes, a Mangeri a la pena de prisión perpetua por el delito de femicidio, en concurso ideal con abuso sexual y homicidio agravado por su comisión criminis causa.
El 24 del mes próximo se conocerán los fundamentos del veredicto dictado. Sin embargo, la palabra de la Justicia ya se pronunció: como se sostuvo desde los albores de la investigación por el abogado de la querella, Pablo Lanusse, el acusado cosificó a la niña, la pretendió utilizar como un objeto para sus más bajos deseos sexuales y, como no pudo ante la valiente defensa de Ángeles de su integridad, la mató y la arrojó a la basura cual cosa.
Desde esta columna editorial queremos destacar la labor de la Justicia, por su celeridad y por su sensible criterio de género. La prevención y la erradicación de este tipo de conductas retrógradas debemos asumirlas todos como sociedad, en aras del respeto a la dignidad humana. Fallos como éste, dictado por los jueces Ana Dieta de Herrero, Fernando Ramírez y Jorge Gettas, se convierten en un bálsamo de esperanza frente a tanto horror, crueldad y dolor.
